Yerba mala

Las Marías es un establecimiento agroindustrial, de producción de yerba y té, perteneciente al grupo empresarial Las Marías, de la familia Navajas Artaza, localizado en la localidad de Gobernador Virasoro, al norte de Corrientes, muy cerca de Misiones. Una de sus marcas más conocidas es “Taragüi”. Este establecimiento, a diferencia de otros de la zona, se caracteriza por integrar todo el ciclo productivo, garantizando tanto la materia prima (el trabajo en el campo) como los procesos industriales necesarios (secado, molienda, empaquetado, comercialización, etc.), lo que lo posiciona en una posición de liderazgo en el mercado yerbatero argentino.

Esta empresa y grupo familiar tuvieron siempre un fuerte lazo con la comunidad de Virasoro, del cual fueron “benefactores”, además de una relación de cuasi esclavitud con sus trabajadores. Explotación laboral extrema, precarización y un sometimiento a esas condiciones de trabajo eran la norma. Esa realidad, sin embargo, se modificó a partir de 1973-1974, con el surgimiento en la zona de dos sindicatos.

Según refirieron sobrevivientes de la época, la seccional Virasoro de FATRE (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, hoy UATRE) se creó en el año 1974, un tiempo después que empezara a funcionar el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

La represión, que ya había comenzado en los años previos, se profundizó a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. La lista de víctimas, elaborada a partir de los esfuerzos y la memoria de las organizaciones de derechos humanos locales, es la siguiente:

• El secretario general del STIA, Marcelo Acuña, y el tesorero, Pablo Franco, fueron presos en abril de 1976 y estuvieron detenidos en sede de Gendarmería.

• El secretario general Ramón Aguirre, detenido en abril de 1976, pasó por CCD de Corrientes y Chaco, estuvo preso en la UP 7 del Chaco y la UP 9 de La Plata y se exilió en Bruselas, Bélgica.

• El secretario adjunto de Fatre, Neri Pérez, fue detenido y más tarde desaparecido en Virasoro el 2 de junio de 1977 y se presume que murió en un Centro Clandestino de Misiones.

• Marcelo Peralta fue detenido luego de que fuerzas militares irrumpieran el 29 de junio de 1977 en la estancia María Aleida, del ex intendente Torres Queirel, plantación satélite del grupo Navajas, y se supone que fue asesinado al momento de ser capturado.

• Juan Manuel Gómez fue secuestrado y trasladado a centros de detención de Misiones. Lo mismo Carlos Arturo Escobar, Epifanio Monzón y Jacinto Bernal.

• El asesor legal del sindicato, Dr Moisés Belsky, fue detenido en el Chaco en febrero de 1977, preso en el Ex Regimiento 9, en la Unidad Penal 7 del Chaco y luego en la Unidad Penal 9 de La Plata.

• Otros trabajadores como Hipólito Mendieta, Pedro Celestino, Julio Gervasoni, Benjamin Areco, Luis Alvez, Ramón Peralta y Ramón Falcón sufrieron persecución y represalias por estar vinculados a los sindicatos.

Todo hace suponer que la represión en la zona estuvo vinculada a la actividad gremial de estos compañeros. Todos los detenidos y/o desaparecidos de Virasoro tenían actividad sindical, los sindicatos de esa zona de Corrientes sufrieron la misma represión que en Misiones. Allí detuvieron a Monzón, llevaron a Juan Gómez, a Escobar, a Bernal y presumiblemente a Pérez. Además no hay un solo preso, un solo represaliado, un solo torturado, un solo expulsado del lugar que no haya estado vinculado al establecimiento Las Marías. No existe en Virasoro otro vínculo con la represión y con la dictadura que la conexión con las acciones de quienes estaban sindicalizados en estos dos gremios.

Los dirigentes sindicales represaliados trabajaban diariamente con el objetivo de alcanzar reivindicaciones laborales básicas, tales como salarios dignos, vivienda, salud, educación para los hijos, transporte seguro y digno en un colectivo y no en acoplado tirado por un tractor. Lograr 8 horas y media de trabajo y cobrar todas las horas trabajadas. Contar con asistencia médica y aportes previsionales.

La historia de los trabajadores rurales represaliados en la localidad de Virasoro es un caso paradigmático respecto a la complicidad empresarial y a los mecanismos de impunidad que se han generado para disimularla. Los hechos represivos vinculados al Establecimiento Las Marías están situados en una zona ajena al país central, con protagonistas extremadamente vulnerables y cuyas condiciones de explotación laboral naturalizadas durante largo tiempo no se constituyeron en un eje relevante en la agenda de reclamos por violaciones a los DD.HH. durante los primeros años de la etapa post-dictadura. Los empresarios a quienes acusamos de corresponsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad son personajes de la vida política y económica del país que siguen interactuando fuertemente sin solución de continuidad entre dictadura y democracia, con el cruce de intereses con factores de poder de plena vigencia.

La represión en el lugar tuvo claramente dos tiempos definidos. El primero, de detenciones “legales” al inicio de la dictadura, cuando apresan a Marcelo Acuña, Pablo Franco y Ramón Aguirre y los acusan de cohecho y malversación de caudales públicos (administración fraudulenta de los fondos sindicales). La instrucción de la causa fue efectuada por el propio Capitán Juan Carlos Sacco, interventor militar en Virasoro, que además fue quien comunicó, en la planta del Establecimiento, que quedaban prohibidas las actividades sindicales. Los tres gremialistas quedaron detenidos a disposición de la justicia militar y trasladados a la Comisaría de Santo Tome. Luego al Destacamento de Gendarmería en Paso de los Libres. En 1977, Ramón Aguirre es trasladado a CCD de Corrientes y Chaco y luego a las Unidades penales federales de Resistencia y la Plata. También Héctor Sena y Carlos Escobar.

En el año 1977, entre febrero y julio, se producen el resto de las caídas vinculadas a Virasoro. En esta ola de secuestros las víctimas fueron todos trabajadores vinculados a Las Marías, casi todos ellos con participación gremial. La complicidad empresarial queda más que clara en casos como el secuestro de Neri Pérez. Pérez trabajaba de lunes a viernes en el establecimiento yerbatero, donde pernoctaba, y regresaba a su casa en los días de franco, los fines de semana. De manera excepcional, el jueves 2 de junio de 1977, la empresa le concedió el día libre y fue esa noche cuando un grupo de militares que estaban asentados en un vivac, en campos de Las Marías, irrumpieron en su domicilio, lo capturaron y lo metieron en un auto. Fue visto luego en “La Casita de Mártires” un CCD de Posadas.

Todos los secuestros de esta segunda tanda se enmarcaron en el despliegue de un operativo militar denominado “Consolidación”. Dicho operativo se desarrolló específicamente en Virasoro, formalmente a partir de junio de 1977, de manera simultánea al despliegue del “Operativo toba III”, por orden del Comando de la Brigada III, a cargo del Coronel Llamil Reston. En tal contexto, se habría instalado en el territorio un vivac del Ejército, es decir, una suerte de campamento militar.

Las víctimas directas de la represión, que viven en Gobernador Virasoro, no tienen recursos ni condiciones para afrontar estrategias judiciales de querella, no tienen abogados particulares. Además, sus principales referentes. han fallecido o viven fuera del país.

Las investigaciones y la recolección de testimonios fueron el resultado del esfuerzo casi artesanal de familiares de víctimas; sobrevivientes, y militantes de organizaciones de derechos humanos de alcance local, con la sola excepción de equipos de trabajo del Servicio de Paz y Justicia coordinado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que preparó un informe denominado «Proceso de la Yerba en Virasoro».

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recién se interesa y incorpora como querellante a fines del año 2010- 2011, cuando ya estaban prácticamente cerrados todos los caminos judiciales para responsabilizar a la empresa por su complicidad en estas acciones terroristas de Estado.

Esta causa se inicia en el año 2006 a partir de la denuncia de Jorge Catalino Pérez ante la fiscalía federal de Corrientes Capital, por la desaparición de su padre, Neri Pérez.

Para entender esta trama de sumisiones y relaciones patriarcales, esta denuncia recién se hace cuando se jubila la mujer de Pérez, Ramona Grisel Sánchez, a quien Adolfo Navajas Artaza, de manera “magnánima y paternalista”, le da trabajo a modo de ayuda, cuando es secuestrado Neri Pérez.