¿Qué tienen en común el tuitero libertario @TanoGiuliani, la influencer de moda @Kabroneitor y la astróloga peronista Ayelen Romano @_venusandmars? Que fueron recientemente blanco de ataques en manada de los grupos paraestatales libertarios. ¿De qué se trata su accionar? En trollear (llenar de miles de comentarios agresivos y violentos sus redes) y doxear (publicar información privada y personal de las personas en las redes sin su consentimiento). También pueden realizar compras, ventas, pedidos falsos para acosar y molestar a la víctima y, en los casos más graves, amenazar de muerte virtual y físicamente, enviar mensajes mafiosos, pasacalles con amenazas e incluso irrupciones violentas en las casas de las personas atacadas.
Como relata la investigación de Crisis y EdIPo, esta práctica no empezó con el gobierno de Milei sino que es previa. Existen estructuras que se dedican sistemáticamente a estas acciones como el grupo KFC (Kiosco, Falopa y Coquita), comandado por una figura desconocida hasta la publicación del EdIPO y Crisis. Se trata de Javier Gorga. Esta persona que se autodefine como “psicópata” es el titular de una asociación civil que alquila volquetes, pone pasacalles y realiza contrataciones para acosar a sus víctimas. Tiene conexiones y similitudes con otros grupos violentos de la ultraderecha como Revolución Federal, implicado en el intento de asesinato a CFK.
La novedad es que hoy los ataques digitales están coordinados por quienes trabajan en la Casa Rosada. Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, es un reconocido tuitero libertario que ahora se desempeña como Director de Comunicación Digital del Gobierno y uno de sus colaboradores es el creador de contenido libertario detrás de la cuenta @elpelucamilei , Tomas Jurado. Otro tuitero conocido por sus amenazas y ataques, @GordonDan_ (alias del médico genetista Daniel Parissini), visita asiduamente la Casa Rosada y se le atribuye haber echado a varios funcionarios del Gobierno, como Fernando Vilela o Julio Garro.
Todos estos personajes son parte del grupo que comanda la estrategia digital de LLA junto al asesor estrella e integrante de la mesa chica del gobierno, Santiago Caputo, y el diputado provincial Agustín Romo. Al asesor presidencial ahora se le atribuye tener bajo su órbita la nueva SIDE, recientemente inyectada con una cantidad enorme de fondos. Ellos niegan cualquier relación directa con KFC y otros grupos violentos; sin embargo, es fácil ver el efecto que generan cada vez que señalan a alguien en redes: estas personas son luego doxeadas, atacadas y amenazadas por cientos de cuentas verificadas de los grupos de tareas libertarios.
Uno de los casos más graves fue el de la diputada provincial Constanza Moragues. Ella rompió en diciembre pasado junto a otros colegas con el bloque de diputados provinciales de LLA y por eso fue declarada traidora por el Gordo Dan y otros tuiteros. A partir de ese momento empezó a recibir amenazas en su celular, en la casa de su madre y llegó al punto de la irrupción violenta en su hogar. Al día de hoy, ella y su familia tienen custodia policial. ¿Hasta dónde pueden llegar?
Desde El Grito del Sur hablamos con un integrante de EdIPO y Revista Crisis e indagamos sobre los objetivos que tienen estos ataques de las milicias digitales libertarias, sus consecuencias y las posibles acciones que podemos tomar para combatirlas. Es claro que ya subestimamos demasiado la importancia que tienen las redes sociales y la politización que se genera en ellas desde el campo popular. Frente a este escenario, el avance de la violencia y la radicalización de la ultraderecha sólo sirve para reafirmar la necesidad de estrategias de autodefensa, investigación y organización en el campo digital.
¿Cómo definirías los objetivos que tienen los ataques de las milicias digitales libertarias?
EdiPO: Es parte de una estrategia deliberada de comunicación política. Así como instalan agenda, aleccionan a propios y ajenos para evitar que se diga o publique aquello que resulta especialmente molesto. Es decir, es una forma de silenciamiento que busca, a través de casos ejemplares, controlar lo que se postea en redes sociales e instalar un autocontrol o miedo entre quienes son críticos. Y por otro lado, es parte de un show o espectáculo que permite mantener a sus bases más fervientes cumpliendo un rol ahora que son gobierno y, de paso, realizan una suerte de tercerización de la violencia. Esta segunda cuestión nos parece también importante porque abre la puerta a una mayor radicalización de grupos y activistas de derecha. La normalización de esta práctica de violencia política nos lleva a un escenario de final incierto.
¿Qué efectos tiene su accionar en el mundo digital y en la conversación pública?
EdiPO: Estos ataques logran mucha autocensura. Cualquier político y periodista sabe que si pasa por la mira del equipo de comunicación oficial, «te mandan el trollcenter». Y muchos lo viven con temor, porque conocen algún caso en que eso pasó a ser una amenaza a su número personal o situaciones similares. Entre los objetivos ya no solo hay periodistas o políticos, sino también «influencers», gente que critica desde otro lugar menos tradicional o ligado a la oposición política. Gente suelta, por lo que puede hacer de freno para que más gente se involucre en la conversación, tratando de mantenerse al margen para evitar represalias. Y además este accionar desvía la conversación porque en vez de hablar de lo que está pasando económica y socialmente, tenemos a buena parte de la agenda girando alrededor de la pelea de Caputo con un pibe de su propio partido.
¿Cuáles acciones identifican como prioritarias a corto y mediano plazo para combatir estas prácticas?
EdiPO: Creemos que hace falta un dispositivo político capaz de responder de forma eficaz. No quedarse en el escándalo, angustia o pánico, sino ponerlo en común, señalar responsables y exigir a la Justicia que actúe como corresponde. No pensamos en temporalidades distintas, porque no tenemos muy en claro cuál es el camino a través del cual se logra frenarlo. Más bien creemos que hay que articular una respuesta desde distintos ámbitos. Si solo hacemos una denuncia y esperamos a que la Justicia investigue, probablemente no alcancemos ningún resultado. Por eso hay que encontrar formas de litigio que sean conducentes y en paralelo desarrollar nuestra propia investigación para terminar de entender quiénes lo hacen y de qué modo.
¿Qué lección podemos sacar para el activismo digital del campo popular?
EdiPO: Una lección, a esta altura ya un poco obvia, es que hace falta invertir recursos, tiempo y cabeza en lo que sucede en las redes sociales. Hace falta una estrategia, que no es una oficina de prensa y un community manager en cada despacho, sino una propuesta política para lo que allí sucede. Pero, además de eso, creemos que la ultraderecha supo leer mejor los nuevos modos de politización y circulación de la información digital y ahí está lo crucial. Hace falta asumir que buena parte del debate político se construye o pasa por redes sociales y que pasamos buena parte de nuestro día frente a una pantalla, a través de la cual hacemos innumerables cosas. Las redes sociales sirven hoy para instalar temas, construir narrativas, e incluso acercar gente al activismo. Nuestra apuesta específica pasa por la investigación política colaborativa, como lo hacemos a través de ra-dar.com.ar, del relevamiento de doxeos que lanzamos, o del Mapa de la Policía. Esa es una manera, pero seguro hay otras. Ellos construyeron un dispositivo digital para el silenciamiento, a nosotros nos toca armar dispositivos que sirvan para fortalecer a la comunidad, y no pensar que las redes son espacios para que el público, como espectador, escuche lo que tenemos para decir y nada más.
Leé la investigación completa de Colectivo Editorial Crisis y Equipo de Investigación Política (EDIPO): https://revistacrisis.com.ar/notas/las-milicias-digitales-de-la-ultraderecha
