Con un amplio rechazo por parte de los organismos de Derechos Humanos, comenzó a tratarse en las comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de baja de la edad de punibilidad. El mismo permite sancionar con penas de hasta 20 años de prisión a los adolescentes a partir de los 13 años. Este proyecto -tal como expresaron el conjunto de especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos que conforman la Red #ArgentinaNoBaja– es una “estafa política” y contribuye a reforzar un sistema penal estigmatizador y punitivista, donde siempre terminan pagando los mismos y el hilo se corta por lo más fino.
“Más allá de los detalles legales del proyecto, que es totalmente cuestionable y falto de especificidad, hay cuestiones que tienen que ver con qué tipo de sociedad estamos pensando”, contó a El Grito del Sur Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación de ATE Capital y referente del área de Niñez. “El proyecto, que supuestamente viene a traer una solución al tema de la inseguridad, no plantea un debate certero en la sociedad. Lo que hace es volver al patronato, a la vieja ley que, desde 1994, cuando nuestra Constitución incorpora los Tratados de Derechos Humanos, se había desplazado”.
Piccirillo explicó que este proyecto no detalla la necesidad de la creación de equipos territoriales que se hagan cargo de esos jóvenes y permite que la Justicia intervenga en los conflictos entre adolescentes no punibles menores de 12 años. “Se trata de pensar a los jóvenes como niños y adolescentes con derechos y no como adultos chiquitos. Este proyecto responde a una agenda instalada por las corporaciones”, agregó.
Si bien los especialistas aceptan la necesidad de reformar la ley vigente, que rige desde el año 1980 y fue instaurada por la última dictadura cívico-militar, también coinciden en que bajar la edad de punibilidad y aumentar las penas de los adolescentes no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad. A su vez, las estadísticas reflejan que el porcentaje de los delitos cometidos por la población de ese rango etario son mínimos y en su gran mayoría se trata de delitos contra la propiedad.
“Este proyecto desfinancia todas las políticas de prevención que Argentina tiene”, enfatizó Mónica Macha, psicóloga y diputada nacional de Unión Por la Patria. Ella aclaró que no existe una posición unificada de rechazo a este tema en el bloque y que el proyecto carece de una mirada federal. “Al igual que todos los proyectos que vienen desde el Ejecutivo, la baja de la edad de punibilidad no puede leerse por fuera de una coyuntura donde no hay contención para los adolescentes, se está desfinanciando la educación pública y los padres de estos chicos se están quedando sin trabajo”, cuestionó. Y sumó: “Hay una perspectiva muy clasista porque es un proyecto pensado específicamente contra los sectores populares. Con este proyecto, la adolescencia va a pasar de ser un derecho a ser un privilegio”.
La baja de la edad de punibilidad es contraproducente y empeora la situación de los jóvenes en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), el endurecimiento penal termina reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas. Para peor, este anteproyecto permite que los niños de 12 años (no punibles) sean internados sin límite de tiempo por los jueces penales. “Cualquier reforma del sistema penal juvenil tiene que incorporar los estándares de derechos humanos a los que el Estado Argentino está comprometido”, explicaron desde la Red.
La dureza de las penas y la estigmatización de los sectores más pobres, los que por lo general pueblan las cárceles comunes, asusta y alarma a los y las militantes por los derechos de la infancia. En ese sentido insisten en que se trata de un proyecto inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad que implica no retroceder en un derecho: la edad de punibilidad fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años.
“Sinceramente hay que pensar si alguien sale mejor de la cárcel en nuestro país”, agregó Romina Piccirillo. “En general, si alguien puede reinsertarse laboralmente es gracias a proyectos autogestivos o cooperativos de las organizaciones sociales porque no los toman en el campo del empleo formal”, ilustró. “Se piensa que los pibes son peligrosos, cuando en realidad ingresan al delito por falta de las necesidades básicas. Cuando sucede algún hecho delictivo, los medios de comunicación hegemónicos lo maximizan para que termine pareciendo que la mayoría de quienes cometieron delitos son pibes no punibles. Las estadísticas demuestran totalmente lo contrario. Es una demagogia punitiva”.
Mónica Macha explicó que si se compara la curva de los delitos en la Provincia de Buenos Aires -teniendo en cuenta los crímenes cometidos por adolescentes no punibles desde el año 2009 hasta ahora-, se ve que éstos tienden a descender. Sin embargo, el oficialismo toma como parámetro las estadísticas de 2020, año de la pandemia, donde por el aislamiento bajaron todos los delitos. “Un proyecto nacional tiene que tener una mirada federal y esto no tiene nada que ver con la realidad de las provincias. Está enfocado en CABA y en el Conurbano”, señaló.
El anteproyecto elaborado por las carteras de Justicia y Seguridad es regresivo e impone penas altísimas para los menores entre 13 y 17 años. Asimismo, viola los principios fundamentales de los Derechos del Niño y va en oposición a lo expuesto por la Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la Administración de Justicia y los Niños, que desalienta la utilización del sistema judicial, y con especial énfasis en el sistema penal, para abordar las conductas de niños y niñas.
“Actualmente se cree que cuando un menor de 16 años comete un delito no pasa nada. Esto no es real, cuando un menor comete un delito va a un instituto y sobre eso hay que tener una mirada integral porque tenemos que generar un nuevo régimen penal restaurativo”, explicó Macha, quien insiste en que al no fijar penas máximas el proyecto se basa en el Código Penal imponiendo a jóvenes en formación sanciones iguales a las de los adultos. “Es un descalabro social totalmente irresponsable”, subrayó.
“Estamos en un contexto donde los pisos básicos de nuestra sociedad están retrocediendo”, afirmó Piccirillo, quien pone énfasis en que hay que trabajar en el egreso de las personas privadas de la libertad. “Todo lo que tiene que ver con programas de egreso como de apoyo económico está mermando. Necesitamos que los pibes tengan las necesidades básicas cubiertas y fortalecer los equipos territoriales con operadores y profesionales para las situaciones leves”, respondió la referente de ATE Capital y explicó que les trabajadores que se dedican a la niñez, especialmente en los barrios vulnerables, están precarizados y pluriempleados.
Según el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, se indica que en el año 2022 solo 1 caso de homicidio fue cometido por un adolescente menor de 16 años. En la Provincia de Buenos Aires, según el Informe del Ministerio Público Fiscal del mismo año (2022), las Investigaciones Penales Preparatorias del Sistema Penal Juvenil (es decir sobre los delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años, hoy ya punibles) constituyeron un poco más del 2% del total. “Lejos de la pretensión resocializadora, el encierro temprano implica una socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo. Los adolescentes que son así sancionados tienen luego del encierro mayores dificultades para terminar la escuela e insertarse laboralmente”, explicaron desde UNICEF.
“Este proyecto no plantea un presupuesto, por lo cual suponemos que si avanza van a tener vía libre para meter a un chico en prisión sin políticas de ninguna índole para no matarlo en vida”, agregó Macha e hizo énfasis en que hay que pensar el proyecto en el marco del empobrecimiento que está generando este gobierno. “No es ninguna novedad que cuando la pobreza aumenta aumentan los delitos, y esto no es una estigmatización de los sectores populares, es porque cuando no tenés para comer tenés que ver cómo vas a resolver. En ese contexto de demagogia punitivista, las instancias de violencia institucional van a aumentar”.
Social y moralmente, el proyecto sirve para estigmatizar a un sector de la población -el de menores recursos- y utilizarlo de chivo expiatorio para las políticas de gobierno y las crisis económicas, sin tener en cuenta que estos jóvenes son muchas veces los primeros abandonados por el Estado. A su vez, el tratamiento en el Congreso se da en un país donde al menos un millón de niños se van a dormir sin cenar. Asimismo, de aprobarse la ley, da rienda suelta a las fuerzas de seguridad para que se sientan amparadas y justificadas para ejercer hechos de violencia institucional y abusar de su autoridad. “Proponer la baja de edad de punibilidad, lejos de ser una solución a la sociedad, es una hipocresía”, aseguró la Red #ArgentinaNoBaja.
Es necesario tener en cuenta que el hecho de que los adolescentes estén en una etapa de socialización y maduración, hace que tengan mayores posibilidades de modificar su conducta, pero también genera que sean más permeables al contexto en el que se desarrollan. Por este motivo, cualquier decisión que se tome sobre su formación, su educación y su libertad será crucial en el recorrido vital que tracen posteriormente. En ese sentido, los estudios internacionales coinciden en que es necesario trabajar en la reinserción educativa, el tratamiento de consumos problemáticos, la formación en oficios y -subrayan fuertemente- el alejamiento de los jóvenes del conflicto con la ley penal, buscando que puedan responsabilizarse con justicia restaurativa.
“Hay que reforzar el acompañamiento y la contención de los pibes y las pibas desde un lugar que pueda permitir responsabilizarlos, teniendo en cuenta las consecuencias y cómo las procesa el adolescente, que está probado incluso desde las neurociencias que es diferente al de los adultos”, sumó Macha. “Si queremos una ley que permita una salida y otro recorrido de vida, necesitamos un proyecto más profundo. Si tenemos adolescentes que cometen delitos hoy en día es por culpa de los adultos, de no poder haber estado presentes en el acompañamiento de los pibes y pibas de nuestra patria”.
“Socialmente este tema se discute más desde el paradigma de la seguridad que desde los derechos de las niñeces y adolescencias”, enfatizó Romina y recordó que vivimos en un país donde 7 de cada 10 pibes son pobres. “Si bien entendemos que esta ley va a perjudicar más a los niveles socioeconómicos más bajos, por el estigma social, en caso de aprobarse rige para toda la sociedad. A los pibes hay que humanizarlos, hay que verlos desde un costado sensible. Los pibes no son ajenos, son nuestros propios pibes”.
“Los delincuentes que hambrean al pueblo y se quedan con los recursos naturales no están en ningún barrio popular. Ni siquiera les conocemos las caras y son los grandes delincuentes de la humanidad”, concluyó Macha.
