Jordan Neel, afrodescendiente de 30 años de edad que vivía en situación de calle en Nueva York, fue asesinado el 1° de mayo en la línea F del subte en Manhattan. Tres personas lo tomaron por el cuello y lo redujeron hasta estrangularlo en el piso porque gritaba en el vagón, frente a la mirada de todas las personas que también estaban allí compartiendo un paisaje naturalizado de crueldad.
El asesinato de Jordan, quien era conocido por imitar a Michael Jackson en Times Square según reportan distintas noticias en medios locales, se inscribe en la compleja intersección situación de calle-salud mental-desigualdad. Desde esa perspectiva de salud pública, las relaciones entre situación de calle y salud mental son multifacéticas y no lineales, incluyendo una variabilidad de observables físicos como psicológicos que no pueden aislarse de las inequidades sanitarias propias de los procesos de desigualdad social.
Salud mental: ¿acompañamiento o represión?
Testigos afirman que Jordan estaba gritando que no tenía qué comer, dónde dormir y que quería un trabajo. Este padecimiento se encuentra enraizado en una problemática estructural, a la cual se respondió con violencia colectiva en lugar de empatía y cuidado. La respuesta en el subte da cuenta de la mirada de odio hacia personas con padecimiento mental, hacia quienes se encuentran en situación de calle y hacia la población afrodescendiente.
Quienes están en situación de calle son portadores de atributos socialmente deslegitimados, que dan lugar a dinámicas de invisibilización-hipervisibilización, como sostienen Abal y Gugelmin (2019) en una investigación que realizaron en Brasil. Es decir, se invisibilizan las condiciones de vida, naturalizando las violencias que sobre ellas recaen en el cotidiano de las ciudades. A su vez, se ponen en funcionamiento tecnologías de control social de lo considerado anormal, fuera de lugar, lo desviado, lo peligroso. La muerte de Jordan Neely abre nuevamente el debate sobre los abordajes en salud mental cuando se está en situación de calle.
Comprender la salud mental desde una perspectiva integral y de derechos, es reconocer las vivencias subjetivas del padecimiento y la importancia de la trama socio-histórica y cultural en la que se inscribe sin reducirlo a clasificaciones psicopatológicas como categorías estancas. Tal como lo establece la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) N° 26.657 en nuestro país, la salud mental es “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. Esta perspectiva no implica la simplificación de un fenómeno complejo negando su enraizamiento singular, ni tampoco incurrir en un reduccionismo social.
La intersección calle-salud mental se expresa de modo heterogéneo: 1. Como causa-consecuencia, es decir como factor predictor y como la larga permanencia o cronificación de la vida en calle; 2. Como presencia de padecimientos de salud mental graves preexistentes o psicosis, tales como trastornos delirantes, esquizofrenia y trastornos bipolares; y 3. Como exigencias psíquicas, sociales y vinculares para garantizar la subsistencia y supervivencia en el espacio público, así como para hacer frente a la discriminación, al rechazo social y la violencia institucional.
En nuestro país, frente a situaciones que pueden describirse como descompensación en salud mental, la LNSM establece la obligatoriedad de una evaluación interdisciplinaria que permita valorar la complejidad de la problemática en el contexto que se produce, así como evaluar la potencialidad de que la persona esté en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Será en función de dicha evaluación que se determine la necesidad de una internación como recurso terapéutico de carácter restrictivo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones que pudieran realizarse en el entorno familiar, comunitario y social.
En abril de 2022, Carlos Efraín Martinez, una persona en situación de calle con padecimiento mental, agredió a un efectivo de la Policía de la Ciudad. Horacio Rodríguez Larreta aprovechó la oportunidad para insistir en la asociación delito-salud mental. No sólo atacó la LNSM y profundizó con sus declaraciones el enfrentamiento entre personas con padecimiento mental y el resto de la sociedad, sino que avanzó en la necesidad de respuestas represivas como modo de abordaje a partir de la utilización de las pistolas taser en mano de quienes violentan sistemáticamente a las personas en situación de calle.
Hace unas semanas, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Eugenio Burzaco, anunció que el uso de las taser será posible en la segunda mitad de este año, afirmando que serán utilizadas en lugares con “mucha concentración de personas o en situaciones donde una persona tenga un arma o un brote psicótico”.
No podemos aseverar que Jordan estuviera en un estado de descompensación de salud mental, como sostienen muchas de estas noticias. Lo que sí podemos aseverar es que, aunque lo hubiese estado, las acciones que terminaron con su muerte responden a la estigmatización y criminalización de las personas en situación de calle con padecimiento mental, y a la atribución de peligrosidad que legitima las respuestas represivas más que socio-sanitarias. Lo mismo que va a pasar con el uso de las pistolas taser.
No desconocemos que algunas situaciones – y decimos algunas, no todas– pueden incluir agresividad contra sí o contra otras personas, y que pueda requerir una intervención que articule salud-seguridad. Pero, de ser necesarias, se inscriben en protocolos específicos que protegen la integridad de las personas desde un enfoque de salud mental y derechos humanos. Tampoco desconocemos que hay riesgos asociados a vivir en la calle, entre ellos la exposición sistemática a múltiples formas de violencias, pero la respuesta no debe ser el encierro sin políticas universales de acceso a la vivienda. La LNSM es un ejemplo en la región. Sin embargo, si no se cuenta con recursos económicos y humanos, si no que, como nos tiene acostumbrados el gobierno local, se desfinancia y aumenta la presencia de efectivos policiales y de seguridad en el sistema de salud, de modo tal que resulta imposible la plena implementación de la ley y garantizar el derecho a la atención en salud mental.
Vidas que cuentan
La muerte de Jordan Neely no es un caso aislado, sino una consecuencia de la falta de políticas públicas integrales para abordar este campo de problemas, de Estados Unidos a Argentina con todas las escalas. Sin ir muy lejos en el tiempo, el pasado miércoles 3 de mayo falleció María Verón, integrante de No Tan Distintes, luego de ser atropellada por un auto en el barrio de Pompeya, mientras seguía en la batalla diaria por su subsistencia y supervivencia, cuando, como dicen sus compañeres, quienes debían ayudarla decidieron retirarse.
Según el Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle en Argentina (RUV[1]), entre enero y abril del 2023 falleció 1 persona en situación de calle cada 72 horas, y se observa una situación de violencia física hacia ellas cada 48 horas. Cabe destacar que estos números corresponden únicamente a los hechos reportados por los medios de comunicación, mientras que las organizaciones sociales y las propias personas en situación de calle afirman que las cifras son aún mayores.
Los fallecimientos de personas en situación de calle aparecen como algo extraordinario en los medios de comunicación, recibiendo un tratamiento sensacionalista. Son vidas deshumanizadas, para las que no cabe ningún duelo porque en algún punto dejaron de ser socialmente. Estas muertes hablan de injusticia, de falta de políticas públicas de cuidado, de políticas públicas que producen muerte. Las vidas de las personas en situación de calle son vidas que importan, que cuentan, que gritan, como gritaba Jordan Neely en el subte en Manhattan, una realidad que la sociedad prefiere ignorar. No hubo empatía en el subte, según denuncian las organizaciones comunitarias en Nueva York. También denunciamos en Argentina esa desensibilización al sufrimiento de otros como forma de naturalizar y legitimar violencias estructurales entendidas como brechas de acceso a recursos materiales y simbólicos, violencias simbólicas tales como el racismo, la segregación espacial, la xenofobia y la estigmatización, y las violencias físicas tanto por las fuerzas de seguridad como por otras personas de la comunidad y las violencias sexuales.
No son Nadies. Valen más que la mano que les mata.
Jorgelina Di Iorio es Dra en Psicología e investigadora Adjunta CONICET. Milena Sapey es Licenciada en Psicología y becaria de Investigación UBACyT.
0[1] El RUV se creó el 19 de agosto de 2021 en consonancia con el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle en Latinoamérica y el Caribe. Surge por iniciativa de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle – CABA y se puso en funcionamiento en articulación con el equipo de investigación UBACyT, “Sociogénesis de las marginaciones urbanas: personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires”, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Jorgelina Di Iorio.
