En la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de casas vacías sería similar al déficit habitacional del distrito, un índice que alcanza al 11,6 por ciento de los hogares. Estos datos no corresponden al Censo 2022 -que llamativamente aún no brindó información oficial al respecto-, sino a un informe elaborado en el año 2021 por la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías (conformada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y organizaciones sociales como el CELS y La Boca Resiste y Propone).
Dicho trabajo consideró como casas vacías a «aquellos inmuebles de tipo residencial que registren un consumo eléctrico anual inferior al mínimo indispensable considerado para su uso permanente» y se adoptó la utilización recurrente de una heladera (45,36 kwh/mes) como el indicador que define el uso activo de una vivienda. Luego concluyó que la mayoría de las viviendas ociosas se ubican en Puerto Madero, Palermo y Recoleta, tres barrios donde el costo del metro cuadrado es muy alto, lo que abre el debate respecto de la necesidad de nuevas iniciativas para desincentivar el uso especulativo de los inmuebles.
Desde Inquilinos Agrupados, la organización que busca representar los intereses del sector en la metrópolis porteña, vienen recogiendo el guante de este tema. A finales del año pasado presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña para prohibir el remate de viviendas con herencia vacante y crear el sistema de alquiler público así como el sistema de alquiler protegido para todas las viviendas que se encuentren vacías por más de 90 días.
«Vivienda que está vacía durante 90 días, vivienda que tiene que pasar directamente a un alquiler protegido del Estado. El Estado le tiene que garantizar los ingresos por alquiler a ese propietario, pero primero éste debe tener la obligación de ponerlo en alquiler. Sólo de esa forma se puede garantizar el acceso democrático a la vivienda y a la vez no se le hace perder rentabilidad al propietario», explicó a El Grito del Sur Fernando Muñoz, militante de Inquilinos Agrupados y autor del libro «La desigualdad bajo techo. Más de cien años de alquiler».
Bajo el lema «la vivienda vacía es un crimen», las y los Inquilinos Agrupados (IA) intentarán juntar al menos 38 mil firmas para que el tratamiento del proyecto de ley sea obligatorio en la Legislatura de la Ciudad, hegemonizada por el Pro. Desde IA parten de una premisa: el boom de construcción de viviendas en los últimos años fue acompañado por un incremento exponencial de la cantidad de inquilinos, es decir que aquellas fueron construidas para hacer negocios en beneficio de unos pocos.
La creciente «AirBnBzación» de la Ciudad de Buenos Aires es reflejo de esta situación, puesto que muchos propietarios prefieren ofrecer sus inmuebles para alquileres temporarios en dólares que ponerlos en el mercado tradicional en pesos, elevando así el precio del mercado local, expulsando a los habitantes originarios y creando una peligrosa burbuja especulativa en torno al precio de la vivienda.
Así como el Censo todavía no publica información sobre cantidad de viviendas vacías, más difícil es conocer quiénes son sus dueños. «Estamos frente a un Estado que no tiene la capacidad de pedirle al Registro de la Propiedad Inmueble todo el listado y decir de quiénes son las viviendas para saber qué nivel de concentración hay», se lamentó Muñoz. «Si alguno piensa en empresarios conocidos de la Ciudad, podemos pensar: ¿cuántas viviendas tendrán? Seguramente como titular figuran dos o tres propiedades, pero si uno va a la Inspección General de Justicia ese empresario participa de 150 sociedades distintas», agregó el especialista en el tema.
El ejemplo de Portugal
La semana pasada, el gobierno de Portugal lanzó el programa «Más Vivienda» para impulsar el alquiler obligatorio de las viviendas desocupadas. Según el Instituto Nacional de Estadística, se trata de 723.215 hogares vacíos en todo el país. El Estado podrá alquilarlos para subarrendarlos durante cinco años, oficiando de mediador inmobiliario. Le cobrará al inquilino y le pagará al propietario.
«Me parece una idea avanzada, aunque es consecuencia de la crisis que está viviendo Portugal. Siendo una economía fuertemente basada en el turismo y la hotelería, en su momento abrió a capitales internacionales -a través de lo que ellos llaman el visado de oro- la posibilidad de comprar viviendas y construcciones colectivas que estaban en estado antiguo o construir viviendas nuevas con facilidades impositivas. También se les daba autorización para alquilar al turismo, por lo que hicieron un fenomenal negocio», opinó Fernando Muñoz.
Si bien al proyecto aún le resta efectuar una consulta pública y parlamentaria, el gobierno socialista de Antonio Costa posee mayoría tras haber obtenido un resonante triunfo electoral. «Al gobierno se le juntó el problema de los alquileres caros, la poca oferta por lo liberado del alquiler turístico y la suba de intereses bancarios de la banca europea. Se viene una protesta muy grande por este tema. El proyecto que van a presentar busca, entre otras cosas, restringir totalmente la presencia de AirBnB», apuntó el militante de Inquilinos Agrupados.
Iniciativas que van en la misma línea buscan implementarse en otros países del Norte. Por ejemplo, recientemente Canadá decidió prohibir durante dos años la especulación inmobiliaria por parte de extranjeros de forma tal que los precios del mercado dejen de subir. Asimismo, en España ya se presentó un proyecto de ley en el Congreso para eliminar el régimen de residencia por compra de propiedad. Mientras tanto, la dirigencia política de nuestro país continúa viendo a la vivienda únicamente como parte del mercado y de la lógica especulativa.
