Un container con seis camas cucheta y dos ventanitas cerca del techo. Así se ve el plano de infraestructura que pretende contrarrestar la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. El plan ya está en marcha, no hizo falta hacerlo pasar por la Legislatura. Tampoco se le consultó a los vecinos de Saavedra, Chacarita y Barracas, donde van a instalarse los dispositivos. Ante el avance de las cárceles container, El Grito del Sur habló con las asambleas vecinales y con los legisladores que buscan dar el debate sobre los derechos de las personas privadas de su libertad a la hora de cumplir su condena.
A principios de mayo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, junto a la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich y el secretario de Seguridad de la Ciudad Diego Kravetz, anunciaron la construcción de lo que llamaron “módulos carcelarios” como alternativa para redistribuir a las personas detenidas que desbordan las cárceles.
El plan consta de tres conjuntos modulares a ser instalados en la Comisaría N° 12 de Saavedra, la N° 15 de Chacarita y la N° 4D, ubicada en Barracas. Cada conglomerado, que cuenta con un espacio común para el servicio de comedor y baños, posee 19 containers con seis camas cucheta en su interior. Con este proyecto, un total de 300 presos estarían cumpliendo su condena o su estadía por prisión preventiva dentro de contenedores de carga.
Dependencias desbordadas
La crisis poblacional carcelaria data de hace tiempo. Cuando empezó la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal restringió el ingreso de personas condenadas o con prisión provisional como parte de un protocolo de sanidad, que terminó con alcaidías rebalsadas que llevaron a utilizar las comisarías para el albergue de los detenidos.
En junio de 2020, el Ministerio Público de la Defensa porteño decidió presentar una acción de habeas corpus colectivo, apoyada por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad (MLPT) y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Luego de unas primeras dos instancias favorables, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que los detenidos debían desalojar las comisarías de la Ciudad y obligaba a retomar las formas de detención en alcaidías previas a la pandemia.
De acuerdo con el último Monitoreo de Comisarías y Alcaidías de la Policía de la Ciudad publicado este jueves por el MLPT, que relevó 30 establecimientos de detención donde se alojaban 716 personas, se constataron, entre otras cosas, “hacinamiento, escasez de comida y agua potable y falta de acceso al sistema de salud”.
Los datos indican sobrepoblación: de un cupo previsto para 223 personas, se contabilizaron unas 330, en los hechos un 50% más de la capacidad prevista. El tiempo de permanencia de las personas supera los 6 meses en comisarías y los 12 meses en alcaidías, siempre considerando que no son establecimientos pensados para albergar detenidos. En lo que respecta a los agentes policiales, los mismos no cuentan con la formación necesaria para desempeñar las tareas de la función penitenciaria y se advierte una importante falta de personal: por cada 30 detenidos, hay tan solo entre tres y cuatro guardias.
Un depósito de personas
A raíz de la medida de los módulos carcelarios, que no necesitó aprobación de la Legislatura, el diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Gabriel Solano, realizó el pasado 3 de julio un pedido de informes exigiendo a las autoridades precisiones sobre el plan de instalación de módulos en las comisarías 8, 12, 15 y 4D, sus características y, entre otras cosas, si fueron evaluados por algún organismo de derechos humanos.
“Esos containers no son un lugar digno para que una persona cumpla una condena. Son espacios muy reducidos, que dan una imagen más parecida a un depósito de personas”, consideró Solano en diálogo con El Grito del Sur. En esa línea, reflexiona sobre la imposibilidad del acceso al trabajo o al estudio, “fundamental si entendemos que el objetivo de la cárcel, de acuerdo con la Constitución Nacional, no es castigar sino lograr la resocialización de los presos”.
“El gobierno porteño se jacta de que haya más presos cuando eso tiene que ver con que, a los delitos que en el pasado eran excarcelables, ahora se les da pena de prisión efectiva. Se le suma que muchísimos detenidos todavía están con un juicio que los mantiene en la etapa procesal. La población carcelaria creció exponencialmente pero también creció el delito”, ratificó el legislador.
El dirigente se refirió, además, a la iniciativa del gobierno nacional que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. “Vamos a tener más presos todavía y eso va a requerir construir más cárceles, cuando la experiencia de los últimos 40 años nos muestra que eso tampoco dio lugar a mayor seguridad. Hace falta otro tipo de abordaje”, advirtió. En ese sentido, Solano manifestó su preocupación respecto a la reciente aprobación de la Ley de Reiterancia, que dispone que quienes estén detenidos con una causa judicial abierta deben aguardar su proceso encarcelados: “La situación de la población se va a tornar más grave porque las personas ahora pueden ser detenidas con mayor facilidad”.
Los vecinos organizados
Eugenia y Silvio, integrantes de la Asamblea de Barracas, fueron testigos del comienzo de la construcción de los containers en su barrio. Si bien entienden que la medida los afecta como vecinos, desde la agrupación sostienen la importancia de dar una discusión más amplia sobre la situación carcelaria y la política de seguridad.
“No creemos que la instalación de los módulos cambie la sensación de inseguridad cotidiana que tenemos en el barrio. Nos interesa dar un debate sobre cómo están pensados esos dispositivos, en perspectiva con los derechos humanos, así como el tratamiento de los presos. Como en todos los temas, los vecinos tenemos algo que decir. Tenemos nuestro deseo de cómo queremos que sea el mundo y el barrio”, compartieron los asambleistas a este medio.
Con esa postura, decidieron organizar una charla-debate en la que participarán como expositores la especialista en criminología, Claudia Cesaroni, el abogado especializado en derechos humanos, Pablo Llonto, y la presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en Argentina, Gabriela Dubrez. El evento tuvo lugar este martes 16 de julio a las 18 horas en Sociedad Luz (Suárez 1301).
Como parte de la Asamblea Interbarrial del Parque Saavedra, Pablo Iglesias cuenta que los vecinos se enteraron de la situación a través de los activistas de Barracas y Chacarita. “Todo esto se hace siempre de espaldas a los vecinos”, comentó con conocimiento de causa, ya que, desde 2001, Saavedra sostiene una gran tradición asamblearia a raíz de la lucha por espacios verdes, los códigos urbanísticos y las inundaciones.
“Lo último a lo que nos opusimos fue a un proyecto para poner un arroyo artificial en nuestro parque que no iba a ser una solución a los anegamientos. El modus operandi es siempre el mismo y es bastante perverso: ellos nunca preguntan primero. Se justifican con la plataforma Participación Ciudadana, pero eso no llega a todo el mundo. Aunque su argumento es ‘nosotros vamos y hablamos con los vecinos’, quien de verdad quiere participar no lo puede hacer”, explicó Iglesias. Desde la asamblea buscan presentar un recurso de amparo y esta semana realizarán un caravanazo para visibilizar la situación.
