La llamada “Ley de Bases” ha llegado hasta aquí chapoteando entre lodazales, en gran parte por la impericia del oficialismo, pero también gracias a una autopercibida oposición “dialoguista” que osciló en estos últimos meses según el grado de sumisión que mantuvo de manera más o menos orgánica con los grupos económicos y la red de acuerdos con el falso anarco capitalismo que promueve el gobierno libertario.
La aprobación de la norma -por cierto desnutrida respecto de su versión original, aunque no menos dañina- no hubiera sido posible sin la desorientación del peronismo al que el conjunto del movimiento obrero organizado le venía exigiendo un rol más protagónico en la discusión parlamentaria.
A la vista están los hechos. Además de los cambios en materia económica que traerán las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma del Estado y los cambios regresivos en materia laboral, se sumarán una abierta gama de limitaciones al derecho a la protesta y un paquete fiscal que reinstalará para más de 800.000 trabajadores el pago del impuesto a las ganancias, medidas (en particular éstas últimas) que pondrán a prueba la ductilidad de la CGT para administrar las tensiones endógenas, ante una embrionaria grieta que ya empezó a latir en la conducción de la central sindical respecto de cuál debe ser la relación a entablar con el gobierno de Javier Milei en esta segunda etapa.
No resulta extraño entonces que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y pronto embajador de la CGT en el exterior, no se haya sonrojado en la 112º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, haciendo pública hace algunas semanas una foto junto al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero. Lo llamativo del caso es que el sector de la construcción, ante la intempestiva suspensión de la obra pública, se ha convertido en el más afectado, con una pérdida aproximada de alrededor de 125.000 puestos de trabajo. Algo que parece utilizar a su favor, cuando hace unos días -en vísperas del tratamiento de la ley en Diputados- afirmaba: “Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan”, y remató con displicencia marcando el nuevo encuadre de la Confederación: “La CGT es un cuerpo colegiado que escucha a todos. Después, hay una mayoría que determina qué acciones tácticas se pueden desarrollar. Se va a tener en cuenta la voz de Pablo Moyano como la de otros dirigentes. Y la resolución será a través del consenso”.
La movilización al Senado mostró los dos estilos que conviven de manera desigual y combinada en el seno de la conducción cegetista. Basta con escuchar la voz de Andrés Rodríguez, secretario general de la UPCN que algo de experiencia tiene en el arte de dialogar con los distintos gobiernos, y en particular de los que abrazan las “ideas de la libertad” cuando señalaba hace unos días: “no teníamos por qué movilizar y menos mezclándonos con otros sectores que nada tienen que ver con nosotros”. Y agregaba: “Terminó en la calle con violencia, y si bien hubo una represión policial también hubo grupos que provocaron, y en esa nosotros no nos prendemos”. Estas recientes declaraciones contrastaron abiertamente con la actitud del dirigente camionero Pablo Moyano y otros gremios afines, quienes habían convocado con fuerza a las inmediaciones de la Cámara de Senadores en rechazo de la mencionada “Ley de Bases”.
Sin embargo, la cosa no queda ahí. Ganancias avecina con convertirse en un escenario de batalla. Jorge “Loma” Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del sur del Chubut y actual diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, subrayó: “Nosotros, apenas tengamos el primer descuento, le vamos a parar toda la actividad del país. No le tenemos miedo a la escarcha, no le tenemos miedo al frío y no le tenemos miedo a la muerte, menos vamos a tener miedo de enfrentar a este gobierno”.
En el mismo sentido, aunque con una estrategia de carácter judicial, el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo planteó en relación a la restitución del impuesto al salario: “En representación de la organización sindical que me toca conducir, estamos trabajando con los abogados para presentar la inconstitucionalidad. Es insólito que una cámara, una sola cámara, sea la que imponga un tributo en la Argentina. Esto es un sistema bicameral. Acá no debería estar ni tratándose este tema porque fue rechazado por el Senado”.
Excluidos de la normativa aprobada, los artículos que afectaban la estructura de financiamiento sindical y suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo, el capítulo laboral del decreto 70/23 quedarán expuestas ahora, las posiciones políticas y los intereses de los distintos sectores que conviven en un complejo equilibrio en el interior de la central obrera más importante del país. Quizá es como dice Moyano hijo: “La resistencia de los trabajadores la está encabezando la CGT y no se va a partir ni dividir y va a seguir confrontando las políticas de Milei”.
El escenario parece un tanto más contradictorio. Aunque hasta ahora la acción sindical ha sabido manejar el timing de la disputa gubernamental con precisión quirúrgica, de aquí en adelante sufrirá, con seguridad, una nueva configuración, que exige como contrapartida la emergencia de un liderazgo político en el campo nacional y popular que pueda traducir políticamente lo que vocifera la calle.
