En pleno 2024, la conexión a internet resulta una herramienta imprescindible para cualquier persona. Desde realizar un trámite hasta sacar un turno médico, desde la formación hasta el trabajo, permanecer por fuera del ecosistema digital refuerza brechas sociales.
En este marco, el Centro de Estudios de Prospectiva y Coyuntura elaboró el primer Índice de Acceso a la Conectividad (IAC), el cual mide el valor de internet para un hogar de cuatro integrantes, con un plan 100 megas, y tres planes de internet para teléfono de 3GB. Se observó un aumento de más del 17% entre julio y agosto para un hogar unipersonal y del 15,3% para una familia tipo durante el mismo período. Sin embargo, entre agosto y septiembre la situación empeoró y se detectó una variación del 29,6% para el hogar compuesto por una persona y del 31% para el caso de una familia tipo.
Para el mes de agosto, el Índice representó un gasto de $61.919 para el conjunto familiar y $33.143 para un hogar unipersonal, siendo el 23,6% y el 12,6% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) y el 6,6% y el 3,6% del salario promedio (RIPTE) estipulado en $933.179,85, según el último dato disponible correspondiente al mes de junio.
Por otro lado, durante septiembre el acceso a la conectividad para una familia tipo representó $81.099, mientras que la cifra se ubicó en $42.972 para una persona, siendo el 30,9% y el 16,4% del SMVM respectivamente. Para el caso del RIPTE, el valor del acceso a la conectividad representó el 8,7% y el 4,6% en cada caso.
En Argentina, la importancia de la conectividad como derecho esencial es reconocida desde 2014, cuando se sancionó la Ley 27.078, conocida como la «Ley Argentina Digital», que estableció el marco regulatorio para las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con el objetivo de promover la competencia, la inversión y el acceso universal a estos servicios. La pandemia acentuó la necesidad de fortalecer este marco, lo que llevó a la sanción del Decreto 690/2020, por el cual se declaró a internet, la telefonía móvil y la televisión por cable como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. El decreto fue judicializado por las empresas de telecomunicaciones que, ante la acción cómplice del Poder Judicial, finalmente ganaron esa batalla.
Facundo Juárez Ritterband, sociólogo, magister en Políticas Públicas e integrante del CEPyCo, indicó en diálogo con este medio que “la conectividad fue reconocida como un derecho esencial y estratégico; por esto es que la medición y el seguimiento de sus costos se convierten en herramientas cruciales para la elaboración de políticas públicas eficaces orientadas a reducir la desigualdad social”. Además, añadió que “tener acceso a internet implica poder desarrollarse, tanto en lo profesional como en las relaciones personales”.
Sumado a esto, el mercado de las TIC en Argentina se encuentra en una situación de competencia oligopólica en donde tres jugadores concentran casi la totalidad de los diferentes mercados de las TIC. Asimismo, la cantidad de proveedores minoristas se concentran en los grandes conglomerados y las zonas rurales quedan sin cobertura o bien con poca estabilidad.
El aumento del IAC para ambas canastas (individual y familiar) presenta un incremento en el costo de acceso a los servicios de conectividad, dando cuenta de una posible disminución en la accesibilidad económica a la conectividad.
“La creación de un índice que mida el precio de los servicios de telefonía e internet a lo largo del tiempo es una iniciativa indispensable para promover una sociedad más equitativa”, finalizó Juárez Ritterband en relación al desarrollo del indicador en cuestión.
