Un reclamo por los detenidos y para que se respeten las reglas de la democracia

✊Luego de la conferencia de prensa con la participación de distintos sectores del peronismo y la izquierda, se presentarán nuevos recursos para exigir la liberación de las 16 personas que permanecen detenidas tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado.

De las 33 detenciones arbitrarias del pasado miércoles 12 de junio, mientras el Senado aprobaba la Ley Bases y gran parte del pueblo se manifestaba en defensa de sus derechos, a 16 les negaron la excarcelación y permanecen detenidas, mientras que a 17 les otorgaron la libertad. La resolución a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría se dio a conocer anoche, 14 de junio, alrededor de las 20 horas.

“Estábamos vendiendo empanadas en la marcha y cuando la policía vino agarró a mi esposo (de 64 años) al voleo. Mi hija vio que lo habían tirado al piso y ahí también mi nieta salió corriendo a salvarlo”, relató a El Grito del Sur Leonor Albornoz, madre de Belén Ocampo (28), abuela de Mía Ocampo (18) y esposa de Remigio Ramón Ocampo, tres de las personas que estuvieron privadas de su libertad, que son vendedores ambulantes y que figuran en la lista de excarcelados. 

Silvia Pelozo integra la Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) y es abogada defensora de Ramona Tolava, una empleada doméstica de 56 años, y de Lucía Puglia, estudiante de la Universidad de Hurlingham, que estaban participando de manera independiente de la movilización cuando empezaron a reprimir. “Fueron a cubrirse de los gases lacrimógenos y de las balas de goma detrás de un auto y mientras estaban resguardadas las detuvieron”, detalla. 

En diálogo con este medio, Pelozo señala que “las imputaciones simplemente por haber participado de una manifestación son gravísimas”, que en general son todas bastante similares y que la figura específica que está en el Fuero Federal es “intimidación pública, atentar contra el orden constitucional y evitar que se realicen las sesiones en el Congreso”. Desmenuza que para poder decir que sus defendidas “pusieron en riesgo el orden constitucional tienen que haber determinadas acciones que lo expliquen, y la conducta que detallan las imputaciones es que “tiraron piedras”, pero no explican cómo, ni las implicancias ni la relación de esa situación con el impedimento de una sesión en el parlamento, o que hayan existido incendios en el Congreso. Además, con el agravante de que las mujeres detenidas en ningún momento tiraron piedras. 

El expediente que se encuentra bajo el fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el jueves pasado se declaró la incompetencia y pasaron al Fuero Federal. Es por eso que en la jornada de ayer se presentaron las excarcelaciones que tuvieron dictamen en horas de la noche. 

“Terrorismo y sedición” son las principales imputaciones, en una escala directa a las reminiscencias de figuras que se utilizaban durante el genocidio de Videla y compañía cuando las desapariciones, fusilamientos y detenciones tenían esa calcada categoría. “Intentar federalizar estas causas desde lo jurídico es abogar para llegar al estado de sitio”, contextualiza en esa línea Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de UTE.

Juan Ignacio Spinetto es uno de los docentes detenidos que no obtuvo la liberación. En contacto con El Grito del Sur, Mariana Scayola, secretaria General de Ademys, compartió la campaña por el compañero detenido “que está en varias escuelas por la condición de precariedad en la que están los trabajadores de la educación”. Scayola puntualizó que “los propios chicos hicieron carteles (en apoyo a su maestro)”; además, desde el gremio estuvieron presentes en la comisaría, en la conferencia realizada en la jornada de ayer en Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) y en Comodoro Py “donde la presencia de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada en relación a los que éramos”, precisó. 

La abogada perteneciente a Correpi, María del Carmen Verdú, detalló a este medio que “las personas privadas de su libertad fueron y están siendo defendidas por distintos equipos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Cadhu y algunas otras organizaciones y en casos como los del docente Juan Ignacio Spinetto las familias optaron por abogados de su confianza y en muy poquitos optaron por la defensa oficial”. 

En la conferencia desarrollada en el SerPaJ primó la diversidad de voces y se insistió en la urgencia de aunar fuerzas en pos de la difusión acerca de la gravedad de las represiones y exigir la inmediata liberación. La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina del Plá, mencionó lo necesario de hacer una campaña internacional con todas las organizaciones sindicales, políticas y de Derechos Humanos con presencia en otros países “y elevarla a organismos internacionales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que actúen sobre el Estado argentino y den a conocer la violación a los Derechos Humanos que el gobierno de Milei está cometiendo”.

“Si no intervenimos, la situación puede no tener un límite concreto. Esto no se va a resolver por las redes sociales o protestando en un grupo de WhatsApp, estamos frente a la anulación de las libertades democráticas tal y como las hemos conocido hasta ahora”, remarcó la diputada trotskista.

A su turno, la legisladora de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, subrayó las implicancias de “la represión desmedida, y lo que a partir de la denuncia del fiscal Stornelli se imputa por la gravedad institucional”. En torno al procedimiento de acción, instó a “seguir en el reclamo y en la lucha exigiendo que se respeten las reglas de la democracia”.

Los nombres completos de la lista de a quienes se les denegó la excarcelación son: David Sica; Patricia Calarco Arredondo; Juan Ignacio Espinetto; Camila Belén Juarez Oliva; Nicolás Daniel Mayorga; Saya Jazmín Lyardet; Héctor David Mallea; Cristian Darío Ferreira; Juan Pablo Colombo; y María de la Paz Cerruti. Además de las de: Ramona Tolaba; Lucía Belén Puglia; Cristián Fernando Valiente; Facundo Ezequiel Gómez; Roberto María de la Cruz y Gabriel Formulari. Todos ellos permanecen detenidos.

La orden de libertad fue para: Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martin Di Roco, Mateo Latorre, German Moyano, Fernando Klaus Leone; Ricardo Shariff Sleme; Diego Ignacio Iturburu; Román Esteban Méndez. Como así también para: Luis Alberto de la Vega; Belén Yanina Ocampo, Ramón Remigio Ocampo; Matías Lionel Ramírez; Santiago Adano y Brian Ezequiel Ortiz.

La calificación de los hechos prescriptos por el fiscal Carlos Stornelli son: delitos de intimidación pública, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, incitación a la violencia colectiva, atentado y resistencia a la autoridad y perturbación del orden de decisiones del cuerpo legislativo. En torno a cómo seguir, la abogada y militante por los Derechos Humanos, Silvia Pelozo, adelanta que en principio desde CADeP “presentarán un recurso para solicitar que la Cámara de Apelaciones revise la resolución realizada por la jueza (Servini de Cubría)” y se mantendrán a la espera de una nueva resolución.

Compartí

Comentarios