Apenas un día después del Ni Una Menos que volvió a llenar las calles de todo el país, dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se enteraron por medio de los directivos de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs.
Con este recorte, más de 400 personas se quedarán sin trabajo y la única área que ha quedado después de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quedaría en funcionamiento con apenas 100 trabajadorxs.
«Nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general», señalaron los y las trabajadoras del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
«Venimos dando una pelea sin tregua sobre nuestras condiciones laborales. Con una política violenta de renovaciones trimestrales, cientxs de nuestrxs compañerxs fueron despedidxs entre diciembre y marzo pasado. A esto se le suma el cierre de la sede principal del ex MMGYD que impide que un gran conjunto de trabajadorxs tenga un espacio físico donde realizar sus tareas diarias», agregaron.
Desde ATE señalaron la responsabilidad de la actual subsecretaria Claudia Barcia, que comunicó el vaciamiento del área mediante estos despidos un día después del noveno aniversario del Ni Una Menos. Al tiempo que miles de mujeres se movilizaban reclamando una mayor responsabilidad del Estado en el abordaje de las violencias y en la construcción de respuestas integrales, la gestión libertaria le daba otra estocada al área.
Actualmente las políticas públicas que la cartera sigue teniendo bajo su responsabilidad en cumplimiento de la normativa vigente, como la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499), se encuentran cada vez más vaciadas producto de los recortes presupuestarios que el Gobierno asumió en forma deliberada.
