Con especial preocupación por la situación de 3500 jóvenes sin familia que perciben el PAE, Programa de Acompañamiento al Egreso, la diputada nacional Mónica Macha presentó un proyecto para declarar la Emergencia de las Personas Beneficiarias de Prestaciones Sociales.
La iniciativa abarca la totalidad de los beneficios que otorga el Estado nacional a personas con discapacidad; personas jubiladas y/o pensionadas; personas con enfermedades crónicas, de tratamiento prolongado y/o graves; personas víctimas de violencia de género; así como la totalidad de los programas en materia de empleo y programas de asistencia, de cualquier índole. “Alrededor de 3.500 chicos y chicas sin cuidados parentales dependen del Programa que asiste a quienes alcanzan la mayoría de edad en hogares y deben enfrentar la adultez en soledad”, afirmó la diputada en sus redes sociales.
El programa existe hace casi siete años e involucra a chicos y chicas que vivieron en instituciones de cuidado por alguna medida de protección especial del Estado. “Necesitamos más derechos y menos crueldad”, es el eslogan que engloba la campaña.
La idea es que durante el plazo de 180 días declarada la emergencia, el Poder Ejecutivo tenga la obligación de reponer la totalidad de las prestaciones sociales que han sido suspendidas, reducidas o eliminadas a partir del 10 de diciembre de 2023, debiendo mantener a valores actualizados, conforme el Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado mensualmente por el INDEC. Además, el Poder Ejecutivo debe efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la Ley. Asimismo, exigen que se mantengan abiertas la totalidad de las sedes de los entes en los que se brindan prestaciones sociales.
“La situación de emergencia que atraviesan los colectivos sociales mencionados es patente y dramática. De allí la necesidad de que se reviertan de manera urgente las situaciones de injusticia inusitada que se están produciendo”, expresaron en los fundamentos del proyecto.
“Consideramos que las medidas paliativas que estamos proponiendo, por el plazo de 180 días, posibilitarán que se construya una especie de puente temporal que repare los derechos vulnerados, mientras tanto este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar el adecuado financiamiento de las áreas sociales involucradas en la discusión que debe efectuarse en torno al presupuesto 2025”, explica el texto. “Es un imperativo ético que trasciende filiaciones partidarias y que, desde nuestra óptica, puede ser el punto de partida de una Argentina menos cruel e indiferente”, afirman.
“Legislamos para cuidar a lxs que menos tienen frente a la crueldad de Milei. Legislamos porque frente al atropello del presidente, sostenemos la acción institucional de un poder del Estado”, reforzó la diputada en un posteo a través de su cuenta de Instagram. “Cuando hablamos de Estado y su rol imprescindible, hablamos de reparar las desigualdades y acompañar los proyectos de vida de todxs”.
