Una votación ajustada que se definirá por un puñado de indecisos. La posibilidad de que la sesión se caiga a último momento. Si se aprueba la votación en general, ¿qué sucederá con la votación en particular? Los escenarios de cara al tratamiento de la Ley Bases en el Senado son múltiples y lo que prima es la incertidumbre. Como suele pasar en el recinto de la cámara alta, la discusión de las últimas horas no es tanto ideológica sino de obtención de favores para sacar algún rédito personal o ganar algún beneficio para la provincia a la que estos senadores representan. Por ello no sorprenden las dádivas con tufo a corrupción de un Gobierno que se jacta de ser transparente: a la senadora neuquina Lucila Crexell, por ejemplo, le ofrecieron la embajada ante la UNESCO en caso de votar de manera afirmativa.
El poroteo viene parejo: los 33 del peronismo permanecen como férreos opositores a la Ley Bases. Los del PRO (13) y los libertarios (7) necesitan a la UCR (13), que suele venderse al mejor postor pese a sus discursos pasionales. Pero para definir el resultado pesan fuerte los provincialistas, los «peronistas» librepensadores y algún radical díscolo. Entre los indecisos aparece Carlos «Camau» Espínola, Edgardo Kueider, Alejandra Vigo y hasta el propio Martín Lousteau. Cada uno con su propio juego e interés, irán hacia donde sople el viento.
Al igual que en otras sesiones históricas, como la reforma previsional de 2017, las calles serán un hervidero. Las organizaciones populares movilizan desde temprano y apelan a la masividad para intentar convencer hasta el último de los senadores indecisos. Esta vez no primó la unidad total: la CGT no emitió un comunicado de convocatoria a la movilización, lo cual generó la ir de Pablo Moyano frente al resto de la cúpula cegetista. En cambio, la CTA en su conjunto y organizaciones como La Cámpora, el Evita y el Partido Obrero llamaron a sus bases a copar el centro porteño y otras ciudades del país.
¿Qué se vota en el Senado?
La propuesta de la Ley Bases que obtuvo dictamen de comisiones en la cámara alta tiene 238 artículos, poco más de un tercio de la versión original. Ya obtuvo media sanción en Diputados el pasado 30 de abril. La iniciativa está dividida en 10 títulos, entre los que se destacan delegación de facultades (superpoderes para el Presidente), desguace del Estado, destrucción de derechos laborales, entrega de bienes naturales a partir del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y reformas previsionales.
El texto contiene un anexo con las empresas públicas sujetas a privatización o a concesión. Se incluyó a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria, entre otras. El proyecto incluye además la derogación de la moratoria previsional y crea la Prestación de Retiro Proporcional, que consiste en un haber mensual que representa el 80% del haber mínimo jubilatorio. En nuestro país, cuatro de cada cinco jubilados dados de alta requirieron una moratoria debido a la alta tasa de informalidad laboral.
En cuanto al RIGI, ofrece un compendio de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para las grandes inversiones en minería y energía. Los proyectos deben concretar el 40% de la inversión en los próximos dos años. A cambio, tienen beneficios tributarios por los próximos 30 años y después de los primeros siete años, las utilidades que giren al exterior pagarían 0% de impuestos.
Finalmente, el proyecto de ley también establece la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, delegando facultades legislativas por el mismo plazo al Poder Ejecutivo. Este empoderamiento habilitará al presidente argentino a tomar decisiones sin necesidad de aprobar leyes.
