Estrangular a las provincias

✂️ El gobierno de Javier Milei recortó drásticamente las transferencias a las provincias. ¿Cuál es el impacto de este ajuste y qué escenarios se pueden suceder en los territorios?

Como resultado de la aplicación del plan económico del gobierno de Javier Gerardo Milei, que consiste en sostener a rajatabla un superávit nominal, las transferencias del Estado nacional a los gobiernos provinciales y municipales «cayeron 89,5% en los primeros cuatro meses del año, al totalizar los $108.997 millones». Según consta en el análisis mensual de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer cuatrimestre del año pasado, ese monto había alcanzado los $295.920 millones.

Lo que en un contexto discursivo y publicitario parece ser una buena noticia, es en rigor una calamidad. La Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, sancionada el 07/01/1988, sostiene en su Artículo 5 que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las Provincias (…) se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación”.

Es decir, los ATN son fondos para situaciones extraordinarias. Ahora bien, dada la estructura económica de las provincias de la República Argentina, que generan el total de la riqueza nacional pero que se quedan con poco más del 50% de ella, el concepto de situación extraordinaria debe ser analizado en un contexto real. Es decir, a partir de la administración de Carlos Saúl Menem, las provincias recibieron la transferencia de todos los servicios educativos así como de numerosos establecimientos de salud pública (proceso que culminó en el año 1992 con la transferencia de 19 hospitales nacionales a las respectivas administraciones locales),lo que puso una carga muy superior a los presupuestos provinciales que existían al tiempo de dictarse la ley de Coparticipación Federal.

Precisamente, para poder afrontar esta nueva coyuntura de los presupuestos provinciales y municipales, se empezaron a sobreexigir los ATN, ya que las alícuotas de coparticipación no fueron incrementadas. Esto supone que la idea de emergencia, no debe ser pensada sólo como una inundación, un incendio, una plaga, sino también como una nueva estructura de gastos a la cual la estructura tributaria de las provincias no está adecuada y que crea problemas estructurales en sus presupuestos.

A esto se suma el incremento de la pobreza y miseria, suscitado por las medidas implementadas por el gobierno de La Libertad Avanza, que obligó a realizar tareas de beneficencia y solidaridad públicas, que también recaen sobre los presupuestos provinciales. Por otro lado, también forma parte de la llamada emergencia el estado calamitoso de la infraestructura civil -carreteras, acueductos, redes de transporte de energía, redes de telecomunicaciones, infraestructura sanitaria, infraestructura escolar, etcétera. Mucha de esta infraestructura civil ha pasado su tiempo de vida útil y exige inversiones importantes para su mantenimiento de reemplazo, situación encontrada con la decisión del Gobierno nacional de suspender toda la obra pública.

En ese contexto, una reducción a casi la mitad de los ATN, coincidente con una inflación importante en el período 2023 su aceleración durante la gestión Milei, ponen a las provincias en una extrema desfinanciación y vulnerabilidad, y abren la puerta a operaciones oscuras, en donde el gobierno nacional parecería querer disciplinar a las provincias con la conocida técnica de la zanahoria y el garrote.

Esta reducción de transferencias de los ATN a las provincias no es sino una marca de una gestión que claramente sólo privilegia una regla nominal, con la hipotética idea de que esto va a fundar un vergel en el cuál lloverá una tormenta de inversiones atraídas por la maravillosa contabilidad creativa del gobierno nacional, que toma como una externalidad negativa, y por tanto excluye de su virtuosa ecuación, el empobrecimiento de sus habitantes, a fin de buscar la sumisión y obediencia a los gobernadores.

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