Las jornadas de lucha de los docentes neuquinos, que llevan ya dos meses, son por la defensa de los derechos laborales, pero también por el presupuesto educativo para las viandas escolares, que es de 140 pesos por estudiante, y por los edificios. “En la provincia de Vaca Muerta, 7 de cada 10 chicos la pasa muy mal y vive bajo la línea de pobreza. Muchos de ellos no comen a la noche, antes de acostarse. Entonces plantear la suma para el refrigerio que alcance más que para un chupetín y también el destino del presupuesto para el arreglo de las escuelas”, sostuvo a este medio Alejandra Lagunas, secretaria general del gremio docente provincial ATEN – Capital.
La semana pasada explotó un termotanque en una escuela de Colipilli en el norte neuquino en una comunidad mapuche: un auxiliar sufrió graves quemaduras. “Si bien no pasó a mayores podría haber sido una tragedia como fue la explosión de la escuela de Aguada San Roque, que está muy cerquita del corazón de Vaca Muerta y que estaba en obras cuando el Gobierno obligó a los trabajadores de la educación a regresar a la presencialidad en 2021, cuando salíamos de la pandemia en una escuela que no estaba en condiciones. El día que comenzaron las clases, se produjo la explosión de un calefactor. Se incendió la escuela y ese día Mónica, Mariano y Nicolás perdieron su vida producto de esta situación tan adversa de abandono de la escuela pública”, denunció Lagunas.
Tres años después de la explosión de la Escuela N°144, el juicio llegó a su fin. Este martes los magistrados Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo condenaron por unanimidad a tres funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas provincial y al dueño y al director de la constructora encargada de la obra. El veredicto sentenció: “Todos sabían que la escuela no estaba terminada y que, sin embargo, avanzaron en certificaciones de finalización cuando restaba concluir, entre otras tareas, las correspondientes a la red de gas”. Esta administración descuidada costó la vida de Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi.
Los condenados fueron juzgados por estrago culposo, defraudación a la Administración Pública y falsificación de documentos públicos. “La Subsecretaría maneja el mayor presupuesto de la provincia y tiene el vínculo directo entre el Estado o el gobierno provincial y el sector privado. De algún modo, es una caja partidaria que vincula al Estado y al sector privado de la construcción. Entonces, no fue una tarea sencilla ni fácil ir transitando ese proceso judicial”, dijo Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Provincia. Desde el gremio contrataron peritajes y lograron que se recaben testimonios durante diez audiencias para llegar a este fin. De todas formas, ATEN adelantó que apelará la absolución del único imputado que fue absuelto: el ex-subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, porque firmó certificados y habilitó pagos de finalización de la obra.
“Hemos dado un paso en pos de una justicia, que no va a devolver la vida ni de Mariano ni de Mónica ni de Nicolás, pero que en última instancia es un alivio para la familia y es un antecedente y un precedente que se deja de que estos hechos no pueden quedar en la impunidad, de que la Justicia tiene que intervenir y que los que hayan cometido estas tremendas faltas paguen por la responsabilidad que les cupo. También, para que los que hoy están actuando que lo hagan de manera responsable, garantizando el cuidado de las personas que habitamos los espacios públicos. Son las obras que se hacen desde el Estado que no se controlaron, que no se revisaron ni se supervisaron y que produjeron esa deflagración que costó la vida de tres personas en la escuela de Aguada San Roque”, afirmó Guagliardo a El Grito del Sur.
El conflicto docente se inició este año a fines de junio cuando la Legislatura Provincial de Neuquén trató en 72 horas un proyecto que creó un adicional trimestral para los docentes de acuerdo a un mínimo de inasistencias y a la vez modificó el régimen de licencia para los suplentes. ATEN convocó a asambleas y comenzó jornadas de paros. “Las asambleas son muy numerosas: la de Capital ha tenido entre mil y dos mil quinientos compañeros decidiendo las medidas y llevándolas adelante. Cuando comenzó el conflicto allá por la primera semana, teníamos un nivel de acatamiento del 95%; hoy, luego de 8 semanas de huelga, tenemos un 75%. Es un paro muy alto, más cuando tuvo que sortear tantos obstáculos: los descuentos de los días y la campaña nefasta del gobierno provincial”, relató Lagunas.
A nivel nacional se busca declarar a la educación como un servicio esencial, pero en Neuquén el gremio pidió que el Poder Ejecutivo provincial se expida en contra de esa propuesta y se frene la ley provincial. “Hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. Mientras tanto, estamos con asambleas y movilizaciones junto a acciones locales para visibilizar la problemática”, explicó Guagliardo.
El gobierno de Neuquén atribuye la falta de presupuesto a que no hay caja suficiente, pero según Lagunas “hay plata en la provincia: el gobierno se jacta de que en el primer semestre le quedaron como superávit 270 mil millones de pesos, pero con los chicos sin un refrigerio saludable y con las escuelas sin arreglar. Es el mismo superávit que logra el gobierno nacional, producto de tener a todos con salarios pulverizados, jubilaciones pulverizadas y, encima, represión a las luchas. Así cualquiera tiene superávit. En la provincia de Vaca Muerta hay mucha plata para las petroleras, mucha plata para los amigos del poder y los funcionarios, pero poco y nada para las escuelas públicas, para el hospital público y para los salarios de los compañeros y las compañeras”.
