Ema se vio desnuda en la pantalla, en muchas pantallas. Su cuerpo se reprodujo en computadoras, tablets y celulares. Su sexualidad se convirtió en un consumo irónico de adolescentes y adultos. La noticia la devastó, la exposición fue rotunda. Desde la familia dicen que la escuela no buscó contenerla. Desde la escuela dicen que tenía problemas personales. El Estado intenta regular, pero no es suficiente.
El 18 de agosto pasado Ema Bondaruk, de 16 años (oriunda de Longchamps), decidió terminar con su vida. El disparador del episodio fue que, en los días previos, un compañero del colegio había viralizado en redes sociales un video que los mostraba manteniendo relaciones sexuales con un chico de 14 años. La familia de la joven asegura que no tenía ningún rasgo depresivo ni había hablado de suicidio antes del hecho. Su madre habló con los medios masivos y enfatizó que fue algo repentino. “Yo voy a estar incompleta el resto de mi vida. Todos me repiten que tengo que seguir por mi hija y lo sé, pero ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a seguir?”, declaró su madre en diálogo con Infobae.
Ema Bondaruk
El video, que muestra a Ema teniendo relaciones sexuales con un chico de otro año, despertó los fantasmas más dolorosos de la joven y materializó los miedos. Ante la impotencia y la humillación, Ema incurrió en una medida fatal que trajo aparejado el final más trágico. Sin embargo, éste es solo uno de los sucesos que desencadena la viralización no consentida de material íntimo. “Siguieron difundiéndolo”, dijo la madre respecto al video. “Ella pidió que pararan. Yo pude entrar a su Instagram y nadie paró”, aseveró a TN. “Estaba abatida, tenía una vergüenza terrible. Me dijo que el chico había viralizado el video y que su ex novio se había enterado. Estaba muy preocupada porque estaban distanciados. El problema en todo esto fue la viralización del video”, reforzó la susodicha.
“Generalmente se cree que la violencia de género digital es menos nociva porque es virtual, pero desde las organizaciones decimos que lo virtual también es real”, explica Florencia Zerdá, abogada egresada de la UBA y diplomada en Género y Derecho. Zerdá, además de participar en el proyecto de ley Olimpia y ley Belén, es especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital. “Todos los estudios dan cuenta que los efectos de este tipo de violencias son incluso más graves que las violencias analógicas. La difusión de material no consentido se reproduce, permanece en las páginas web -que a veces son transaccionales- y tienen una multiplicación que afecta a todos los aspectos de la vida de la persona”, aporta. Ella fue la fundadora de GENTIC, organización que promueve el activismo contra la ciberviolencia de género.
El 23 de octubre de 2023 entró en vigencia en Argentina la Ley Olimpia, de número 27.736, que incorporó la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres como una modalidad de violencia de género. La norma lleva su nombre en honor a la activista Olimpia Coral Melo Cruz, una joven mexicana que enfrentó el acoso cibernético y luchó en su país por una legislación que protegiera a las víctimas. Ésta fue impulsada en la Cámara de Diputados por Mónica Macha, psicóloga y militante feminista, comprometida con los temas que giran en torno a la violencia digital.
Inspirada en la regulación mexicana, la Ley Olimpia aborda los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de contenidos privados. Además, prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia.
“La realidad es que no hay que enseñar a las mujeres a preservarse sino trabajar con los agresores”, explica Florencia sobre la ciberseguridad. Ella insiste en que no existe un sexting 100% seguro, aunque se pueden implementar estrategias y prácticas para no ser identificadas tan fácilmente. Entre ellas blurear las fotos, tapar los tatuajes y marcas personales o utilizar aplicaciones donde se borren las imágenes luego de ser abiertas. “Las políticas de prevención tienen que estar centradas en los agresores y no en las víctimas, en que entiendan la noción de consentimiento”.
“La violencia digital es una violencia epocal: es decir que articula las características de violencia por motivos de género con los entornos digitales. La viralización acelera los tiempos, cada vez hay chicas más jóvenes que están sufriendo esta violencia, ya que los dispositivos digitales son parte de nuestra vida cotidiana”, explica la diputada Mónica Macha.
“Tenemos que pensar maneras de regular los dispositivos electrónicos. Asimismo, considero que la violencia digital es un disciplinamiento hacia las mujeres que viven su sexualidad desde un lugar de libertad, con respeto, con decisión. En esos casos nunca faltan los varones que lo que están buscando es una forma de control”.
La diputada asegura que es necesario que existan leyes como la Ley Olimpia para acompañar y asistir a las mujeres que fueron víctimas de violencia de género digital y es tanto más importante que se apruebe el proyecto de Ley Belén, para que haya una sanción a estos delitos. “Queremos que controlar, castigar y socavar a una persona no sea gratuito. Que haya procesos sociales, políticos y culturales en términos de responsabilidad. Por eso es necesario contar con una sanción”, enfatiza la funcionaria.
La Ley Belén apunta a condenar la ciberviolencia de género. Según los fundamentos del proyecto, existe el prejuicio de que las consecuencias de estas conductas pueden ser menos dañinas que las que ocurren con motivo de agresiones en el plano analógico, porque “no son reales”. Sin embargo, los expertos han señalado que los daños causados en línea no difieren de los efectos que tiene la violencia fuera de internet, sino que inciden a corto y a largo plazo en todos los ámbitos del desarrollo individual de las mujeres. En ese sentido, la Ley Belén busca tipificar seis delitos relativos a la recepción y obtención no requerida de material sexual digital, al igual que la sextorsión o extorsión con amenaza de publicación de material íntimo.
Además, la propuesta de ley impone multas de 600.000 pesos a 4 millones de pesos para quien envíe o haga enviar exhibiciones de genitales con fines sexuales, enviadas por intermedio de las tecnologías de la información y la comunicación sin consentimiento de quien las recibe. Es decir las famosas dickpic. En el caso de que los afectados fueran menores de 18 años, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se trate de un menor de 13 años.
“El Estado tiene el deber de debida diligencia por haber adherido a ciertos tratados, como la Cedaw y la convención de Belém Do Pará, que implican la obligación de sancionar y prevenir la violencia de género, donde se incluyen la violencia digital. No se trata solamente de la punición o la creación de delitos, sino de crear ciertas políticas públicas educativas y preventivas como las que se abordaron en la Ley Olimpia, sancionada el año pasado”, explica Zerdá. “Aprobar la ley Belén no solo es cumplir con las obligaciones del Estado sino darle una respuesta a las personas que hoy sufren violencia digital. No porque una pena vaya a solucionar algún problema, sino porque ahora las mujeres que van y hacen la denuncia no obtienen respuesta porque no se puede investigar nada”, subraya la especialista. “Muchas no quieren pasar por el proceso de una denuncia penal, pero hay otras que sí quieren una sanción a su agresor o una respuesta de cómo llegó a difundirse su material íntimo, ya que muchas veces no saben bien ni siquiera quién lo difundió”.
Vale aclarar que el material sexual puede haberse obtenido con o sin consentimiento de la víctima. Cuando si lo avaló tiene que ver con el intercambio de material íntimo en una práctica de sexting; en el segundo caso ocurre, cuando por ejemplo se retrata la agredida sin que ella lo supiera durante una práctica sexual o cuando se hackea una computadora y se extraen los archivos. Otra forma de violencia digital puede ser la difusión de material de desnudez que se obtiene sin consentimiento de la persona y por fuera de un marco íntimo sexual.
Según Naciones Unidas, a nivel mundial el 58% de las mujeres ha sido víctima de violencia digital de alguna forma. El 45% de los ataques tienen que ver con la difusión de material sexual no consentido. La violencia digital se incrementó un 25% en los dos últimos años. A su vez, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA comprobó que el 90% de quienes difunden material íntimo son hombres cis.
La historia de Belén
En 2020 Belén San Román, madre de dos niños y miembro de la policía, fue inducida al suicidio luego de sufrir la extorsión y posterior viralización de un contenido íntimo. El delito lo cometió su expareja Tobías Villaruel, quien le pidió dinero por no difundir las imágenes. La joven llegó a vender su auto con tal de pagarle al hombre lo que pedía y aún así él accionó para dar a conocer los videos. Su muerte aún sigue siendo investigada por la Justicia y el agresor se encuentra preso hasta la instancia de juicio, pautada para diciembre del 2027. La investigación estuvo a punto de cerrarse ante la inexistencia de delito. Belén, que vivía en la ciudad de Bragado, no pudo soportar la presión, la exposición y la vergüenza por la vulneración sufrida.
Según contó a este medio, Marcelo San Román, padre de la víctima, él nunca le reprochó su vida personal a su hija ni tuvo enfrentamientos con la joven por sus decisiones personales. Tal como en el caso de la madre de Ema, con la cual estuvo en contacto, ahora lamenta la pérdida. “Su cuerpo estaba en todos los celulares. Eso afecta fuertemente y debe ser insoportable para una mujer”, enfatiza Marcelo. “Están violando su intimidad, no hay palabras para describirlo. Es una violencia muy fuerte la digital y en muchos casos llega al suicidio. Nadie está preparado para una situación así”.
Belén San Román
Desde Amnistía Internacional se realizó el informe “Corazones verdes: violencia online contra las mujeres durante el debate por la ILE en argentina”, de donde se pueden extraer algunos datos de violencia digital. El mismo relevó que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales. Un 26% de las víctimas recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual y un 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos. Además, un 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos, un 36% tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad, y un 35% reporta pérdida de autoestima o confianza. Un 34% manifestó haber sentido miedo al salir.
“La violencia digital es un hecho y hay que tratarla con mucha seriedad porque se ha incrementado en el último tiempo. Necesitamos que se apruebe la ley Belén lo antes posible. Queremos que haya una condena ejemplar para quienes difunden este tipo de materiales”, concluye Marcelo.
