A fines de marzo, la Justicia reconoció a ocho personas trans como víctimas del terrorismo de Estado en el marco del juicio “Brigadas”. Por primera vez fueron citadas como víctimas y no como acusadas, sospechosas o testigos de delitos. “Estas mujeres formaron parte de las personas consideradas enemigas, precisamente porque no se ajustaban al modelo sexo-genérico que el terrorismo de Estado buscó garantizar y eso implicó que adicionalmente sufrieran no sólo las violencias generales de las personas que estaban cautivas en el “Pozo de Banfield”, sino también violencias diferenciales, motivadas en sus identidades de género. Algo similar pasó con las mujeres cis, sobre quienes se aplicó violencia por medios sexuales como forma de castigo y disciplinamiento”, determinó Ana Oberlín, fiscal de la causa especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal.
El juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros de detención, tortura y exterminio (CCDTYE), conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno en Avellaneda y Brigada de Investigaciones San Justo, llegó a su fin luego de tres años e incluyó a 610 víctimas, de las cuales 8 son mujeres trans. El Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de La Plata -constituido por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers- condenó a 11 de los acusados (entre quienes hay militares, policías y un civil que estuvo a cargo de la policía en esos años) y absolvió a 1 de ellos por esos delitos. “El Ministerio Público Fiscal entendió que los crímenes contra las personas trans en esos años, por ser ellas consideradas enemigas en razón de sus identidades de género, formaron parte del plan de aniquilamiento, razón que llevó a que sean alojadas en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Banfield, que se aplicaran sobre ellas las mismas violencias que al resto, que no podían acudir -en modo alguno- a la Justicia, ni a ninguna entidad para que las protegiera, por lo que los delitos que sufrieron son delitos de lesa humanidad”, justificó el fallo.
Así, Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia Gómez, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro, las ocho mujeres trans, fueron reconocidas como víctimas por sus detenciones arbitrarias, la reducción a la servidumbre y la tortura que sufrieron en el Pozo de Banfield. “Ese Poder Judicial que en muchos casos fue parte de la maquinaria de opresión, de persecución, de sanción, de castigo a quienes se salían de la hetero-normatividad, hoy las escucha y sus testimonios son clave”, dijo Oberlín.
En el lapso de dos años, entre 1976 y 1978, Analía estuvo “6 o 7 veces en ese lugar”. El horror provoca que pocas veces en su relato puede llamarlo por su nombre. “Continuamente se sentía la muerte, se oían los gritos de las personas a las que les daban picana. Hombres, mujeres, señoras y chicos que lloraban. ‘Mamá no me abandones’, gritaban. Todo eso pasaba en el Pozo de Banfield. Era un lugar como una pocilga. Estaba 15 días, o 30, 60 y a veces hasta 90”, denuncia.
Fabiana Gutierrez, la primera en declarar, contó su historia: “En una de las noches que empecé a trabajar en la calle, tenía 14 o 15 años y vivía cerca de La Tablada en 1976 o 1977, y fui llevada en un coche particular. Lloraba. Fui detenida a la fuerza. Fue la primera vez que me detuvieron. Me sacaron del auto a las patadas, me tiraron en un lugar que no se podría decir que era una celda. Nunca fui registrada. Había otras chicas, me decían ‘no vayas a decir que sos menor porque es peor’”.
La sentencia detalló: “en su mayoría, fueron detenidas ilegalmente en la vía pública, en orden a disposiciones contravencionales de la provincia de Buenos Aires, y en aprovechamiento de la situación de exclusión y vulnerabilidad de las víctimas. Sin embargo, fueron conducidas al CCDTyE “Pozo de Banfield”, en condición de clandestinidad, en lugar de dar a las detenciones el trato correspondiente a la normativa aludida”. El código contravencional catalogaba a las disidencias como “malvivientes” o “amorales”.
Sin embargo, Flavio Rapisardi, testigo académico de la causa y activista LGBT, sostuvo: “las fuerzas de seguridad utilizaban los códigos contravencionales para la persecución de las disidencias sexo-genéricas desde mucho antes del inicio de la dictadura, pero a partir de 1976 las detenciones se hacían más allá de esos códigos: la duración de las detenciones excedía los plazos y se aplicaban torturas que obviamente no estaban previstas. A su vez, desde 1976 la persecución no fue aleatoria, pero la diferencia radicó que en el caso de gays y lesbianas tenían la posibilidad de diluirse en el seno social, algo que no ocurrió con las personas trans por su situación de no empleabilidad”.
Fabiana habló de este tipo de detenciones: “Estaba cansada de estar en los calabozos, para ellos éramos animales pero cuando querían sexo nos venían a buscar a nosotras. Tenían problemas psicológicos porque nos terminaban pidiendo sexo oral o anal a cambio de un pedazo de pizza. No nos podíamos negar, si te negabas te mataban a palos. Para ellos, nosotras éramos monstruos. No se puede entender cómo nos trataban”. Hasta el día de hoy carga en su cuerpo las secuelas de los golpes y la tortura. Paola Leonor Alagastino añade, casi retomando lo que dijo su par: “No era sexo, eran violaciones. Ellos hacían lo que querían con nosotras. ‘A estos putos hay que matarlos’, decían. Después me quedó miedo hasta de salir a hacer las compras”.
Entre 1977 y 1978, Julieta Alejandra González tenía 20 años y ejercía la prostitución en San Isidro. “Tenían como dos fosas donde nos hacían lavar los autos. Tenían barro, pero adentro muchos tenían sangre. Siempre recuerdo mucha sangre en un Falcón amarillo. Nos hacían cocinar, lavar la ropa, lustrar borcegos. También abusaban sexualmente de nosotras”, apuntó en su testimonio.
Marcela Viegas Pedro trabajaba en la ruta, cerca de una zona de fábricas. “Todas las noches tenia que pagar un canon al patrullero y cada tanto hacer favores sexuales. Cuando me agarraron yo dije: hoy me toca hacer el favor sexual. Esa noche fue diferente porque cuando estoy adentro del patrullero me ponen unas bolsas de cebolla en la cabeza, me llevan no sé adónde, me entregan a otras personas, no sé a quiénes. Termino en una celda. Y me acuerdo de todas las palabras: ‘Ahora vas a saber lo que es bueno, puto’- tras un escalofrío, continuó:- Al día siguiente empezó el calvario”.
Al llegar la democracia, no se detuvieron los maltratos. “No puedo diferenciar la época de los últimos meses de Videla, que yo estuve en la calle, de la época de Galtieri, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde. A mí me siguió pasando exactamente lo mismo que en dictadura: me siguieron persiguiendo, encarcelando, violando, torturando y matando. No tengo 41 años de democracia como las hetero-cis, tengo apenas 12 años de democracia”, dijo en diálogo con este medio Patricia Alejandra Rivas Paladino, referenta de Históricas Argentinas, en relación a la sanción de la Ley de Identidad de Género.
En esa línea, Marcela indicó: “Los militares se van, empieza una época de democracia pero ahí llegan las contravenciones. Es una hijaputez que nos pongan ‘prostitución y vagancia’. Yo iba a trabajar todas las noches porque por ser travesti no me iba a dar trabajo nadie. Vagancia no era porque tenia que hacer eso para poder pagar mi techo, mi comida, sustentarme”.
