La semana pasada se oficializó un acuerdo firmado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social, dependencia del Gobierno porteño que preside Cynthia Hotton, para que en los hospitales públicos se dispongan desde este lunes carteles que informen sobre una línea 0800 VIDA en supuesto cumplimiento de la ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como ley de los mil días. Sin embargo, la línea telefónica está manejada por una organización antiderechos.
“Nosotras venimos denunciando que desde que asumió Hotton empezaron a haber iniciativas con organizaciones de distintos cultos, en su mayoría evangélicos y católicos. La ley de los mil días tiene cumplimiento en la Ciudad, está sumamente aceitado y hay un buen trabajo de las distintas instituciones. A nadie se le complica acceder”, dijo a El Grito del Sur Renata Vismara, docente e integrante de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto.
La cartelería presentada por Hotton y el ministro de Salud, Fernán Quirós, hace referencia a un teléfono que pertenece a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2018 al calor del debate por la legalización del aborto y gestionada principalmente por la organización Fundación Vida en Familia, que preside Evelyn Rodríguez. La Red cuenta también con el apoyo de otras organizaciones antiderechos como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), lobbista en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esta línea telefónica, según el sitio web de la Red, busca asistir a mujeres con “embarazos inesperados” porque “el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado al recibir acompañamiento y contención deciden continuar con su embarazo”. Entre los servicios que ofrece se encuentran: “acompañamiento social y emocional”; “asesoramiento médico y legal” y “contención psicológica y espiritual”.
En 2019, esta misma Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, entonces encabezado por Carolina Stanley, para que el Estado promoviera en todo el país la línea telefónica y le brindara una partida de 1.300.000 pesos. La presentación de este acuerdo se hizo en el Congreso de la Nación, gracias al impulso de legisladores antiderechos.
En ese momento, otra de las organizaciones que impulsaba la Red era Gravida, que este año fue denunciada por el Gobierno nacional después de que la ONG mantuviera secuestrada en una clínica de Santa Fe a una niña de 12 años que había pedido una interrupción legal de su embarazo, producto de los abusos sexuales que había sufrido.
“Eso de 2019 pudimos frenarlo porque estábamos todas en la calle y organizadas. Hicimos una movilización al Ministerio y se dio marcha atrás. Esta vez, la gran diferencia es que primero institucionalizan a Hotton con un cargo en la Ciudad y después empiezan a tomar estas medidas”, afirmó Vismara y agregó que si bien han pedido reuniones con el Gobierno porteño, hasta el momento no han tenido respuesta.
A diferencia de lo sucedido en 2019, ahora el paraguas bajo el que intentan meterse las organizaciones antiderechos es el cumplimiento de la ley de los mil días. Según el artículo 28 de la norma sancionada en diciembre de 2020, el Estado deberá “incorporar en las líneas gratuitas de atención telefónica ya existentes, en forma articulada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a través de los organismos gubernamentales pertinentes, la atención de mujeres y personas gestantes y sus familiares a fin de brindar información adecuada acorde a la etapa de gestación o crianza correspondiente”.
El Grito del Sur consultó a funcionarios del Ministerio de Salud acerca del motivo por el que se acude a una organización privada para garantizar el cumplimiento de la ley, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
“A nosotras no nos sorprende que el Gobierno de la Ciudad destine fondos para esto -señaló Vismara-. Ya puso fondos para el 0800 de buchones en las escuelas, pero no para acceder a anticonceptivos. Venimos pidiendo que haya preservativos disponibles en todas las escuelas, porque eso depende de la voluntad de la conducción; queremos que haya turnos diferenciados para que las pibas puedan conseguir más rápido un turno en ginecología; que haya anticoncepción hormonal de emergencia en las escuelas, que es de fácil accionar, bajo presupuesto y tenemos equipos de acompañamiento. Pedimos esto y nos encontramos con estos carteles”.
