Vicente Gonzalo Massot

Empresa: La Nueva Provincia
Cargo: Director
Condena: Procesado

“Hemos insistido, un buen número de veces, en que el gobierno militar registra un único éxito absoluto: la derrota de la guerrilla”, decía un editorial del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, publicado en tapa un 6 de abril de 1981. El director de la publicación, Vicente Massot, fue señalado más de una vez públicamente y también en el marco de las causas de Lesa Humanidad de esa localidad bonaerense como el creador de campañas de “acción psicológica” en favor de la última dictadura. Informes internos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) lo marcaban como un activo colaborador en ese campo de los intereses de las juntas.

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca describió esa colaboración como destinada a presentar públicamente a través del medio los fusilamientos de víctimas como «enfrentamientos» y otras operaciones ideológicas que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de al menos 35 personas en esa localidad que se produjeron antes, durante y después de la última dictadura.

Pero Massot no sólo fue un colaborador en la propaganda. Para los fiscales Miguel Angel Palazzani y Pablo Fermento existen elementos probatorios suficientes para procesarlo por los crímenes de lesa humanidad de los que habría formado parte el diario La Nueva Provincia, y así lo hicieron en septiembre de 2022, en una decisión que podría empezar a poner fin a largos años de impunidad. 

Concretamente, acusaron al empresario periodístico como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, perpetrados entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, tras un conflicto sindical en los talleres de la empresa editora de La Nueva Provincia.  

Según el dictamen de procesamiento, Massot tuvo un rol activo «en el entramado delictivo para el aniquilamiento de opositores políticos, más su comprobada y personal participación en el señalamiento de quienes consideraba integrantes de ‘un soviet enquistado’ en la empresa, y de la entrega de esa información a las autoridades militares». 

Los fiscales aclararon que la imputación “no engendra un reproche penal genérico contra la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, ni aun cuando se tratara de la emisión de discursos de odio. De lo que se trata es de analizar un caso en el que, junto a ese discurso de odio, se verifican una serie de circunstancias que lo subsumen en un delito penal, como es la instigación a cometer genocidio”.