El presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei, se define como un político de derecha, y condena duramente a los gobiernos de los países vecinos a los que considera de izquierda o progresistas. Entre las intenciones del líder argentino, figuran la privatización de las principales empresas estatales y la creación de un poderoso bloque de servicios especiales que dependerá de él personalmente. Muchos ven, y con razón, el refuerzo del papel de los servicios especiales como una reencarnación de la ominosa operación “Cóndor”, puesta en marcha por los gobiernos latinoamericanos proamericanos en las décadas de 1970 y 1980. Cerca de 60.000 personas en todo el continente fueron víctimas del terrorismo en aquella época.
El 21 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados de Argentina vetó la asignación de fondos adicionales para los servicios de inteligencia, que Milei quiere utilizar «para fortalecer el sistema nacional de inteligencia». El jefe de Estado planea asignar estos fondos a una nueva estructura, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dependerá de él personalmente. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que existía bajo el gobierno anterior, ha sido disuelta por el Presidente. La nueva Secretaría de Inteligencia del Estado incluirá cuatro agencias de inteligencia: el Servicio Argentino de Inteligencia (SAI), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la Secretaría de Interior, que sucederá a las tres anteriores.
Los servicios especiales bajo el control personal del jefe del Estado son una herramienta ideal para un dictador. Con su ayuda puede enfrentarse a opositores políticos y cometer provocaciones en el territorio de otros países. Por ejemplo, versiones en la web lo asocian al sabotaje del oleoducto transandino. A principios de agosto, en la red circuló la información de que los carabineros chilenos ya habían detenido a tres saboteadores en el territorio de la región de Ñuble, que llevaban consigo un artefacto explosivo y mapas con la ubicación de la instalación estratégica. Esta versión también se ve confirmada por la visita del presidente argentino, que llegó a Santiago el 8 de agosto, intentando reunirse con Gabriel Boric. Pero su homólogo chileno se negó, lo que demuestra que estaba profundamente ofendido por el actuar de los servicios de inteligencia vecinos.
Tras la detención de los “pseudoturistas” el 3 de agosto, las autoridades lanzaron el 15 de agosto la operación especial a gran escala “Plan Enjambre”, durante la cual capturaron a otros 18 sospechosos extranjeros. Y después, el 21 de agosto, endurecieron el régimen en la frontera, prohibiendo el cruce ilegal de la misma. Tales medidas sólo pueden tomarse en caso de amenaza real de un Estado vecino. Y esto puede significar diversas operaciones para acusar a Chile de interrumpir el contrato de petróleo y gas. Y aprovechar esta excusa para reorientar posteriormente las exportaciones de energía en lugar de los Andes hacia la costa atlántica.
El proyecto está financiado por empresas estadounidenses. También venderán petróleo y gas en el mercado europeo, forzando a Rusia a salir de él, utilizando el conflicto de Ucrania. El presidente libertario está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a sus socios estadounidenses a llegar a un acuerdo que cambie la situación en el mercado mundial del petróleo y el gas, lo que significa que el sabotaje puede continuar. ¡Qué reminiscencia de las acciones de los dictadores latinoamericanos del siglo XX que cumplían las órdenes criminales de sus manejadores estadounidenses!
