El 28 de septiembre no es una fecha que puedan pasar por alto los movimientos feministas. Consagrado como Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en 1990, esta fecha tiene una mística especial y una importancia fundamental en nuestro país luego de lo que fue la marea verde de 2018 y 2020. Teñida de verde pañuelo, símbolo de libertad, esta efeméride llega al 2024 por primera vez con un gobierno abiertamente anti feminista y en un contexto adverso para quienes quieren interrumpir su embarazo. Los obstáculos van tanto por el desprestigio social y la militancia en contra de los derechos de las personas gestantes, hasta la desinformación sobre los métodos anticonceptivos, pasando por los faltantes de medicamentos a nivel nacional, que implica que recaiga todo en la administración de las provincias.
“Estamos muy preocupadas”, explicó a El Grito del Sur Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito e integrante de la ONG Incidencia Feminista. “El Presidente no solo se expresa en contra del aborto, sino que ha nombrado funcionarios antiderechos en diferentes cargos. Desde Incidencia Feminista hicimos en marzo un pedido de información referido a los insumos de salud sexual y reproductiva. En ese momento lo único que habían hecho era repartir los métodos anticonceptivos y las pastillas de Misoprostol que había comprado la gestión anterior”, aseguró.
Amnistía Internacional también alertó que el gobierno nacional paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto, lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. “Conforme información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va del año no se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, explicaron. Esto se debe, según denuncian, a la falta de stock y a que los procesos de licitación para la compra de Misoprostol y Mifepristona para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, sufren demoras desmedidas.
La Campaña informó que los insumos están mermando y que el acceso a ellos se vuelve cada vez más complejo, especialmente en territorios periféricos, pueblos o ciudades más pequeños. A todo esto se suma la presión que se ejerce sobre los profesionales de la salud por la avanzada conservadora. “Hay provincias que sí han hecho sus propias compras de medicamentos, pero depende del criterio de los gobiernos locales. Esto rige tanto para la prevención del embarazo, los métodos abortivos y la consejería post aborto, con la prevención de nuevos embarazos no deseados”, contó Julia. Además enfatizó en que los despidos en el sector público también han afectado a los diferentes programas de salud sexual y reproductiva.
En 2024, la Campaña cumplió 19 años de activismo organizado de manera federal, transversal e interpartidaria. Gio es parte de ella y explica que las luchas para que se cumpla con el acceso al aborto nunca se abandonaron. “Seguimos en campaña porque éste no es un derecho como cualquier otro. El acceso al aborto viene a cuestionar la idea de la mujer como madre, criadora y cuidadora, por lo cual genera un cambio de paradigma y a su vez despierta una reacción conservadora”, aseveró la militante de apellido Eiriz, que funciona como articuladora de La Campaña regional CABA. “Sabemos que es un derecho que le arrancamos a la democracia y por eso seguimos atentas a pesar de que la ley se sancionó en 2020”, señaló. Se estima que, desde la vuelta de la democracia hasta la sanción de la ley, más de 3000 personas gestantes murieron por abortos inseguros.
Para Gio es fundamental que el aborto hasta la semana 14 sea válido sin necesidad de causales, solo por la voluntad de la persona. Esto implica garantizar la autonomía corporal pero también el derecho al goce, especialmente de las personas de más bajos recursos, que muchas veces lo tienen vetado. “La idea es que se pueda acceder en todas partes del país porque sino sigue habiendo un sesgo de clase sobre quién puede acceder a un aborto seguro”, comentó.
Victoria es parte de las Socorristas de la provincia de Catamarca y asegura que tanto ella como sus compañeras le ponen el cuerpo y el alma a la militancia. Desde allí sostienen la red de atención telefónica, que funciona de lunes a viernes durante todo el año. Ante la situación actual hacen un diagnóstico negativo del panorama.
“La coyuntura actual nos tiene preocupadas”, declaró. “Se están volviendo a ver cosas que antes teníamos identificadas y controladas, cómo los discursos antiderechos en las maternidades y apelar a la “vida por nacer” para coercionar a las personas gestantes“. Victoria enfatizó en que si bien la maternidad provincial está garantizando los abortos gracias a los y las médicos/as amigables que sostienen todo a pulmón, en el resto de la provincia es muy complejo y hay mujeres que ni siquiera llegan a ir a una consultoría.
Según el medio Chequeado, entre enero y septiembre de 2023 se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país. Si se suman los procedimientos registrados en los años que la ley estuvo vigente (es decir 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público. Esto repercutió en una baja de la mortalidad de las personas gestantes: las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021.
“Alertamos que el desfinanciamiento presupuestario, los despidos a trabajadoras y trabajadores de la salud pública, el desmantelamiento del Plan ENIA y la falta de envíos de insumos a las provincias ponen en riesgo el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, el derecho a la información, la distribución gratuita de métodos anticonceptivos y el suministro de Misoprostol y Mifepristona para garantizar abortos”, expresaron en un comunicado publicado desde La Campaña.
Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir
Luego de aprobada la ley, los grupos feministas fueron por más: conseguir que el Misoprostol se fabrique de manera nacional para que sea más accesible económicamente, traer la mifepristona del extranjero, difundir todos los derechos que abarca la ley, garantizar el acceso a la ley de los 1000 días para aquellas que desean maternar y tener una ESI transversal que aborde la problemática fueron algunas de las conquistas que se desplegaron con la sanción de la norma. Sin embargo, desde hace nueve meses el aumento de la pobreza e indigencia hicieron que las posibilidades de tener un acceso seguro al aborto se vean limitadas para las clases más bajas.
“Creemos que el Gobierno no va a ir tanto por la derogación de la ley sino por su desfinanciamiento y el desmantelamiento de los programas que garantizaban el acceso al aborto voluntario”, aseveró Gio. “Nosotras vemos que se está llevando adelante el vaciamiento de un montón de instancias que habíamos conquistado. Los insumos todavía están, pero cada vez llegan menos a los centros de salud y es más difícil en las zonas feudales donde tiene más implicancia la iglesia”, expresó. «Estamos en alerta porque entendemos que el desfinanciamiento y el desmantelamiento pueden poner en peligro la implementación de la ley, aunque hoy no se sienta del todo».
El desfinanciamiento del plan ENIA
“Una forma de cortar con la reproducción de la pobreza es terminar con el embarazo no deseado de niñas y adolescentes”, subrayó Julia Martino. Ella hace énfasis en la gravedad del desmantelamiento del Plan ENIA, una propuesta gubernamental para prevenir el embarazo adolescente y el despido de casi la totalidad de sus trabajadoras. Está comprobado que el plan, instaurado en 2018, tenía grandes resultados y beneficios reconocidos nacionalmente. Según un reciente informe de ELA, para 2021 se lograron reducir a 5 de 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de 10 en niñas menores de 15 años. Sin embargo, desde el año 2024 el gobierno nacional suspendió los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en 5 provincias, despidió a 619 personas que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y desfinanció la compra de insumos. “Las mujeres que están decididas a interrumpir su embarazo lo van a hacer de cualquier manera y esto las puede poner fuertemente en peligro. Nuestro temor es que vuelva a haber muertes por abortos”, destacó Julia.
El trabajo elaborado por ELA sostiene que la maternidad temprana afecta las trayectorias educativas, laborales y la salud de las y los adolescentes. Como ejemplo plantean que sólo el 38% de las adolescentes que fueron madres completó la educación secundaria. Esto demuestra que el embarazo adolescente es un factor que reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza y aumenta la inequidad social.
Ante el latiguillo de “No hay plata”, el relevamiento demuestra que -lejos de ser un ahorro a nivel costo beneficio- no prevenir el embarazo adolescente implica altos costos para el Estado: U$S200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes frente a U$S17,7 millones para el Plan ENIA.
“Nosotras movemos nuestras redes todo el tiempo porque necesitamos generar articulación con otros espacios. Somos una colectiva transfeminista que trabaja de manera voluntaria. Todo el tiempo estamos atendiendo consultas, además tenemos una consultoría presencial de salud sexual y reproductiva donde repartimos métodos anticonceptivos y test de embarazos”, contó Victoria sobre el trabajo de las Socorristas en el norte del país. Ella asegura que el acompañamiento -tanto de La Campaña como de las Socorristas- se sostuvo durante todo este tiempo y que además están atentas a apoyar a los profesionales que se encargan de garantizar los derechos. En Catamarca, las Socorristas organizan para este 28 de septiembre un taller de formación para seguir fortaleciendo la militancia feminista que, consideran, se encuentra atomizada. En las diferentes regionales de La Campaña también habrá paneles, charlas y pañuelazos.
A la pregunta de si esta arremetida conservadora es una contraofensiva frente a la masividad que obtuvo el feminismo, las entrevistadas coinciden: sin duda hay algo de saña que se despierta cuando ciertos privilegios son desplazados. Mientras las jerarquías se ponen en jaque y cuando más tiembla la columna vertebral del patriarcado, como un jenga machista, más intentan sostenerla con argumentos falsos y excusas retrógradas.
“Hay una cierta reacción al avance feminista y a la efervescencia que tuvimos con la marea verde. Yo creo que la despenalización social ya se logró, pero tenemos que defender colectivamente lo que conquistamos colectivamente”, enfocó Julia.
“Creo que la derecha viene a habilitar un discurso que avala todo tipo de violencias. Obviamente las feministas estamos en la mira -y siempre lo estuvimos- porque venimos a poner en jaque, a cuestionar aquello que tiene que ver con hacer más precaria nuestra vida”, explicó la Socorrista.
“Es una respuesta que se generó porque nosotras tuvimos una conquista de décadas de organización. Hay una contraofensiva como a una avanzada feministas. Por eso las que sostenemos La Campaña estamos seguras de que la ley no es un fin sino un principio básico. Un piso sobre el cual podemos seguir organizándonos”, culminó Gio.
