La voracidad del mercado inmobiliario no tiene freno. El Código Urbanístico (CUR) del año 2018 -bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta- dejó como saldo el avance de la construcción descontrolada de torres y edificios. Ahora el actual jefe de Gobierno Jorge Macri busca aprobar la modificación al Código Urbanístico, que ingresó a la Legislatura porteña el pasado 30 de julio. En función de que la norma debe ser reevaluada cada cuatro años, el CUR viene de recibir pequeñas modificaciones en los años 2020 y 2022.
De acuerdo con Macri, la actualización del Código Urbanístico tiene como objetivo «garantizar el desarrollo sustentable y sostenible» preservando la identidad de cada barrio sin frenar el desarrollo y el crecimiento económico. «Hay una gran disparidad entre el norte y el sur. El sur, que muchos consideran poco atractivo, representa una aspiración para quienes viajan tres horas para llegar a la Ciudad. Imaginar vivir en Parque Patricios, Barracas o Soldati es positivo», opinó el alcalde porteño frente a empresarios durante la Expo Real Estate en el Hotel Hilton de Puerto Madero.
Si bien el planteo del GCBA es que el CUR pueda aumentar la densidad en las avenidas y respetar la identidad de los barrios de casas bajas, lo cierto es que organizaciones vecinales advierten que no se cumplieron todas las instancias de participación y que muchas de las reformas propuestas no están incorporadas.
«El debate de la modificación del Código Urbanístico padece un déficit democrático muy importante. A la ciudadanía se la convocó a participar del Foro Permanente Participativo, pero no se puso a disposición el proyecto de ley. Es decir, participamos sin saber cuáles eran las propuestas concretas del Gobierno de la Ciudad. En segundo lugar, el GCBA no cumplió en elaborar un diagnóstico ni los informes en formato de conclusiones luego de un monitoreo constante del Código Urbanístico del año 2018 hasta el presente. Esto es un mandato del Plan Urbano Ambiental», señaló a El Grito del Sur Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
Desde ODC plantearon que el proyecto de ley N° 2120-J-2024 establece que la modificación del Código Urbanístico recién se aplicará a los trámites que se inicien luego de su aprobación, con lo cual durante varios años se continuará construyendo en base al viejo Código. Otra crítica es que el Gobierno de la Ciudad desoyó el pedido de suspender el otorgamiento de nuevos permisos de obra en los polígonos de los barrios más afectados.
Cabe destacar que en los últimos cinco años se otorgaron 6051 permisos, es decir un promedio de 1215 por año. Se trata de 4201 permisos para obras nuevas y 1850 para ampliaciones, siendo el 70% para nuevas edificaciones. «Si se suman los metros permisados, las obras nuevas alcanzan el 76,5% del total, con 12 millones de metros cuadrados permisados, de los cuales casi 10 millones fueron para obra nueva», planteó un informe del Observatorio. Baldiviezo agregó que «este nuevo Código Urbanístico está enfocado en garantizar la rentabilidad de las corporaciones inmobiliarias. Lo que pretende es que éstas ganen en el sur lo mismo que ganan construyendo en el norte de la Ciudad. Equiparar la rentabilidad entre sur y norte. Por ello establecieron un sistema donde los metros cuadrados que se construyan en el sur van a permitir una sobre-construcción en el norte, llegando a torres de 90 metros de altura. A las corporaciones no se les exige nada a cambio». Esto último significa que el GCBA habilita la construcción de torres que superen los 45 metros de altura en las avenidas, siempre y cuando esos metros cuadrados de más también se construyan en el sur, lo cual iría en contra de frenar la «gentrificación».
Entre las organizaciones que vienen participando de los distintos debates en torno a la planificación urbana de la Ciudad, aparece también la ONG Basta de Demoler. «Siempre le dan más capacidad de construcción a los diferentes lotes, aumentando mucho la densidad. Entonces se llevan puesto el patrimonio de los lugares donde aumenta la densidad. Lo que hace el Código Urbanístico es levantar las alturas, por lo que el patrimonio arquitectónico de la Ciudad está en riesgo. Hay herramientas que deberían utilizarse, como el Fondo para la Recuperación de Edificios Catalogados, y sirven para mantener el patrimonio. El Código va flexibilizando cada vez más la protección existente«, comentó a este medio Mauro Sbarbati, miembro de Basta de Demoler.
Este martes 20 arrancó en la Legislatura el debate por el proyecto de ajuste al Código Urbanístico, a cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano. Hubo presencia de funcionarios y de colectivos barriales. El secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, recalcó nuevamente que esta propuesta busca «poner un camino conducente a cuidar la identidad barrial». La legisladora Claudia Neira (Unión por la Patria) planteó que el nuevo Código «es volver a la receta de las torres sorpresa». Por su parte, el legislador Matías Barroetaveña (UxP) habló sobre «la necesidad de discutir un modelo de Ciudad». Precisamente, las desarrolladoras inmobiliarias seguirán habilitadas para presentar propuestas de convenios urbanísticos: éstos son excepciones a la planificación de la Ciudad, específicamente al Código Urbanístico. Lejos de mejorar la calidad de vida o el ambiente urbano, estos proyectos se orientan específicamente al lucro y al negociado de unos pocos.
