Entre los gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, la puja no es ideológica sino distributiva. Desde Mauricio hasta Jorge Macri, pasando por el grueso de la tropa de senadores y diputados nacionales del PRO, todos compartieron y apoyaron desde un primer momento los postulados de la Ley Bases y el feroz ajuste sobre los sectores más vulnerables realizado en los primeros meses del gobierno de Milei. No obstante, a pesar de su buena voluntad para garantizar votos y gobernabilidad, los sectores del PRO porteño más ligados a Macri no están dispuestos a resignar la holgura económica que caracterizó hasta el momento a su bastión político-partidario más relevante a nivel territorial.
En el primer trimestre de 2024, la economía porteña cayó un 6,5% anual. Este desplome es similar al vivido con los efectos de la pandemia en materia económica. Ingresos Brutos, un impuesto que puede tomarse como estimulador de la actividad, sufrió una caída real de la recaudación en junio de 2024 que duplica la del mismo mes de 2020. Mientras tanto, la pobreza superó los niveles de la pandemia -con la última medición estaba en 35,1%- y la indigencia llegó a niveles récord en por lo menos 20 años, ya que el 15,3% de las y los porteños no llegan a cubrir la canasta alimentaria. A pesar de estas cifras escalofriantes, el jefe de Gobierno Jorge Macri conserva el superávit fiscal a costa de ajustar cada vez más el gasto público.
En este contexto se inscribe una doble conflictividad entre CABA y Nación que ya lleva varios meses con distintas idas y vueltas. Mientras esto ocurría, la hermana del Presidente (Karina «El Jefe» Milei) lanzó un armado político propio -excluyendo a figuras libertarias como Ramiro Marra- con vistas a disputarle el territorio al PRO en las elecciones legislativas de 2025.
Coparticipación
El primer frente de conflicto fue el monto de coparticipación destinado a CABA, tema que viene de larga data. En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri incrementó de 1,40% a 3,75% los recursos que llegaban desde Nación a Ciudad. En 2020, en un contexto de rebelión policial y protestas de gobernadores, Alberto Fernández firmó un decreto para reducir a 2,32% el coeficiente de coparticipación a la CABA. Esto provocó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia y, tras un período de conciliación, el máximo tribunal dictó una medida cautelar en la que ordenó llevar el coeficiente a 2,95% hasta resolver definitivamente la cuestión de fondo. Esta disposición fue incumplida tanto por Fernández como por el propio Milei.
Cabe destacar que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que menos fondos recibe de Nación en proporción a sus ingresos: apenas el 16,4% del total (según datos de 2022). Al mismo tiempo, cuenta con una gran autonomía puesto que el 77% de sus ingresos proviene de recaudación propia y el 6,6% restante corresponde a otros ingresos propios. De acuerdo con estimaciones del Ejecutivo porteño, la metrópolis dejó de percibir desde el 9 de septiembre de 2020 más de 4,8 billones de pesos.
A finales de julio hubo acuerdo entre los gobiernos nacional y porteño para reestablecer el 2,95% por coparticipación, que recién se efectivizó días atrás. La otra cara de la moneda es que, así como se amplió el presupuesto para obligaciones del Tesoro a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, Milei redujo «en $47.000 millones las transferencias a provincias y municipios para financiar gastos de capital, ambas del programa ´otras Asistencias Financieras´». Es decir, el beneficio otorgado a la Ciudad será a costa de más ajuste para las provincias.
Subsidios a colectivos
Por otro lado, Nación dejará de administrar y subsidiar las líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El GCBA asume la totalidad de los subsidios desde el 1 de septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas y el jefe de Gobierno Jorge Macri se comprometió a que las tarifas de colectivo se mantengan por el momento en los actuales niveles de precios. Lo cierto es que en el primer semestre de 2024, el gobierno nacional redujo 24% los giros de fondos para subsidiar el transporte de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y con esta medida estima ahorrarse $13.500 millones por mes. Por las 31 líneas con recorrido dentro de CABA, el Ejecutivo nacional invertía hasta ahora $1500 millones, pero a esto se le deben sumar otros $7000 millones por el 45% de los subsidios a las empresas de colectivos que prestan el servicio en la metrópolis.
La principal incógnita es la sustentabilidad de la iniciativa. «Si no pagáramos el subsidio que antes pagaba Nación, el boleto se iría a 740 mangos, o sea se duplicaría. Es impagable para la gente», señaló Jorge Macri en declaraciones radiales. Desde el GCBA reconocieron que deberán «postergar inversiones y otros gastos». Más allá de la promesa inicial de evitar los aumentos, tanto en Ciudad como en Provincia se esperan aumentos que irían del 25 al 40% para aquellos que realicen combinaciones de colectivos. Otro duro golpe al bolsillo en medio de una inflación que sigue viva y pujante.
Queda claro que el transporte tendrá cada vez mayor participación en los gastos corrientes de una familia: según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), un hogar destinó $43.837 en transporte, sobre un total destinado a servicios de $143.082 en el mes. Tras la suba del boleto de colectivos del 37,4% que entró en vigencia el 12 de agosto, hubo un aumento del 14,5% en las erogaciones de este sector por parte de las familias. En las filas del gobierno nacional, por su parte, recordaron el traspaso de subtes y premetro que realizó la administración de Cristina Fernández en el año 2012 y minimizaron el impacto del traspaso de las líneas de colectivos, algo que «posibilita, para la Ciudad, seguir trabajando en la autonomía plena de Buenos Aires».
