Organizaciones sociales y políticas del Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14), ubicado en el Bajo Flores, presentaron el lunes 29 de mayo en la Legislatura porteña un proyecto de Reurbanización e Integración Socio Urbana para su barrio y conjuntos habitacionales aledaños. Se trata de una respuesta a los 23 años de incumplimiento de la ley que preveía su urbanización, en un contexto donde se busca una iniciativa más integral que además contemple la participación de una gran cantidad de vecinos y vecinas. «Queremos una reurbanización con la mirada de los vecinos y las instituciones, que no sea únicamente una bajada de línea. Necesitamos espacios habitacionales en condiciones, iluminación y educación para quienes habitan este lugar. Hoy, por ejemplo, las escuelas no dan abasto con la cantidad de habitantes que tenemos», señaló a El Grito del Sur Eugenia Zelaya, vecina y referente del barrio.
En el Barrio Ricciardelli viven más de 40 mil personas en una situación habitacional crítica. La Ley 403, sancionada en junio de 2000, habilitaba el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14 destinado a elaborar, ejecutar y verificar el Plan Integral de Urbanización de la misma en forma consensuada. Sin embargo, primero se produjo la caída del gobierno de Aníbal Ibarra en el año 2006 y luego transcurrieron 16 años de gobiernos macristas y larretistas que incumplieron la normativa sancionada. Las y los vecinos denuncian que «no se avanzó en nada» y que hoy no están garantizados servicios básicos como luz, agua, gas, desagüe e internet.
El proyecto busca la «reurbanización e integración social, cultural, ambiental y urbana» no sólo de Ricciardelli, sino también de Villa 13 Bis y zonas aledañas: Illia I, Illia II, Rivadavia I, Rivadavia II, Bonorino I, Bonorino II, Bonorino III y el Barrio Bonorino y Riestra. En ese contexto, se incluye la creación de una Mesa de Gestión Participativa con el objetivo de garantizar la participación activa de los vecinos en todas las etapas del proceso de reurbanización. También designa como autoridad de aplicación al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Lo interesante de esta iniciativa es su perspectiva integral, dado que contempla desde las problemáticas sociales, habitacionales y ambientales hasta las condiciones de habitabilidad, las necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la salud, la educación y empleo de los habitantes del polígono. Asimismo, impide la posibilidad de desalojos forzosos a partir de las acciones implementadas en el marco de la ley.
«En caso de que la reurbanización se realice en nuestro barrio, seríamos la quinta villa porteña que avance en esa línea. Convengamos que en la Ciudad hay más de 50 villas, esto tiene que ver con la dificultad económica para vivir en otras partes de CABA. Desde hace mucho tiempo no estamos teniendo ninguna intervención de fondo para solucionar los problemas en el barrio. Hoy nuestras voces no son escuchadas: generalmente vienen con un proyecto armado y no te dan posibilidad de opinar. El mayor problema es la forma en que vivimos», sostuvo Zelaya.
La presentación del proyecto en la Legislatura tuvo lugar en el marco de los 84 años del nacimiento del Padre Rodolfo Ricciardelli y fue impulsado por la legisladora Berenice Iañez (Frente de Todos). La representante citó como ejemplo el censo del IVC en el año 2018 -que entre otras cosas dio como resultado que en las manzanas más populosas del Barrio Ricciardelli viven más de dos mil personas- como forma de justificar la iniciativa. «Si bien los datos del IVC son una primera aproximación para conocer parte de la realidad de miles de vecinos/as del Bajo Flores, es necesario aclarar que se encuentran desactualizados y que no se registró la situación de cientos de vecinos/as que viven bajo la modalidad de inquilinato o anticrético que no fue contemplada cabalmente», explicó Iañez en diálogo con este medio. Se estima que el 40 por ciento de las familias del barrio son inquilinas.
«Este proyecto de ley, que fue debatido por los vecinos ante la ausencia del GCBA, contempla: actualización del padrón; 20 por ciento de viviendas con accesibilidad plena -ya que en los barrios es donde mayor tasa de personas con discapacidad hay-; construcción de escuelas, líneas de bondis y una gestión de la seguridad participativa; que las viviendas puedan ser pagadas por los vecinos y no convenga más venderlas; y que se incluyan conexiones domiciliarias. Además, garantiza la participación de los vecinos y vecinas tanto en el proceso de reurbanización, garantía de que las condiciones de vivienda sean adecuadas», concluyó la legisladora.
