El proyecto para declarar la esencialidad de la educación, impulsado por el oficialismo junto al PRO y sectores de la UCR, puso en alerta a los gremios docentes, que lo ven como un intento de cercenar el derecho a huelga y debilitar el poder sindical. Por ello convocaron a una jornada nacional de lucha prevista para este miércoles 14 de agosto con el objetivo de sumar voluntades que rechacen el proyecto de ley.
Éste busca modificar el artículo N° 3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar la creación de un «Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias«. El inciso C de este artículo contempla mecanismos para garantizar las guardias en caso de «medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente» y estipula que se debe garantizar un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren uno o dos días, mientras que el porcentaje se eleva al 50 por ciento cuando superen los tres días.
La educación pública viene sufriendo un profundo desfinanciamiento a partir de las políticas económicas y educativas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei. Esto se vio reflejado en la Paritaria Nacional Docente -sin un piso salarial acorde a la inflación-, el no pago del FONID, la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, la implementación del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, el no envío de fondos nacionales para comedores escolares y la profundización de los conflictos provinciales, entre otras cuestiones.
Desde CTERA buscan evitar que la educación pública se convierta en un «servicio» y realizan desde las 11 horas una concentración frente al Congreso de la Nación. «Nosotros decimos que la educación es un derecho social y humano. Poner a la educación en la categoría de servicio es abrir la puerta a la privatización y a la mercantilización», respondió a El Grito del Sur Angélica Graciano, secretaria gremial de CTERA.
Graciano explicó que «hay una resolución de la OIT que señala que solo es un servicio esencial aquello que atenta contra la vida, que su no realización ponga en riesgo la salud de las personas. Esta nueva arremetida de la derecha busca sacar a la educación del plano de los derechos y responsabilizar al conjunto de la docencia de todos los males. El problema es otro: se está desfinanciando la educación«. «Este proyecto de esencialidad está hecho en el marco de la avanzada del empresariado argentino para implantar la reforma laboral. Cuando extienden el período de prueba y disminuyen los aportes patronales o que parte del presupuesto educativo haya sido destinado a vouchers, lo que se está haciendo es una reforma laboral en el campo de la educación. El derecho a huelga es un derecho constitucional, pero ellos quieren un mundo sin sindicatos», agregó.
Cabe destacar que, durante los gobiernos de Macri y Vidal, también hubo persecución contra los trabajadores docentes: se descontaban los días de paro, se aplicó una conciliación obligatoria trucha y se quiso multar y quitar la personería a los sindicatos. También se buscó sin éxito declarar a la educación como «servicio esencial».
El actual dictamen contó precisamente con la firma de diputados de La Libertad Avanza, de integrantes del PRO y la UCR -tales como Alejandro Finocchiaro y Carla Carrizo- y de parte de la «oposición dialoguista» como Carlos Fernández (Innovación Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Juan Fernando Brugge (Hacemos Coalición Federal), aunque este último firmó en disidencia parcial. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de plano la iniciativa durante la reunión de comisión y decidieron no firmar el dictamen.
El trotskismo también convocó a movilización y llamó a «parar» junto a las seccionales multicolores y Ademys. En diálogo con este medio, la diputada nacional y dirigente docente Romina Del Plá planteó que «la búsqueda del gobierno de La Libertad Avanza de declarar a la educación como servicio esencial es un nuevo intento desesperado de tratar de juntar voluntades para el quórum, atacando los derechos de la docencia y de la educación pública. Esto no tiene el objetivo de mejorar el presupuesto educativo que reciben las escuelas; al contrario, este gobierno ha llevado prácticamente a la nulidad la ejecución de las partidas de infraestructura escolar y recortado el Fondo de Incentivo Docente yendo directamente contra los salarios».
«Lo único que les preocupa es cercenar el derecho de huelga, de organización y lucha de la docencia que pone en evidencia el nivel de vaciamiento presupuestario y de ataque a la educación pública en todas las provincias del país», concluyó Del Plá.
