El 4 de octubre de 2024, la ley 26.150 de Educación Sexual Integral cumple 18 años. Desde su aprobación en el año 2006, estuvo siempre sometida a críticas, debates y polémicas en torno a su implementación. Los sectores conservadores siempre insistieron en que la educación sexual debía estar a cargo de la familia, obviando la penosa realidad de que muchas veces es en el entorno intrafamiliar donde niños, niñas y adolescentes están expuestos a situaciones de violencia, además de ignorar que ese debate se saldó en 1884 con la primera ley de Educación, allí se decidió que es el Estado quien debe hacerse cargo de la educación del pueblo.
La ley crea el Programa Nacional de ESI, y desde allí se desarrollaron los materiales oficiales, los ejes conceptuales y se dio forma a una propuesta pedagógica crítica, innovadora y profundamente contracultural. El pánico moral que generan las cuestiones vinculadas a la sexualidad tuvo desde siempre a este programa a merced de malas interpretaciones, mitos y desinformación planificada.
Las primeras guías docentes y materiales didácticos fueron enviados por Correo Argentino a todas las instituciones educativas del país a partir del año 2008. En algunas escuelas se quemó el material antes de leerlo, en otras quedó embalado y olvidado en una caja en la biblioteca. El primer gran desafío fue -y sigue siendo- capacitar a millones de personas adultas para que puedan trabajar con un tema que nunca habían trabajado, y sobre el cual todos tenemos distintas experiencias, muchas vinculadas con el tabú y el sufrimiento.
Solo quien no conoce la composición docente puede pensar que es sencillo abordar la ESI en la escuela. Como si fuera una burla de la historia, la responsabilidad de educar en sexualidad al futuro del país recayó una vez más mayoritariamente en las mujeres trabajadoras. La ESI viene a proponer que todo aquello que les enseñaron a callar y evitar debía ser trabajado en la sala de maestros primero y en el aula después. Entre los años 2008 y 2015 se desarrollaron capacitaciones en casi todas las provincias, el formato eran dos o tres días de trabajo intensivo para grandes grupos de docentes. Las resistencias siempre fueron variadas, pero en muchas ocasiones el saldo fue positivo, se caían mitos y tomaba contacto con el material docente.
La persecución y desinformación sobre la educación sexual se mantuvo desde el 2006 hasta el presente. A pesar de eso, cada vez que un docente de nivel inicial o primario tomó contacto con los materiales, descubrió lo fundamental de sus contenidos. Es increíble pensar que los talleres que hablan del cuerpo humano, que enseñan a llamar a los genitales por su nombre y sobre todo que generan herramientas para que niños y niñas puedan hablar de lo que les pasa, hayan despertado el rechazo sistemático de un sector de la población y del poder político.
La ESI como propuesta pedagógica es de excelencia y está en sintonía con las innovaciones en materias educativas, prueba de ello es que muchos de los avances sociales en materia de derechos sexuales, de educación ambiental y participación activa de juventudes dialogan con la propuesta. Lo más rimbombante de la sigla es la palabra sexualidad, pero lo más efectivo es la integralidad.
La ESI como política pública tuvo un recorrido pendulante. Si bien nunca contó con el presupuesto suficiente para una implementación plena, hasta el 2015 había presupuesto para diseñar materiales y ejecutar capacitaciones. También había decisión política de implementación.
La universidades nacionales, los institutos de investigación de la UBA, de la UNC e institutos de formación docente como el Joaquín V. González dieron fuerza a la formación de perfiles técnicos. La implementación se sostuvo gracias a una gran cantidad de docentes, investigadores y activistas que nos dedicamos a sostener y profundizar en este tema con una devoción similar en esfuerzo a la de los sectores conservadores anti-ESI.

En la gestión de Mauricio Macri creímos que podría dejar de existir el Programa Nacional pero no fue así, hubo una quita de presupuesto y una decisión política de no visibilizar aquellos temas vinculados con la diversidad sexual y autonomía de los cuerpos. En 2017 se empezó a ejecutar el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y se puso en el centro de la agenda. Si bien este plan no fue creado en Argentina y tenía un origen más cercano al modelo médico hegemónico, a fuerza de mucho trabajo se convirtió en el espacio desde donde se pudo sostener la formación en ESI. Se demostró además que la integralidad no es solo un posicionamiento pedagógico sino parte de la realidad, en las adolescencias no encontramos solamente sujetos heterosexuales que quieren evitar embarazos sino una multiplicidad de vidas que suceden en simultáneo y que necesitan respuestas a interrogantes sobre diversidad, cuidados, cambios que se ven y se sienten, violencia de género y un largo etcétera.
Durante la gestión de Alberto Fernández se apostó políticamente a la ESI en cuanto a los mensajes, pero no así en lo presupuestario. Se generaron confusiones entre quienes tenían incumbencias en la ejecución de la política pública, también superposición y confusión con la implementación de Ley Micaela. Hace años explicamos que la ley de Salud Sexual (25.673) era prima hermana de la ESI, es decir, estaban muy cercanas pero no eran lo mismo: una depende de salud y tiene que ver con el ámbito sanitario, la otra sucede mayormente en la escuela. La Ley Micaela sería otra integrante más de esta gran familia de leyes destinadas a la formación en asuntos vinculados a la sexualidad humana.
En el presente, con la gestión de Javier Milei, asistimos a un retroceso sin precedentes en material de formación. El presidente de la Nación hizo explícita su oposición a la formación en género y diversidad y acuñó la expresión “ideología de género”, desarrollada por sectores conservadores pero carente de sustento teórico. Cumpliendo su mayoría de edad, la ley de Educación Sexual Integral enfrenta un doble desafío, muy similar al que enfrenta cualquier joven de Argentina.
El primero es la destrucción del Estado. Ninguna política pública puede ejecutarse en soledad, y los despidos masivos son el primer gran golpe. La falta de capacitación y de comunicación del Estado Nacional respecto a métodos anticonceptivos se siente en el territorio, ya que es notable la ausencia de preservativos gratuitos en lugares donde estábamos acostumbrados a encontrarlos.
El segundo gran desafío tiene que ver con un fuerte intento de volver a prender la llama de discursos de odio, de patologización y evangelización sobre la sexualidad. El malestar económico y social busca culpables y el gobierno nacional está empecinado en construir como chivo expiatorio a la agenda de género y diversidad, que incluye en sus primeros ítems a la ESI. Esta estrategia no es nueva ni local, en toda Latinoamérica los gobiernos de derecha fogonearon debates y pusieron una vez más a debatir moral versus ciencia, llegando incluso a derogar leyes y prohibir contenidos en las escuelas.
La Educación Sexual Integral demostró que es un espacio donde se promueve la construcción del conocimiento, la horizontalidad en los debates y el acceso a derechos. Y es por ese potencial profundamente democrático y participativo que es atacada por la derecha. ¿Se imaginan cómo sería nuestro país si regresamos del secundario con herramientas para vivir una sexualidad plena y libre de violencias? La ESI que cumple 18 años es, entre otras cosas, una oportunidad única de ejercicio de ciudadanía.





