El reciente Decreto 819/2024, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha generado preocupación en diversos sectores por el cambio en la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). La medida, que introduce un representante del Ministerio de Seguridad en la CONARE, ha sido duramente criticada por expertos en derechos humanos, quienes denuncian un enfoque securitista que atenta contra la protección de los refugiados.
El Decreto 819/2024 modifica la estructura de la CONARE, desplazando la representación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y otorgando un lugar al Ministerio de Seguridad. Este cambio, según el Gobierno, busca agilizar los procesos y asegurar que se tomen en cuenta «asuntos de seguridad nacional y orden público» en la evaluación de las solicitudes de refugio.
Sin embargo, la justificación ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Para analistas del tema, como organizaciones de Derechos Humanos y académicos, la medida responde a una agenda que criminaliza a los refugiados, asociándolos de manera implícita con amenazas a la seguridad. «El decreto introduce una lógica de seguridad que no corresponde con la naturaleza humanitaria de la protección internacional de los refugiados», señalan en forma crítica.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la eliminación de la representación del INADI en la CONARE. Esta institución ha sido históricamente un baluarte en la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo en Argentina. Al excluirla de la comisión, se reduce la capacidad del Estado para garantizar que los refugiados, muchos de los cuales provienen de comunidades históricamente vulnerables, reciban un trato justo y equitativo.
«Este es un claro retroceso en términos de derechos humanos», advirtió una fuente cercana al organismo. «La representación del INADI en la CONARE no solo garantizaba una perspectiva antidiscriminatoria, sino que también servía como un contrapeso a cualquier tendencia xenófoba o racista dentro del sistema de refugio», afirmó por su parte Paula Carello, abogada y profesora del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) en la plataforma Linkedin.
El decreto menciona que «el riesgo de reconocimiento de la condición de refugiado a personas con antecedentes penales» justifica la incorporación del Ministerio de Seguridad en la CONARE. Esta narrativa, argumentan expertos, refuerza estereotipos que ven a los refugiados como potenciales delincuentes o amenazas a la seguridad. «¿Acaso no están los funcionarios del Ministerio de Justicia capacitados para evaluar estos casos?», se preguntó Carello.
Para muchos, el verdadero objetivo del decreto es imponer una visión de «seguridad nacional» en un ámbito que, hasta ahora, se ha centrado en la protección de los derechos humanos. Este cambio, alertan, podría tener graves consecuencias a nivel comunitario, fomentando la criminalización de personas que ya han sufrido persecución y desplazamiento forzoso en sus países de origen.
Otro aspecto que genera inquietud es la falta de ampliación en la participación de organizaciones de la sociedad civil en la CONARE. Aunque la normativa permite la presencia de un veedor de estas organizaciones, históricamente ha sido una sola institución la que ha ocupado ese rol. «Es necesario que más actores de la sociedad civil participen para garantizar transparencia y una evaluación justa de los casos», señalaron desde los grupos de migrantes y refugiados en Argentina.
Este punto se torna aún más contradictorio cuando se considera el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 138/2021, que criticaba los cambios del gobierno anterior que endurecían las políticas migratorias. El DNU 138/2021 argumentaba que estas políticas «resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos». Además, señalaba la necesidad de crear una «Comisión Asesora de Política Migratoria» para proponer medidas relacionadas con la Ley de Migraciones N° 25.871. La creación de esta comisión buscaba asegurar una gestión migratoria más inclusiva y basada en derechos humanos, lo cual contrasta con la reciente exclusión de la sociedad civil y el enfoque más restrictivo introducido por el Decreto 819/2024.
El Decreto 819/2024 no solo genera preocupación desde una perspectiva nacional, sino que también entra en conflicto con varios principios y compromisos establecidos en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
Es importante recordar que Argentina es signataria de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, los cuales estipulan que las personas que buscan refugio deben ser protegidas de persecución y no pueden ser rechazadas o devueltas a situaciones donde sus vidas o libertades estén en peligro. Este decreto, al introducir un enfoque de seguridad, pone en peligro este principio, ya que se corre el riesgo de que la protección internacional quede subordinada a criterios de seguridad que no necesariamente están justificados en cada caso.
Además, la Declaración de Cartagena de 1984, aunque no es vinculante, ha sido un marco clave en América Latina para la protección ampliada de los refugiados. Esta declaración subraya la necesidad de proteger a aquellos que huyen de «la violencia generalizada, la agresión extranjera, la ocupación extranjera, la dominación interna y las violaciones masivas de los derechos humanos». El decreto que introduce un enfoque securitista contradice este principio, ya que impone una mirada sospechosa sobre quienes buscan refugio, en lugar de ofrecer un enfoque humanitario y de protección de derechos.
El decreto también vulnera las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha insistido en la importancia de garantizar procesos justos, transparentes y libres de discriminación en la determinación del estatuto de refugiado. La eliminación del INADI y la falta de una perspectiva clara contra la xenofobia y el racismo podrían significar un retroceso en los esfuerzos de Argentina por cumplir con estos estándares internacionales.
Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la obligación de los Estados de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción sin discriminación alguna, incluyendo a los refugiados. El enfoque actual del gobierno argentino parece priorizar el control de la seguridad sobre la protección de los derechos fundamentales de estas personas, algo que podría ser considerado una violación de los compromisos internacionales del país.
En conclusión, el Decreto 819/2024 introduce un enfoque securitista en el sistema de protección de refugiados de Argentina, desplazando la defensa de los derechos humanos en favor de una política de control y seguridad. La exclusión del INADI y la limitada participación de la sociedad civil son indicios claros de una falta de interés en combatir la discriminación y el racismo en el proceso de asilo. Con esta medida, el gobierno de Javier Milei pone en riesgo no solo la integridad de la CONARE, sino también la seguridad y dignidad de las personas que buscan refugio en Argentina.
