“Decir lesbiana es iluminar una porción de realidad,
velada por las gruesas sombras de la dominación hetero,
correr el cerrado horizonte de su normativa genocida.
Nombrarse es la tumba de la opacidad, su combustión”.
Macky Corbalán
“Justicia por Pamela, Roxana y Andrea” se pudo leer en los carteles caseros de papel con los que, este lunes 13 de mayo por la tarde, marcharon agrupaciones LGBTQ+, organizaciones de izquierda, asambleas barriales y militantes feministas. La movilización fue en recuerdo a las víctimas del triple lesbicidio en Barracas, ocurrido el lunes 6 por la madrugada. La congregación fue desde la Plaza Colombia hasta Olavarría al 1600, donde se ubicaba el hotel en el cual fueron quemadas por una bomba molotov Andrea Amarante (42), Pamela Cobas (52) y Roxana Figueroa (52). El atacante, identificado como Justo Fernando Barrientos -vecino de las víctimas-, continúa hospitalizado por las lesiones que se autoinflingió luego del incendio. A las tres fallecidas se suma Sofía Castro Riglos, de 49 años, la única sobreviviente, que aún se encuentra internada.
“Hoy se cumple una semana del crimen de odio más grande de los últimos tiempos en nuestro país. Mientras que algunos medios lo cubrieron como un incendio, una discusión aislada de vecinos o un caso de insania mental del asesino, otros simplemente no lo mencionaron”, se escuchó en el momento de la lectura del documento oficial. “Los mismos medios que fueron parte de la llegada de Milei al gobierno, quien hoy está liderando estos discursos de odio en redes sociales y a través de su vocero presidencial, desconociendo la motivación del lesboodio y la violencia de género”, continuaron. Además del pedido de justicia, se exige un cambio de la carátula que avale que se trata de un crimen de odio por ser lesbianas.
Si bien este tipo de eventos siempre deben pensarse de manera transversal y caleidoscópica, teniendo en cuenta género, raza y clase, el ataque hacia cuatro lesbianas que compartían una habitación de hotel familiar también pone sobre la mesa la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Este panorama recrudece día a día y toma un matiz aún más oscuro entre mujeres y disidencias, quienes tienen mayores obstáculos para conseguir un empleo y una vivienda formal.
Gigi Krein es parte de la organización social de Consejerías de Vivienda, una entidad que trabaja con situaciones de desalojo y crisis habitacional en hoteles, pensiones y villas. Ella explica que, aunque el nivel de hacinamiento en hoteles es común, no debe ser naturalizado ya que permite situaciones riesgosas, especialmente para mujeres, disidencias y niñeces. “Los hoteles propician el abuso porque al tener que compartir el baño y la cocina las exponen a las violencias de los vecinos. Muchas son familias monomarentales que no alcanzan a costear un alquiler o tienen que salir a trabajar dejando a sus hijos solos en estas situaciones de vulnerabilidad”, enfatiza. “Se habitan espacios que no están bien acondicionados para la normalidad de los pibes, que muchas veces andan dando vueltas por su cuenta”.
Según el último censo que realizaron desde Ni Una Menos e Inquilinos Agrupados para marzo del 2024, el 34,6% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 42,1%. Entre quienes hoy alquilan y se encuentran con deudas, hay más del 60% que recurrió a pedir dinero prestado para poder pagar sólo el alquiler; o el alquiler y los gastos de alimentos; o el alquiler y gastos por urgencias médicas u otros gastos.
“El triple lesbicidio tiene que ver con los discursos de odio, con el fomento y la desinhibición de una violencia social hacia la población LGBTIQ+, pero también está plenamente relacionado a la crisis habitacional que atravesamos en la Ciudad de Buenos Aires hace ya muchos años”, advierte Luci Cavallero, socióloga e integrante de Ni Una Menos. “Esto se produce porque hay un mercado desregulado donde no hay ningún límite en lo que pueden cobrar los hoteles ni los propietarios de departamentos. Hay un incremento de la especulación inmobiliaria, dado que el Estado tiene negocios muy importantes con corporaciones que disputan la tierra, pero al mismo tiempo no regula la vivienda para turismo como sucede en el caso de los ‘Airbnb’”.
Para Gigi, el triple crimen de Barracas pone de manifiesto las dificultades de gran parte de la población LGBTQ+ para acceder a un alquiler formal, especialmente cuando no cuentan con garantías ni recibos de sueldo. Desde las Consejerías de Vivienda, a fines del 2022 realizaron un censo -en conjunto con ACIJ, el CELS y CEUR- que evidenció que el 31% de los habitantes de hoteles manifestó problemas de convivencia. “Los hoteles son lugares con muchísima violencia. Son la papa caliente de la que nadie se quiere hacer cargo, ni el Ministerio de Desarrollo Social, que te da el subsidio habitacional, ni el IVC, que trabaja en villas”, asegura.
“Las organizaciones sostenemos que los discursos de odio van de la mano de la violencia”, explica Florencia Montes Páez, integrante de No Tan Distintes, organización que trabaja con mujeres y personas trans en situación de calle y vulnerabilidad social. “Cuando hay un contexto habilitante que construye la idea de que quien está en situación de calle es vago y está ahí porque no quiso ir al parador, se habilita un sentido común que permite que estas personas sean violentadas. Si quien gobierna se encarga de orientar y remarcar que parte del enemigo interno son las mujeres y diversidades, todo eso se ve exacerbado”.
“Hay una coyuntura de vulneración de los sectores populares y un enraizamiento de los discursos meritocráticos que generan las condiciones para este tipo de actos. No es una conexión directa, no es que Milei mandó a matar a las compañeras, pero hay tramas sutiles y matrices de vulnerabilidad que permitieron que la violencia se ejerza”, amplía.
Según el informe del Registro Unificado de Violencias a Personas en Situación de Calle, elaborado por Milena Sapey, Lucila Armentano y Jorgelina Di Iorio, en agosto de 2023 hubo un hecho de violencia hacia una persona en situación de calle cada 38 horas, los cuales en muchos casos terminan en fallecimientos. Esto implica un 86% más que en 2022.
Sin embargo, Montes Páez aclara que la mayoría de los encuestados en este estudio fueron varones cis, ya que las violencias hacia mujeres y disidencias en situación de calle son invisibilizadas. “Esto tiene que ver con una epistemología heteronormada que no nos concibe como sujeto. Las disidencias en situación de vulnerabilidad social están invisibilizadas porque no hay una mirada real de interseccionalidad en donde se crucen género, clase y raza a la hora de pensar el destino de nuestras compañeras. Es una negación que va de la mano de una violencia disciplinante. Como estas vidas no valen la pena, no son merecedoras de derechos y se nos puede atacar y matar”.
Ey, ¿Qué te pasa Buenos Aires?
La dificultad habitacional recrudece doblemente ante la falta de solución habitacional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La inacción de Jorge Macri se superpone con los discursos de odio de Milei hacia las feministas. Se trata de dos tipos de violencias que se solapan entre sí, recrudeciendo el panorama de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries.
“El ascenso de La Libertad Avanza al gobierno conlleva un odio al pobre que trae aparejado aún más dificultades para las personas en situación de calle. En la Ciudad ya hubo incendios a ranchadas y ataques a personas sin casa. Ahora estos sujetos no solo están en riesgo por temas de salubridad, por el frío y la falta de contención, sino que también son atacados por una sociedad que los rechaza, engolosinada con los discursos de odio”, enfatiza Gigi. “Estamos en una situación de violencia social creciente donde las personas se están armando, están planteando la legítima defensa, la baja de la edad de imputabilidad, son discursos que hacen que la gente se violente y se empodere en contra de las personas en situación de calle”, continúa. “No sería muy extraño pensar que este tipo de ataques se puedan llegar a multiplicar, lamentablemente”.
“Buenos Aires se está convirtiendo en una ciudad expulsiva. Es importante destacar que la mayoría de la población travesti y trans vive en hoteles que cada vez aumentan más sus tarifas y llevan a la gente a endeudarse. Además, después de la pandemia comenzó a haber más desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Esto genera mucha más gente en situación de calle porque no hay ningún tipo de política de acceso a la vivienda y el Gobierno solo ofrece un subsidio que no es suficiente para pagar lo que cuesta hoy un hotel”, ratifica Luci.
Según el régimen de co-vivienda, el Gobierno de la Ciudad debería hacer algo para evitar la ociosidad del parque de viviendas, aún más con las condiciones actuales, donde los alquileres son cada vez más difíciles de costear. Sin embargo, la crisis que ya alertaban las organizaciones se acentuó desde la llegada de este gobierno y la aplicación del DNU. “Cada vez más gente que no tiene para pagar el alquiler se va al sector informal, en hoteles, pensiones y villas”, enfatiza Krein y asegura que planean una afichada en las próximas semanas para poner en agenda el tema.
“Hay que poner el foco en la vivienda ociosa”, continúa. “Nuestra línea es que el Estado tiene que hacerse presente en los terrenos que están desocupados y accionar garantizando una vivienda a aquellos que no pueden costearla por problemas económicos”. Las tres entrevistadas entienden que el género es una capa más de sentido, una pátina que se le agrega al conflicto habitacional y que perpetúa contextos de violencia cuando la víctima depende económicamente del atacante. “Las compañeras que sufren violencia de género muchas veces tienen que exponerse a seguir viviendo con el agresor porque casi ningún alquiler las acepta con chicos. Si esa compañera para no morir agarra a los pibes y se va a la calle, el gobierno interviene y le quita a los hijos. Antes era más en tono de amenaza pero ahora es una realidad en primera instancia”, afirma la integrante de Consejerías de Vivienda.
“Con este hecho se nos enciende una alarma que obliga a pensar cómo disputamos estos sentidos para poder existir”, reflexiona Montes Páez. “No se trata de existir desde un lugar metafísico o discursivo, sino en un lugar ontológico, entendiendo que nuestras vidas tienen que ser dignas”, culmina.
La asamblea de lesbianes autoconvocades por Barracas está pidiendo aportes y donaciones a través de transferencia al alias ACIVIL.NIUNA.MENOS – CBU 1910027855002701341732 – Número de cuenta corriente 191027013417/3 con el asunto “lesbianas”. Desde el exterior por paypal pcortes@untref.edu.ar
