Son las tres y media de la tarde en la siesta riojana de ese 3 de junio del 2015. Somos aproximadamente siete chinitas en un departamento de la calle Adolfo E. Davila de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja esperando el llamado de la TV Pública. Ese día, la señal estatal hacía un programa especial donde entrevistaban a las organizadoras de todos los Ni Una Menos de todo país. El fenómeno no solo sucedía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega el llamado, pero no nos podemos conectar. Mientras tanto escribimos: “Compañeras tengamos bien en cuenta que delante va la bandera de Ni Una Menos La Rioja con la familia de Romina y Peli. Que ninguna funcionaria se ponga al frente. Recuerden no responder a insultos o provocaciones de los grupos de Covian» (en referencia a un conocido abogado antiderechos).
El movimiento Ni Una Menos surgió en aquel 2015 luego de la indignación nacida por el femicidio de Chiara Páez, sucedido el 10 de mayo. La joven de 14 años fue brutalmente asesinada en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. En busca de Justicia por Chiara fuimos encontrando a otras. En febrero de ese mismo año asesinaron a Romina Ríos en La Rioja, una joven de 18 años que recibió un tiro por la espalda del arma de Pepe Ortiz, un egresado de la Escuela de Policía provincial.
Ni Una Menos fue una ventana que encontramos las militantes feministas para irrumpir en la agenda pública. En La Rioja, el feminismo estaba dando sus primeros pasos y ésta era una oportunidad para mostrar que no eran casos aislados las muertes y desapariciones de mujeres. Era una problemática que nos involucra a todos.
Termina el llamado y nuestros celulares explotan. Los mensajes a la página no paraban de llegar: “¿Puedo ir con mi hermanito a la marcha? En los grupos de Facebook de Vinchina dicen que no pueden ir varones”. “Chicas somos de Guandacol y no llegamos a la marcha pero hicimos carteles aquí. Ojalá lo puedan publicar”.
La Plaza 25 de Mayo, justo en el centro de la Ciudad, comenzaba a llenarse. La organizadoras nos movíamos con cuidado en las notas porque siempre nos preguntaban sobre el aborto. En una estrategia conjunta, decíamos que eran discursos para dividirnos. En una provincia profundamente católica, el debate del aborto requería un poco de discusión y profundidad. Las maniobras de boicot o desprestigio de la marcha venían de parte de los abogados antiderechos como Juan Carlos Pagotto , hoy senador, y otros personajes conversos en libertarios.
Para una provincia como La Rioja, que tiene en su haber casos de trata de personas como los de Peli Mercado y donde existen claros indicios de que allí estuvo secuestrada Marita Verón, que las mujeres, sus vivencias y exigencias tomaran las calles masivamente era un hecho político a priori. De la marcha participaron gremios, estudiantes y hasta diputadas abiertamente antiderechos que tuvieron que asistir porque faltar les implicaba un costo político. El lema “Ni Una Menos” inundó la opinion pública con una demanda común: no morir.
“Femicidio”, “violencia de género” y “machismo” -entre otras palabras- comenzaron a construir un significante que sólo se logró con la movilización masiva. Las violencias que vivimos día a día las mujeres comenzaron a ser nombradas. Todos estos logros toman más relevancia cuando se dan en el interior de nuestro país.
Nuestras conquistas
A nivel nacional se logró que después del Ni Una Menos, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación iniciara el Registro de Femicidios, una de las principales demandas de la primera marcha de «Ni Una Menos», ya que antes de 2015 no existía un registro oficial. Hasta ese momento, eran las organizaciones de la sociedad civil las que se esforzaban por visibilizar esta grave realidad año tras año.
En 2017 se presentó el Primer Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género, cuya elaboración e implementación también fue una exigencia del movimiento «Ni Una Menos». Este plan coordina todas las políticas nacionales para prevenir, atender, proteger y reparar los hechos de violencia de género.
En 2018 se aprobó la Ley 27.452 -conocida como Ley Brisa-, que establece un régimen de reparación económica y cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes cuya madre o persona responsable de su cuidado haya fallecido a causa de violencia de género. Ese mismo año se sancionó la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela en honor a Micaela García, una víctima de femicidio. Esta ley impone la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todos los trabajadores de los tres poderes del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal.
En 2018 también se trató por primera vez en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que finalmente fue aprobado por el Senado argentino el 30 de diciembre de 2020, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.
En 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Esta creación fue una victoria para el movimiento de mujeres, ya que elevó la agenda de género a un rango ministerial, promoviendo una mayor participación en la toma de decisiones, fortaleciendo los recursos y aumentando la capacidad de incidencia y acción.
En 2020 Argentina adhirió al Convenio 190 de la OIT mediante la Ley 27.580, para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Este convenio considera la violencia y el acoso laboral como una violación de los derechos humanos de los trabajadores, reconociendo su impacto especialmente en mujeres y diversidades.
Finalmente, en 2022, se publicó la primera encuesta de prevalencia de las violencias en el país, proporcionando estadísticas que evidencian la magnitud del problema.
Todas estas políticas tuvieron su impacto a nivel local. En la Justicia de La Rioja se crearon oficinas especializadas para la atención de la violencia de género, en la Universidad Nacional de La Rioja protocolos para el abordaje en los casos de violencia y el movimiento feminista desembarcó con sus discusiones y debates. Nada volvió a ser igual.
La plaza colmada, las columnas no paraban de entrar para escuchar el documento que tímidamente habíamos hecho las activistas: “La Rioja adhiere a esta iniciativa. En nuestra provincia son muchas las niñas, adolescentes y adultas que sufren violencia en los noviazgos, en los hogares y en diferentes ámbitos, lo que desencadena en la última instancia de la violencia de género que es el femicidio. Tal es el caso de Romina Rios, Rita Narbona, Ramona Montivero y otros más”.
