Baja de la edad de punibilidad: apuntes desde una perspectiva antipunitivista

🚔 Después de que Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona presentaran un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, El Grito del Sur dialogó con especialistas antipunitivistas para ampliar la perspectiva sobre un tema ríspido en la política y en la sociedad.

“Cumpliendo con el mandato del presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen”, se vanagloriaron hace algunas semanas integrantes del gobierno de La Libertad Avanza.

La iniciativa no es original ni novedosa y, en línea con las políticas oficialistas, se esperaba que tarde o temprano apareciera este tema. Sin embargo, al pronunciar las palabras éstas suenan como puntiagudos trozos de vidrio. “Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”, continuaron en el sitio web oficial.

Si bien la agenda punitivista no comenzó con el nuevo gobierno, esta vez llega al Congreso un proyecto que involucra a los ministerios de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, y la cartera de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Se trata de un nuevo “Régimen Penal Juvenil” mediante el cual los y las adolescentes de entre 13 y 18 años podrán ser imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. Los mismos deberán cumplir penas de hasta veinte años de prisión encarcelados en «establecimientos especiales» o «secciones separadas» dentro de los complejos penitenciarios. De esta manera se baja la edad de punibilidad, fijada en los 16 años desde el año 1980. «Nuestra sociedad no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia», explicó Patricia Bullrich.

“Definitivamente, ésta no es la respuesta para mejorar la situación de delitos en la juventud”, afirmó Ayelen Stroker, referente de la Cooperativa Esquina Libertad, una organización formada por privadxs de la libertad, liberadxs y familiares. “Tenemos antecedentes de cómo repercuten las políticas punitivas en la sociedad con las leyes Blumberg, la ley Petri en Mendoza o la modificación de la ley 24.660 a nivel nacional, que nos llevó en 2019 a declarar la Emergencia Penitenciaria. Esto no sólo no resolvió sino que agravó la realidad en las cárceles, donde no se llega a tener las condiciones básicas que necesitan las personas privadas de la libertad”, aseguró. Según Stroker, esto es peor aún en los adolescentes, que no logran culminar su desarrollo y tienen más dificultades para la vinculación. “En lugar de políticas de encierro, se deberían pensar intervenciones en cuanto a salud, educación y género que permitan el tratamiento de posibilidades alternativas”, añadió. 

Las consecuencias de la baja de edad de imputabilidad en la juventud

Claudia Cesaroni es abogada, especialista en derechos humanos y trabaja desde una perspectiva anti-punitivista. En reiteradas ocasiones recibió el odio por redes sociales cuando se posicionó sobre la obsolescencia de las cárceles como dispositivos sociales de resolución de conflictos. Ella considera que este proyecto es «grave», ya que incumple tratados de orden constitucional avalados por la reforma de 1994, donde se elogia a aquellos países que tienen su edad de punibilidad más alta. Esto sucede porque los adolescentes aún están en formación y no serían capaces de percibir el riesgo de la misma forma que un adulto.

“Primero hay que aclarar que no hablamos de jóvenes sino de adolescentes. Esto no es menor, ya que estamos hablando de una franja que está amparada por la Convención de los Derechos del Niño, un tratado con jerarquía constitucional. La discusión es desde qué edad y con qué régimen serán juzgados esos niños. Los que venimos trabajando hace tiempo con estos temas consideramos que hay que crear un nuevo régimen para adolescentes, ya que las leyes vigentes vienen desde la dictadura, pero manteniendo la edad mínima de punibilidad en 16 años. Antes de esa edad tienen que intervenir otras entidades que no son el sistema penal”, afirmó. Para contextualizar, Cesaroni explicó que estas medidas surgen en el seno de un gobierno donde el objetivo es destruir el Estado, especialmente para los sectores más vulnerados, y criminalizar la pobreza. “Al mismo tiempo quieren hacer votar a los pibes y pibas de 14 años. Es una doble vara para la cual no están preparados”, afirmó la abogada.

«Yo No Fui» se describe a sí mismo como un colectivo popular, transfeminista y abolicionista penal. Una cooperativa, escuela, editorial, colectivo audiovisual y espacio de segundeo. Muchas de las personas que lo conforman tuvieron un paso por el sistema carcelario. Para ellas, la baja de la edad de punibilidad es un nuevo aplastamiento que recae sobre poblaciones vulneradas. En ese marco explicaron: “Lxs pibxs quedan a merced de la estigmatización del resto de la sociedad, de la mirada punitiva de la policía, de la burocracia judicial, de su desidia y de la crueldad del sistema penitenciario. No es a través de la pena que debamos hacerlos responsables. Es mucho más incómodo preguntarnos socialmente: ¿por qué pibes de 13 años, que están terminando la escuela primaria, deben ir a delinquir para llenar el plato de comida de toda la familia? o ¿Por qué el delito es una opción ante la falta de redes afectivas, espacios o propuestas que los cobijen?”.

“Definitivamente no es el encierro la política correcta con los jóvenes”, defendió Ayelén. La experiencia de la cooperativa Esquina Libertad demuestra que el encierro trae más dificultades para que los pibes terminen de forjar su personalidad y creen estrategias de vida. La estigmatización, la falta de oportunidades laborales y la pobreza muchas veces terminan en la reincidencia. Para contrarrestar este panorama, ellos llevan a cabo políticas de acompañamiento y formación en distintas áreas, que permiten otro tipo de desarrollo. “Es necesario pensar alternativas al encierro, espacios de contención cultural, como hacemos desde la Cooperativa Esquina Libertad”. Esta política va en coincidencia con la precarización de la vida que enarbola el gobierno actual y que lleva, no solo pero sí en gran medida, a las personas pobres a una situación de vulnerabilidad tal que terminan por incurrir en el delito. “Los pibes no tienen otra opción, no es verdad que se levantan un día con ganas de ir a delinquir”, sentenció.

“Desde la creación de las cárceles hasta la actualidad, los índices de encarcelamiento no han hecho otra cosa más que aumentar”, aseguraron desde Yo No Fui. “Cada vez hay más personas privadas de libertad y los índices de ¨delito¨ no disminuyen. Las cárceles son una forma de poder político. Se cree que las cárceles son un modo de resolución de conflictos a modo de pedagogizar socialmente”, añadieron. “Como revelan personas que pasaron por la privación de la libertad, las cárceles son centros de tortura que están legalizados. En nuestro país, las cárceles funcionan como un depósito de personas empobrecidas y racializadas. Hay más de un 40% de personas sin condena firme”.

“A una parte de esta sociedad le encanta pensar que estas medidas resuelven algo. Está el imaginario de que si cometiste algún delito tenés que sufrir mucho”, destacó Cesaroni sobre la avidez de castigo que se despliega cada vez que se toca el tema. “Creo que la principal estrategia es pensar en los derechos y leyes que ya tienen jerarquía constitucional y que hay que garantizar”, dijo respecto a las alternativas al sistema carcelario. “Ahora, con el argumento de que querían cometer un delito, además de meter chicos presos se legitima el asesinato en manos de la fuerza de seguridad”, declaró mientras recalca que en nuestro país 7 de cada 10 chicos son pobres.

Actualmente, los jóvenes de entre 16 y 18 años pueden ser juzgados pero sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años, que recién pueden empezar a cumplir en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados centros de recepción y contención de menores. De acuerdo al Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el primer semestre de 2023 había 2.407 menores en centros especializados de aprehensión, de los cuales 1.022 tenían menos de 16 años.

En ese sentido, desde el colectivo Yo No Fui se preguntan qué tipo de reinserción es posible en una sociedad donde no hay nada más “insertado” que el estigma y el castigo. “No hay nada más ilusorio que la idea de la reinserción, que supone que una persona va a la cárcel y ésta no es parte de la sociedad, a la que luego va a tener que volver a insertarse. La cárcel es la confluencia de todos los conflictos sociales, por eso nos interesa decir que más que pensar a la cárcel como algo fuera de nuestra sociedad, es importante pensarla como el núcleo de la misma”, enfatizaron.

Como coinciden las entrevistadas, la perspectiva que plantea la nueva ley fomenta la persecución de ciertos grupos sociales, especialmente a los jóvenes de clase baja. La cárcel termina siendo así un lugar que, más allá del plazo de la condena, nunca se termina de borrar de la realidad de los pibes y pibas. Marcada en la piel como los tatuajes tumberos, la cárcel corta de cuajo las posibilidades. Los y las que fueron “en cana” son ex presidiarios por siempre en un país donde la reinserción resulta difícil y se tiende a discriminar y estigmatizar. 

“Con este tipo de proyectos solo logran acentuar una perspectiva que ya es crítica. Se van a dedicar a perseguir a los pibes y pibas de los barrios vulnerables que ya están en situación de supervivencia, intentando cinturear la realidad para resolver los desafíos que nos trae esta coyuntura de deshumanización. Cada pibe va a quedar más susceptible a ser encerrado”, relató Ayelén. â€œYa tenemos que luchar contra las redes de narcotráfico que usan a los pibes como soldaditos como para entrar en una política punitiva que no apunta a las cúpulas del narcotráfico”. Además, la referente de Esquina Libertad enfatizó que cuando se da contención, escucha o un abrazo se pueden construir “ventanas donde no había nada”. “La primera respuesta del Estado no puede ser encerrarlos y menos aún cuando son más chicos. Estamos legalizando algo que daña la psiquis de los pibes y deja huellas que hacen cada vez más difícil los procesos de reinserción. El ingreso al sistema penal altera todos sus posibilidades de desarrollo”.

En cuanto a las penas de entre 3 y 6 años, el nuevo proyecto asegura que, mientras no haya habido muerte de la víctima, grave violencia física o lesiones gravísimas -y no se registren otros procesos o condenas-, la pena podrá reemplazarse por otro tipo de castigos más leves. Sin embargo, Cesaroni hizo foco en que estos requisitos son muy difíciles de cumplir y que quienes pueden acceder a ellos son las y los acusados que cuenten con cierto tipo de privilegios. â€œNinguno de los funcionarios que aprueban esa ley la piensa para sus hijos, nietos o sobrinos. La mayoría de los delitos por los que caen presos los pibes tienen que ver con el robo y no entrarían en esa categoría. En ese sentido estamos hablando del ingreso al sistema penal de niños de 13 años. Es un problema aunque ofrezcan penas más bajas”. Además, explicó que por debajo de la edad de punibilidad, es decir hasta los 12 años, el proyecto de Bullrich permite que intervenga un juez y mande a internar a los niños por riesgo hacia terceros o sí mismos. “Esto es reafirmar el patronato. Es de una brutalidad pocas veces vista”, sentenció.

“Estamos absolutamente en contra del camino del encierro, el punitivismo y el castigo”, subrayó Stroker. “Desde Esquina Libertad creemos que hay que cumplir con los parámetros internacionales y los tratados que protegen la vida de los niños. Defendemos las experiencias de educación y oficios que dan alternativas al encierro y hemos visto procesos de jóvenes que han podido encontrar herramientas para desarrollarse en espacios formativos con articulación con organizaciones sociales”, planteó. â€œHay que achicar las distancias que muchas veces existen entre los pocos recursos del Estado – ahora paupérrimos- y la posibilidad de las juventudes de acceder a ellos. Ese es el desafío que actualmente tenemos”, finalizó Ayelén.

“La cárcel se convertiría en el futuro cercano para niñxs de barrios populares, racializadxs, jóvenes a lxs cuales no logró contener la escuela, ni los espacios comunitarios; pulverizará su tejido territorial y la cercanía de sus referentes afectivos”, expresaron desde Yo No Fui. “La cárcel se convertirá en la política pública de un gobierno que odia al Estado. Las consecuencias físicas y psíquicas que acarrea la vida en un penal, con su cotidianeidad de falta de recursos, sus necesidades básicas insatisfechas y sus derechos no garantizados, serán otro ladrillo más abroquelado el encierro, sobre vidas que ya vienen baqueteadas en un presente de desigualdades; para convertirse en la ruina de cualquier intento a proyectar otros futuros posibles, lxs cuales requieren herramientas simbólicas, redes afectivas, lazos de confianza que contra efectúen la individualidad neoliberal, aquella que habita en la sociedad toda, incluso en la rigidez del castigo”, concluyeron y sus palabras resuenan como el eco de la voz sobre los muros de todas las prisiones posibles.

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Dalia Cybel

Historiadora del arte y periodista feminista. Fanática de los libros y la siesta. En Instagram es @orquidiarios