Tierra roja de rabia

🧐 La protesta de policías en Misiones mantiene en vilo al país. Docentes, trabajadores sanitarios, guardaparques y estatales de diferentes áreas, se suman al cuadro ardiente de una protesta con ribetes históricos en la provincia del equilibrio fiscal y los salarios deprimidos.

“No está como para tereré” asegura Ramón Amarilla, suboficial retirado de la Policía de la Provincia de Misiones, mientras calienta sus manos ante el fogón improvisado que llamea desde el asfalto de la avenida Uruguay. Tiene razón. No está para tereré. Es lunes y amanece. Pese al frío, el acampe de policías y familiares se mantiene frente al edificio del Comando Radioeléctrico, que, según Amarilla, “en ningún momento estuvo tomado”. 

Las carpas y gazebos se distribuyen por las veredas del tradicional barrio Palomar. Sobre ambos lados de la avenida Uruguay, se estacionan decenas de vehículos oficiales de la fuerza (incluso autobombas de Bomberos) y privados. Como pocas veces, hay móviles de señales televisivas de alcance nacional cubriendo el acampe y el conflicto: C5N, TN, América 24 y La Nación. 

La protesta salarial que empezó hace un par de meses de la mano de un pequeño grupo de policías retirados, hoy ya es un conflicto social, laboral y político de interés nacional. 

Llega el mediodía y los quince delegados que tiene el sector policial encabezando esta protesta, se juntan a un costado del Comando, entre el gentío que ya supera las dos mil personas. Irán caminando hasta la sede de la Jefatura de la Policía de Misiones, situada a unas pocas cuadras del acampe. Allí los recibirán representantes del gobierno provincial para continuar con las negociaciones salariales. “¡Cien o nada!”, clama el gentío al despedir a sus delegados. Ese es el porcentaje de incremento salarial que demanda el sector. Dos horas más tarde, Amarilla y los demás delegados se retiran de la Jefatura con semblante abatido. El periodismo presente se abalanza.  

“Fracasó el diálogo. Nos ofrecieron migajas. El gobierno provincial no dimensiona el sufrimiento de su pueblo”, sentencia Amarilla. De este modo, la escalada en el conflicto sumaba otro capítulo de desencanto y bronca para los policías protestantes, que se agregaba a la provocativa y finalmente inútil decisión de Ministerio de Seguridad de la Nación de enviar gendarmes y efectivos de Prefectura al acampe con la intención de amedrentar a los manifestantes. 

“Vinieron con la intención de lastimarnos. Si vuelven, selo decimos a la ministra, van a tomar palo de los misioneros”, le advirtió Amarilla a Bullrich tras la retirada de los efectivos de fuerzas nacionales. 

Al acampe y el reclamo de los policías se sumaron en los últimos días los trabajadores penitenciarios, de la educación, personal de salud pública y otros sectores de la administración central, estudiantes universitarios y hasta productores rurales. La consigna que aglutina es unívoca: recomposición salarial. 

“La maestra, el enfermero, los jubilados, la policía, absolutamente todos los trabajadores estatales, tenemos el mismo problema hace mucho tiempo: no nos alcanza la plata. Con los terribles aumentos de los últimos meses, miles de familias se endeudan para llegar a fin de mes”, afirmó Juan Carlos Benítez, enfermero y secretario general del Sindicato Unión de Trabajadores y Agentes Asistenciales de la Salud (SUTAAS), sector que también está en plena lucha con mesa de diálogo aún abierta con el gobierno provincial. 

La protesta salarial que empezó hace un par de meses de la mano de un pequeño grupo de policías retirados, hoy ya es un conflicto social, laboral y político de interés nacional. 

La jornada del martes volvió a empezar con bajas temperaturas. Esto no impidió la llegada de nuevos grupos de policías activos que llegan a Posadas para sumarse al acampe policial. La situación es tal, que hasta último momento había entidades bancarias que dudaban si abrir o no sus puertas ante la falta de efectivos en determinadas localidades de la provincia. 

El sector docente y sus organizaciones combativas, enardecidas por el acuerdo salarial firmado el lunes por el gremio UDPM, activaron asambleas y cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia. “La lucha no hace más que crecer. Es histórico lo que estamos viviendo”, asegura Tati Echagüe, educadora del municipio de Salto Encantado. 

En medio de este vendaval social, el gobierno provincial quemó la carta del aumento decidido unilateralmente, y activó mecanismos de comunicación tendientes a ponderar la recomposición otorgada a los policías. “Este nuevo aumento representa un 63% de incremento a sus ingresos en los últimos 4 meses”, esgrimió el ministro de gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez. 

Con salarios totalmente deprimidos en el sector estatal -y una amplia franja del sector privado-, Misiones es una provincia comandada políticamente desde hace 20 años por la coalición llamada Frente Renovador de la Concordia. Desde la asunción de Javier Milei en la presidencia, el gobierno provincial de Misiones mantuvo gestos y acciones ambivalentes con respecto a la gestión nacional. 

Por un lado, Misiones inició demandas judiciales contra el gobierno nacional ante la disolución de Fondo de Incentivo Docente y la quita de potestades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Pero al mismo tiempo, los legisladores que responden directamente al gobierno provincial apoyaron la aprobación en el Congreso de la Ley Ómnibus. Además, en las últimas semanas, tanto el gobernador Hugo Passalacqua, como el principal conductor del espacio gobernante, Carlos Rovira, se mostraron cercanos y receptivos con el ministro del Interior, Guillermo Francos. 

“Acá no hay ni habrá motivación política. Estamos pidiendo un salario digno para los policías, los docentes, los médicos, para todos. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, clama el principal delegado del sector policial, revolviendo una olla popular, mientras un país entero mira con atención la evolución del conflicto.   

“No vaya a poner mi nombre, pero decí que soy madre de un policía y una docente. Yo veo lo que sufren ellos, trabajan muchísimo pero llega el 20 y ya no tienen ni para comer. Es una angustia muy grande. La gente no merece vivir así”, pide una mujer mientras este cronista se aleja del acampe. 

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