Un informe elaborado por equipos técnicos de Argentina Humana reveló las dificultades que tienen las familias para pasar el invierno en los barrios populares. A la crisis generalizada por aumentos de precios y pérdida del poder adquisitivo, se le suma el aumento de entre el 100% y 200% semestral de gas envasado -utilizado por el 85,77% de las familias para cocinar- y la interrupción de los programas de subsidios a la garrafa social, lo cual deriva en que las familias se debaten entre pagar la luz, el gas o comer.
A los excesivos aumentos del gas envasado, principal fuente de energía de las familias en barrios populares, se suma la interrupción de los programas de subsidio como el Programa Hogar. Además, los aumentos de las tarifas de servicios habilitados por decreto presidencial implican que entre el 25% y el 44% de los ingresos de una familia tipo de barrio popular se vería comprometido solamente en el pago de la luz.
El informe revela que, desde fines de 2023, la mayoría de los programas destinados a subsidiar garrafas y mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos han sido discontinuados, dejando a muchas familias sin protección frente al frío invernal y sus condiciones adversas. A eso se suma la suspensión de la obra pública en los barrios destinada a brindar conexiones seguras a la red de gas, electricidad, agua y cloacas.
Según el monitor de barrios populares (ReNaBaP), la principal fuente de calefacción de las familias es la leña o el carbón (37,82%) y el 85,77% de las viviendas utiliza garrafas para cocinar. A partir del análisis de la muestra compuesta por barrios de diferentes partes del País (Alto Valle, Chaco, Córdoba, conurbano bonaerense y el interior de PBA, el NOA, Mendoza, Patagonia y Santiago del Estero), se observaron aumentos semestrales de entre el 100% y el 200% en el costo del gas envasado en al menos el 55% de los barrios relevados. La situación se torna aún más compleja si se considera el aumento significativo en los costos mensuales de electricidad, en un contexto de caída sostenida del salario real y las jubilaciones. Casos extremos se observan en la Patagonia: en la ciudad de Bariloche, algunas familias recibieron facturas de luz de entre $50.000 y $80.000.
El informe identificó la interrupción del Programa Hogar (garrafa social) en la totalidad de los barrios relevados y la ausencia de una política planificada de segmentación de tarifas. A esta situación se suma la suspensión casi total de la obra pública en los barrios y el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana destinado a implementar la Ley 27.453 (Ley de Barrios Populares). La normativa establece que las y los habitantes de los barrios registrados en ReNaBAP tienen derecho al acceso “a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. En este marco, las entidades de gobierno y organismos intervinientes deben desarrollar medidas para garantizar la realización de ese derecho y que los ciudadanos puedan constituirse, gradualmente, en usuarios formales de los servicios públicos.
Como resultado de la retirada del Estado de los barrios populares, se profundizan problemáticas preexistentes asociadas a conexiones informales y precarias o al uso de energía insegura que expone a las familias al riesgo de accidentes domésticos. En el barrio La Cárcova, ubicado al noreste del conurbano bonaerense, se quemó una vivienda por una pérdida de gas de la garrafa que utilizaban para cocinar. En la localidad de Villa María, en la madrugada del 7 de julio, al menos dos familias sufrieron el derrumbe de su casa tras un incendio que se produjo cuando intentaban calefaccionarse frente a las bajas temperaturas. El barrio popular Fiske Menuco, del Alto Valle patagónico, ya sufrió varios incendios por el mismo motivo. Situaciones como éstas se repiten en distintos puntos del país durante esta estación.
El acceso a una vivienda adecuada con conexión formal y segura a todos los servicios es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional. La evidencia además demuestra que es un factor de desarrollo social y económico para las y los residentes de barrios populares y la sociedad en su conjunto. En Argentina, millones de personas habitan en viviendas inseguras en los más de 6 mil barrios populares registrados en el ReNaBAP. “Es urgente retomar una política adecuada de soportabilidad de servicios básicos en barrios populares e implementar una política sostenida y articulada entre los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y de las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a una vivienda y un hábitat seguros y de calidad”, especificaron los autores del informe.
