El futuro llegó hace rato, pero la legislación sobre lo que sucede en Internet aún no. Mientras muchos países del mundo discuten normativas que permitan al Estado controlar los contenidos, la circulación de información, la propiedad de los datos o la proliferación de discursos violentos en Internet, en Argentina todavía miramos de lejos el debate. En ese marco, cada vez más espacios políticos, intelectuales y colectivos de medios intentan traer la discusión por el necesario control de las plataformas privadas de redes sociales que hegemonizan el ecosistema informativo actual.
Al calor del avance de los discursos de odio y en un año electoral marcado por el recrudecimiento del debate público, la diputada nacional Florencia Lampreabe organizó en el Congreso de la Nación las jornadas «Democracia, Plataformas y Violencia Política» y desde allí convocó a diferentes expertos en la materia. Entre las voces que destacaron estuvo la de Roberto López Puglisi, abogado, magister en Defensa Nacional y profesor de la Universidad de la Defensa. El aporte de López Puglisi es particular y poco difundido: las plataformas privadas, su concentración de información y la falta de control estatal de las mismas, representan una amenaza para la soberanía nacional. Ni más ni menos.
Planteás una comparativa en la que las plataformas de redes sociales desarrollan inteligencia de manera paralela al Estado. ¿Cómo explicarías esta idea?
Básicamente funciona así: el ciclo de inteligencia lo determina el artículo 2 de la ley 25.520, que indica que se tienen que tener cuatro factores que son la dirección, la reunión de información, el análisis y la difusión. Las plataformas de redes sociales acumulan esta información, hacen sistematización de la misma, realizan análisis y la difunden, es decir, que cumplen el ciclo perfecto de la inteligencia. Con la diferencia de que los organismos que hacen inteligencia en Argentina rinden cuentas, pero las plataformas no le rinden cuentas a nadie, salvo a sus propios dueños que no sabemos qué hacen con esos datos. Tenemos organizaciones privadas haciendo inteligencia por fuera de la ley.
¿Cuál sería la amenaza en términos de soberanía para nuestro país?
La Ley de Defensa Nacional establece cuatro supuestos, intereses vitales, que son los bienes tutelados por esa norma política: la autodeterminación, la libertad y la vida de las personas y la integridad territorial. Si vos estás haciendo una campaña electoral en donde microsegmentás, direccionás, armás grupos y solamente informás sobre cierta cuestión, la autodeterminación está complicada. Y la libertad también, porque la información es un pilar básico de la democracia. Entonces ahí empieza a complicarse y comienzan a surgir cuestiones que tienen que ver con el orden constitucional. La inteligencia debería hacer su aporte porque cuando ves vulnerado el orden constitucional, ahí es cuando debe operar.
¿Creés que el Estado argentino tiene capacidad regulatoria ante compañías tan grandes que manejan presupuestos inclusive mayores que los de muchos países de la región?
Actualmente no porque no hay ninguna norma que las regule. Pero es una discusión que hay que dar y plantearla en términos bien concretos: sentarse, debatir, escribir, poder determinar cuáles son las amenazas y cuáles los remedios para poder culminar con esas amenazas. No existe la capacidad objetiva en este momento, pero es una discusión que resulta fundamental dar.
¿Existen precedentes internacionales de normas o leyes que puedan funcionar como andamiaje para aplicar acá?
No, que yo conozca no. China tiene muchas regulaciones de plataformas pero no las conozco al detalle y además considero que los enlatados no funcionan correctamente. Importar una norma para que sea aplicable acá no funcionó ni va a funcionar, pero porque es básicamente un principio del Derecho: las normas que se dictan o reglamentan por fuera de la idiosincrasia o las costumbres de un pueblo terminan cayendo en letra muerta porque son de imposible aplicación. Tenemos que darnos una discusión local sobre el tema, atender las particularidades de nuestro pueblo y, en función de eso, hacer una norma que pueda regular.
