Victoria Basualdo: «El concepto de “responsabilidad” da cuenta de diversas formas y niveles de participación»

La historiadora habla sobre las causas juzgadas y las que esperan su elevación a juicio oral, analiza el legado del proceso de investigación y sentencia: «Hubo diálogo y coordinación entre empresarios y militares».

Historiadora, investigadora del CONICET en integrante del área de Economía y Tecnología de FLACSO, Victoria Basualdo comenzó estudiando la historia del movimiento obrero durante el SXX en Argentina y el propio desarrollo del trabajo la llevó a posar su mirada sobre la Responsabilidad empresaria en las torturas, secuestros y desapariciones. En el marco del lanzamiento de la página «Civiles de la Dictadura» y a 40 años del retorno de la democracia, Basualdo habla sobre las causas más significativas, el papel de los empresarios, los centros de detención clandestina en fábricas y analiza las deudas pendientes en el proceso de enjuiciamiento a los responsables. «El proceso de Memoria, Verdad y Justicia tiene un fuerte vínculo con la investigación», señala.

¿Cuál fue la responsabilidad civil en la dictadura y por qué es tan difícil encontrar los rostros de estos responsables?

Esta semana hubo un foco particular sobre esta temática por la muerte de Carlos Pedro Blaquier, quién como dueño de Ledesma había sido procesado en 2012 pero fallece impune. Y esto muestra las grandes dificultades que hay en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por visualizar las articulaciones con el poder militar. Yo llego a este tema con un interés en el papel del movimiento obrero y el rol de delegados y delegadas sindicales. Al analizar los procesos de organización en grandes fábricas se ve un proceso represivo creciente que no sucede solo en Argentina sino a nivel regional: durante la Guerra Fría hay un proceso de dictaduras en todo Latinoamérica y en Argentina también que comienza con la del 55, sigue con la del 66 y luego llega la del 76. La represión al movimiento obrero tiene un estrecho vínculo con la disputa por mla participación el el ingreso de la clase trabajadora. Desde el 55 el núcleo central es la reconfiguración de ese fifty/fifty, esa participación que había llegado a un nivel de igualación durante los dos gobiernos peronistas y había logrado una capacidad de organización sin precedentes. Es esta investigación la que me lleva a preguntarme por la relación capital/trabajo durante la Guerra Fría y por el papel de los sindicatos en los procesos. Y no hay que mirarlo aisladamente sino en procesos largos y complejos, en una cronología común donde en Latinoamérica las dictaduras sea propusieron reconfigurar una estructura de derechos.

¿Y por qué entonces resulta tan difícil discutir el papel de los sectores empresarios?

En principio fue muy difícil discutir el papel de las Fuerzas Armadas. Muchas veces en Argentina damos por obvias cosas que no lo son, pero cualquiera que tenga edad suficiente para haber transitado la década de los 90, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sabe que durante mucho tiempo pareció que no se iban a poder juzgar las responsabilidades militares tampoco. De hecho el proyecto para la ESMA era una plaza vacía, una demolición total, una mirada de reconciliación. Acá hay un proceso de disputa fenomenal que permite juzgar a los militares. Y también hubo una disputa capital trabajo muy fuerte, y mirar la dictadura solamente en términos políticos te hace desestimar o dejar de lado otras cuestiones centrales que tienen que ver con la participación en el ingreso, los derechos económicos y sociales, que son parte central. Es ahí donde uno ve esa articulación que no siempre es fácil de reconocer y hay que verlo no aislado sino en relación con una estructura de poder.

Juicio Ford

Traías el caso de Blaquier pero en la investigación nos llamaba la atención que incluso a quienes estamos inmersos en el tema muchas veces se nos pasan por alto algunos de los casos más aberrantes. ¿Cuáles dirías que son los casos más groseros en la complicidad con la dictadura?

Me gustaría empezar quizás por el concepto de “complicidad”, que se utilizó durante mucho tiempo pero que creemos que cabe replantear. En el marco del proceso de justicia hubo una acumulación muy importante a lo largo de las décadas en este tema. Gran parte de los aportes se pudieron sistematizar y profundizar durante 2014 y 2015, a partir del trabajo de un grupo de cerca de 20 especialistas de FLACSO, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que analizaron la «Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado», una muestra más de cómo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tiene un fuerte vínculo con la investigación. En ese trabajo, llegamos a la conclusión de que el concepto de complicidad restringía el análisis y no permitía dar cuenta de fenómenos que surgían de las investigaciones, basadas en relevamiento de archivo, diversos tipos de documentación, testimonios y fuentes de prensa y judiciales. Analizamos 25 casos en todo el país donde hay multinacionales como Fiat, Mercedes Benz, Ford, el Grupo Techint o el Grupo Acindar y empresas de diversas actividades económicas y en distintas regiones. El estudio de las prácticas empresariales represivas, y el tipo de aportes a la represión, incluyendo la existencia de CCD en los mismos establecimientos fabriles, implicó que el concepto de complicidad, que remite a una participación secundaria, de acompañamiento de un actor principal, no resultara adecuado para dar cuenta de aportes que implicaron una co-participación en procesos represivos. Por eso se habla de responsabilidad empresarial, un concepto que permite abrir el análisis de diversas formas y niveles de participación, sin restringir de antemano el tipo de involucramiento de empresas y empresarios, abriendo opciones a un arco amplio que no se agota obligatoriamente en la complicidad.

¿Y de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad empresarial?

En este informe, más allá de que se abordaron en forma fragmentaria y complementaria distintos tipos de vínculos y relaciones entre Fuerzas Armadas y sectores empresariales, el foco estuvo puesto en la participación concreta de actores económicos y empresariales en procesos represivos. Y vimos que hubo provisión concreta de recursos logísticos y materiales (camionetas, vehículos de agua, medios de transporte), provisión de información clave que en muchos casos solo la empresa tenía (direcciones, recorridos o momentos en los que ser secuestrados) o incluso fotos, muchos casos las Fuerzas Armadas iban con los legajos que les facilitaba la propia empresa. Otros aportes fueron las listas de quienes debían ser secuestrados y en algunos casos se dio además la presencia y/o participación de funcionarios empresariales en hechos que van desde el secuestro de trabajadores/as y sindicalistas hasta la tortura. Finalmente, y como nivel extremo de gravedad, en 5 de los 25 casos que analizamos en «Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad» hubo centros clandestinos de detención adentro de la fábrica.

El más conocido es el de la automotriz Ford, ¿cuáles fueron los demás?

El caso de Ford fue juzgado y terminó en condenas al responsable militar y a los dos funcionarios empresariales en primera y segunda instancia, nada menos que por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Es un caso que tuvo enorme repercusión internacional. Otro de los casos es la Veloz del Norte, que llegó a condena en 2016, que se anuló en 2017, decisión que fue revertida por la Corte Suprema de Justicia en 2022, por lo cual deberá haber nueva sentencia. Otro es el Ingenio la Fronterita, en Tucumán, que está pendiente la elevación a juicio oral en breve. Después está Acindar, en Villa Constitución, otra de las causas que está esperando juicio oral, sin que el tribunal anuncie fecha, como le están solicitando muy activamente los sobrevivientes y organismos. Y el último de los casos es Astilleros Río Santiago, en Ensenada, una fábrica bajo la autoridad de la Marina que tuvo un proceso represivo extremo durante la dictadura, fue una de las fábricas con más desaparecidos y desaparecidas del país y una estructura represiva feroz. Estos son los 5 casos que identificamos en el informe en los que hubo CCD dentro de los espacios empresariales, pero siguen habiendo testimonios que llaman a investigar otros. Estas formas de participación en la represión fueron de involucramiento directo en la represión, hasta niveles extremos.

¿Cómo fue el caso de Ford y por qué esa causa se convirtió en referencia en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia?

El juicio se llevó adelante entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 en un contexto complejo, bajo el gobierno de Macri y mientras intentaban llevar adelante las reformas laboral, impositiva y previsional. Hubo un proceso de confrontación en las calles. El juicio hizo historia: había un trabajo muy grande, parte del equipo de Responsabilidad empresarial trabajó con los abogados y el resto de las querellas y se hizo un trabajo interdisciplinario que permitió entender de otro modo el proceso represivo, las autoridades dentro de la planta. Y pasar a comprender la estructura jerárquica de la empresa y ubicar a los imputados dentro de esa estructura, la manera en que ejercían la autoridad. Y la condena que llegó en 2018 fue como «partícipes necesarios», tanto en el caso del Jefe de Seguridad, Héctor Civila (quien luego pasó a trabajar como Jefe de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos) como en el caso de Pedro Muller, que era Jefe de Manufactura e integrante del directorio y además reemplazaba al presidente cuando estaba de viaje. Fueron condenados a 12 y 10 años respectivamente, en tanto que Santiago Omar Riveros, el responsable militar, fue condenado a 15 años de cárcel. Fue muy significativo, no solo por la condena sino porque es una de las empresas multinacionales más grandes del mundo y fue noticia alrededor del mundo, aunque acá en Argentina tuvo muy limitada circulación.

¿Qué aprendizaje les dejó las causa Ford?

Además de la condena se pudo traspasar la muralla con que se defienden las empresas: uno no puede ingresar cuando quiere, hay cosas que están ocultas a la vista. En el juicio trabajamos con planos, lo que permitió darle un lugar a lo que los trabajadores contaban, a las cuestiones productivas, lo que significa que te secuestren en tu lugar de trabajo, en el medio de la línea de montaje, que te suban a una camioneta de Ford, la empresa para la que estás trabajando y te lleven a un quincho, que había sido una conquista de los trabajadores y del movimiento sindical, donde te tengan vendado y te torturen hasta la noche. Y que luego te lleven a las Comisarías de Maschwitz o de Tigre hasta que finalmente te remitan a una unidad penitenciaria. Todo ese circuito represivo solamente se leía en términos de los padecimientos sobre los cuerpos de los trabajadores y no se leía en el espacio productivo, no había una comprensión de lo que significaba que pasara en Ford, donde había autoridades muy claras, donde para ir al baño tenías que firmar un permiso porque interrumpías una cadena. Por lo que el secuestro de esos 24 trabajadores implica una disrupción fenomenal en la fábrica: tener que reemplazarlos y una serie de decisiones que implican a los gerentes de Manufacturas y Seguridad. Todo esto se pudo poner en el juicio gracias a las inspecciones oculares, donde las víctimas pudieron volver a la fábrica y reconstruir ante los jueces lo que sucedió. Esto fue un ante y un después, incluso para entender el impacto comunitario de la violencia. Hubo testimonios muy fuertes de las esposas de los trabajadores, de lo que implicó salir a buscar a sus maridos mientras tenían que salir a trabajar sin ninguna posibilidad de acudir a algún lugar mientras enfrentaban autoridades militares.

¿Había coordinación y diálogos entre las empresas como Ford, Las Marías, La Veloz del Norte o Mercedes Benz?

Este tipo de vínculos y dinámicas de articulación entre empresas y grupos económicos no estuvo en el centro de nuestras investigaciones, pero no tengo duda de que las hubo, como las hay siempre, en el marco de las distintas confederaciones y agrupamientos empresariales que justamente permiten estas articulaciones hasta hoy. En el trabajo de investigación sobre 25 casos no solo se llevó adelante un análisis minucioso sobre los casos en sí y sus especificidades, sino que al mismo tiempo se hizo un análisis de los patrones de funcionamiento de esta serie de casos. A partir de una enorme cantidad de fuentes, se pudo detectar la repetición de determinadas líneas de acción, la reiteración de fenómenos y de tipos de participación empresarial. Esto habla de un horizonte común que no hemos encontrado la forma de poder analizar específicamente, pero que aparece como hilo conductor, al igual que la articulación de sectores empresariales con las fuerzas armadas. En el juicio de Campo de Mayo, donde se juzgaron causas obreras como Mercedes-Benz, salieron además menciones explícitas a la presencia de empresarios en Campo de Mayo y la existencia de reuniones entre empresarios y militares. No es un tema que hayamos podido documentar en profundidad, pero aparecen menciones en distintas fuentes, como en los documentos del Departamento de Estado sobre el caso Lozadur, donde las autoridades militares encontraron que los empresarios marcaban como subversivos a sectores que en realidad tenían como interés la discusión de sus condiciones laborales y una militancia sindical.

¿Cuál fue el rol de la justicia en el juzgamiento de los responsables civiles?

Tenemos un proceso de justicia muy lento que muchas veces deja mucho que desear, que llama a declarar a la víctimas una y otra vez y que pone un peso en las víctimas y los organismos. Pese a la enorme importancia que adquirió el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país y al caso excepcional que tenemos de judicialización de las responsabilidades, que es una cuestión muy valiosa, tenemos una deuda en torno a las responsabilidades empresariales. Cualquiera que haya visto los cientos de avisos en La Nación despidiendo a Blaquier entiende que no era un imputado cualquiera y que las demoras que se produjeron, con la falta de mérito y los seis años que se tomó la Corte Suprema de Justicia con un imputado de muy avanzada edad, demuestran que demorarse es una obstaculización declarada, una obstaculización biológica. Y luego el fallo de la Corte que dice que la falta de mérito era arbitraria y errónea pero nos quedamos sin poder llevar a juicio a un responsable emblemático de estos delitos. Es gravísimo para la lucha de las víctimas. Es una respuesta absolutamente insuficiente que se agrava porque estos sectores siguen siendo un núcleo de poder en la actualidad: Ledesma tiene poder territorial e incidencia como una de las principales empresas agroindutriales. Y lo mismo pasa con todas las empresas que investigamos, desde Loma Negra hasta La Nueva Provincia o Las Marías.

¿Qué causas quedan pendientes de elevarse a la brevedad y qué esperás de ese proceso?

El futuro se construye y todo depende de lo que podamos generar en una relación innegable con el contexto político. Por más que la investigación tenga su autonomía ocurre en un contexto político extremadamente relevante. Los avances y retrocesos tuvieron que ver con un campo de batalla político muy marcado y depende de lo que podamos articular. Ford tuvo sentencia y reconfirmación de la sentencia pero falta la instancia de Corte Suprema. Lo mismo sucede en términos de que faltan avances en la causa de Mercedes Benz, donde se volvió al procesamiento de Juan Rolando Tasselkraut. Acindar y La Fronteria están a un paso de acceder a juicio oral. Acindar tiene una enorme importancia y es emblemática porque quien era presidente de Acindar hasta 1976 era José Alfredo Martínez de Hoz, es decir que durante su gestión se llevó adelante un proceso represivo brutal bajo la autoridad de Estela Martínez de Perón, el operativo «Serpiente Roja del Paraná», que implicó el encarcelamiento de dirigentes sindicales y bombardeos sobre la región. Lo mismo con el ingenio la Fronterita que se desprendió de la causa Operativo Independencia, que refleja el funcionamiento del ingenio y porque en diciembre del año pasado se dictó un embargo sobre la propiedad de la empresa por la comisión de delitos de Lesa Humanidad. Y esto implica una concepción nueva: qué sucede con los bienes muebles e inmuebles que son utilizados para Delitos de Lesa Humanidad. En este caso fue embargo y abre un camino muy importante.

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Yair Cybel

Una vez abrazó al Diego y le dijo que lo quería mucho. Fútbol, asado, cumbia y punk rock. Periodista e investigador. Trabajó en C5N. AM530, TeleSUR, HispanTV y TVP. Desde hace 12 años le pone cabeza y corazón a El Grito del Sur. Actualmente aporta en campañas electorales en Latinoamérica.