Luego de ser desjerarquizado y rebajado al cargo de Subsecretaría, la semana pasada el gobierno libertario anunció el cierre definitivo de lo que quedaba del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La noticia fue informada por Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, quien absorbería bajo su ala parte de las tareas que realizaba el Ministerio. “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”, aseguró Cúneo. La cartera estaba a cargo de Claudia Barcia, la fiscal que anunció su renuncia luego de ser informada por WhatsApp de la no continuidad del organismo.
La noticia tuvo eco nacional e internacional, ya que se trata de la primera vez en 40 años de democracia en la que un gobierno elimina la institución encargada de la prevención y el abordaje de las violencias de género. Según fundamentó ELA en su informe “Estado de alerta. Monitoreo de políticas contra la violencia en Argentina entre diciembre – mayo de 2024”, el gasto en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue en los primeros meses del gobierno anarcocapitalista un 33% más bajo que el año pasado. “Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%”, explicaron.
“Con el nuevo gobierno los contratos que eran a un año pasaron a durar solo 3 meses, lo que impactó fuertemente en la salud mental de los trabajadores, que periódicamente se enfrentan a la incertidumbre de no saber a dónde irá a parar su destino laboral”, cuenta Luciana Pájaro, trabajadora de la línea 144. “Los contratos que se tenían por parte de organismos internacionales para cumplir políticas de género no se renovaron y las personas que pasan a la cartera de Justicia serían 100 trabajadores de un total de 560. Cuando terminamos la gestión anterior, éramos 1200 personas contratadas bajo diferentes modalidades”, continúa.
El cierre del ex Ministerio y la posterior Subsecretaría significa, entre otras medidas, la pérdida del programa Acompañar que, entre septiembre de 2020 y noviembre de 2023, realizó una inversión de más de $100.640.000 para ayudar a independizarse económicamente a las mujeres y personas LGBTIQ+ que sufrían violencia de género. Durante su gestión y gracias al Ministerio, accedieron al programa más de 352.000 personas en situación de violencia de género de todo el país.
“La violencia de género es un círculo y cuesta mucho salir cuando no hay sustento económico. Es lo que lleva a muchas mujeres a quedarse con el agresor. Es un disciplinamiento para mujeres y diversidades negar la existencia de estas violencias”, explica Luciana, quien también hace referencia a la importancia de conseguir un empleo formal en el Estado para la comunidad travesti trans. “El desguace nos afecta a todos porque es transversal. La reacción tiene que ser unívoca de los feminismos en las calles y en unidad. Estamos combatiendo algo que es mucho más fuerte que las diferencias internas que pueda haber en el movimiento”, señala.
Si bien la Línea 144 quedaría a cargo de Justicia, poco se sabe de la manera en la que será gestionada. Esta línea se creó en el año 2013 y se ha consolidado como fuente de información confiable y extendida con alcance federal. Según la encuesta Percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, realizada en 2023, la línea es el segundo dispositivo de atención más conocido entre las víctimas de violencia, siendo mencionado por el 85,4% de las mujeres encuestadas, muy por encima de los organismos de la policía. Entre 2019 y 2023, la Línea 144 recibió más de 1 millón de comunicaciones.
“La Línea 144 es un momento de contención primaria, pero si no hay políticas públicas de acompañamiento no funciona. Si la persona no es solvente económicamente, es muy difícil que salga de ahí”, enfatiza la trabajadora. “La brecha salarial continúa, los techos de cristal siguen estando allí. Si no hay políticas públicas para las personas que intentan salir de la violencia, igual se chocan contra una pared”.
Por otra parte, con el fin del Ministerio se acabarían los traslados interregionales de personas en situación de violencia por motivos de género y de familiares, un programa creado en marzo del 2021 gracias a un convenio entre el MMGyD y Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de establecer acciones coordinadas para llevar adelante traslados interregionales de personas en situación de violencia por motivos de género y de familiares y/o personas del círculo de confianza. Según el informe de gestión del ex MMGyD, en el marco de ese convenio se realizaron más de 180 traslados para el acompañamiento de personas en situación de violencia e hijas/os. “Al negar la violencia de género, nos quieren hacer creer que es lo mismo una mujer que está siendo violentada por su pareja que dos vecinos que se pelean. Estamos volviendo a algo inimaginado si pensamos que hace poco estábamos festejando el aborto”, asegura Pájaro.
Sobre por qué es importante tener un gobierno con perspectiva de género, Luciana explica que es necesario porque lo patriarcal sigue presente en muchos de los espacios de poder. “No es lo mismo la realidad de una mujer blanca universitaria que la de una persona que no pudo acceder a los estudios y esto también interpela a los feminismos”, apunta.
“Es parte de la política de este gobierno negar los femicidios, travesticidios y lesbicidios, palabra que aún les cuesta usar”, explica indignada Luciana. “La disolución de la Subsecretaría nos afecta como trabajadores más allá de nuestro puesto laboral porque implica la incapacidad de ayudar a muchas personas. Son los discursos de odio los que se siguen reproduciendo en estas medidas”, resume la trabajadora que enfatiza: “Este ministerio no fue magia, fue una conquista”.
Una reunión para escuchar todas las voces
Con este conflicto como telón de fondo, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Mónica Macha, realizó una reunión informativa transversal, intersectorial e interpartidaria para trabajar en estrategias legislativas y judiciales que garanticen las políticas de género en el marco de la disolución del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. De la misma participaron figuras tales como Nelly Minstersky y Nina Brugo, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto; Dora Barrancos, socióloga e historiadora; Elizabeth Gómez Alcorta, primera Ministra de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación; y Virginia Franganillo, primera titular del Consejo Nacional de la Mujer, entre otras.
En este encuentro se escucharon voces que provenían de distintos espacios con diversas ideologías, pero con una gran coincidencia: no se puede regalar lo obtenido en base a esfuerzos de todo el colectivo.
“Necesitamos retomar con toda la fuerza las calles compañeras, porque es ahí también contra el DNU, contra de la Ley Bases, y por la defensa por todos los derechos que hemos conquistado», dijo en la reunión Estela Diaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
“Nosotras tenemos que levantar la cabeza, no solo por lo logrado, sino porque nosotras debemos reconstruir la esperanza federal que llegue a cada una de las casas y cada una de las mujeres qué está en esta patria, no estamos perdidas», aseguró Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres en el periodo 2011-2015.
«Nada es más caro que la sostenibilidad del sistema patriarcal, nada es más caro que la divergencia brutal qué presenta el sistema patriarcal, nada es más caro que la violencia», enfatizó Dora Barrancos.
Si bien nadie quita la posibilidad de mejorar las políticas implementadas por el Ministerio, durante la gestión se financiaron 253 proyectos productivos de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género a través del Programa Producir, 234.710 personas del Sector Público Nacional fueron formadas en la Ley Micaela, más de 30 mil mujeres y personas LGBTI+ fueron acompañadas y asistidas por los 59 equipos interdisciplinarios del Programa Acercar Derechos y se formalizaron más de 39 mil trabajadoras de Casas Particulares a través del Programa Registradas, lo cual significa ganar beneficios para un gran sector de la población históricamente relegado.
En ese sentido, la diputada Mónica Macha aseguró durante la reunión en el Congreso: “Pueden sacarnos la institucionalidad, pero no van a lograr detener la lucha feminista. Necesitamos estar unidas, coordinadas, para defender los derechos y las políticas conseguidas. Proponemos un espacio colectivo y transversal en donde podamos trabajar de manera regular una agenda de temas prioritarios. Así construye el feminismo”.
