La semana pasada se presentó en el Congreso de la Nación el informe «Cuidar Es Trabajo», realizado por la Universidad Popular de Barrios de Pie -integrante de la UTEP-, el cual arrojó que alrededor de 4800 trabajadoras sostienen 523 espacios de cuidado sin sueldo ni derechos laborales en la zona del AMBA. Para dar solución a este problema se presentó también el proyecto de ley de la diputada nacional del Frente de Todos Natalia Souto, el cual busca reconocer las tareas de cuidado que brindan esas trabajadoras.
“El proyecto busca visibilizar y reconocer el trabajo que hacen las compañeras, así como mejorar la infraestructura porque el informe dice que el 90 por ciento de esas tareas se hacen en casas particulares. Y a la vez, el proyecto propone un relevamiento hecho por el Estado a nivel nacional para que esos datos permitan pensar en políticas públicas”, dijo a El Grito del Sur la diputada Souto.
Según el informe, el 78% de las personas que se dedican al cuidado comunitario son mujeres y un 3,9% mujeres trans de entre 18 y 45 años. La mayor parte de ellas no tiene jubilación ni obra social y el 80% cobra el salario social complementario Potenciar Trabajo. “Se evidencia que la mitad de lxs trabajadorxs relevadxs tiene además un segundo empleo y cerca del 82% están también a cargo de las tareas domésticas en su hogar”, indica.
“Quienes se ponen al hombro la inmensa tarea de entramar las comunidades y aportar a la construcción de condiciones de vida digna en nuestros barrios populares se encuentran en una situación de sobrecarga laboral y de falta de derechos sociales que las sitúa en una condición de subalternidad, relacionada con la condición social, con su género y con su ámbito de desarrollo. Esto es, sin dudas, una forma de explicar la feminización de la pobreza”, dice el texto.
Las trabajadoras comunitarias, continúa el relevamiento, asisten a 26.600 vecinos. La tarea central de los espacios es la asistencia alimentaria a través de ollas populares (87%), seguido por los apoyos escolares (33%). Pero estas actividades suceden en simultáneo con: atención a situaciones de violencia de género; acompañamiento a personas en situación de consumos problemáticos; actividades y/o acompañamiento a jubilades y adultes mayores y cuidado comunitario de las infancias en general, entre otras.
El informe indica que la mayoría de los espacios son autogestivos y que “no están sostenidos o asistidos por organismos públicos ni privados, y no poseen ningún tipo de reconocimiento oficial que les permita alcanzar algún grado de formalidad”.
“En líneas generales, 9 de cada 10 espacios dijeron no trabajar articuladamente con los gobiernos locales y sólo el 6,7% está reconocido como institución o posee personería jurídica. En contrapartida, la mayoría de los espacios se encuentran organizados dentro de un movimiento social (66,3%) formando parte de una red de acompañamiento y trabajo mancomunado que garantiza el funcionamiento diario. En menor medida, algunos espacios manifestaron pertenecer a una ONG (5%), a la Iglesia (3,4%), o funcionan de manera independiente (8,2)”.
“Queremos que estos trabajadores tengan un reconocimiento económico que sea equivalente a un salario mínimo, vital y móvil -expresó Souto sobre el proyecto de ley de su autoría-. Incluimos a las trabajadoras de comedores y merenderos, pero enfocamos el debate de las tareas de cuidado comunitario, por eso nos referimos a todas las tareas que se desarrollan en los barrios y que no tienen reconocimiento social ni económico”.
La iniciativa de Souto es una de las casi 50 que se presentaron y ahora se encuentran en debate en comisiones en el Congreso de la Nación. Uno de los más conocidos es el proyecto que promueve La Garganta Poderosa, que propone la creación del Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios, el cual consiste en reconocer y otorgar un salario mínimo, vital y móvil a les trabajadores de comedores y merenderos populares.
“Es importante tratar estos proyectos porque hay tareas de cuidado, que en su mayoría son realizadas por mujeres, que generan un valor e ingresos que no son percibidos por estas mujeres -apuntó Souto-. Si cualquier persona tiene que pagar una niñera, eso tiene un valor. Estas trabajadoras lo hacen gratis y alguien se apropia de ese valor. En América Latina, las tareas de cuidado comunitario representan entre un 15 y un 30% del PBI”.
La legisladora afirmó que la iniciativa, en la que trabajan hace dos años, se originó a partir de mesas de trabajo con organizaciones sociales, con representantes de la comunidad académica y del sector de la salud, todos ellos implicados en la problemática. “Esto tiene que ver con la feminización de la pobreza, la desigualdad. Queremos visibilizar la temática, pero dar una respuesta concreta que tiene que ver con generar inclusión, igualdad y justicia social”, concluyó.
