“Cuando llegue el momento, vamos a salir a luchar contra el Gobierno. No vamos a permitir que entren las empresas a sacarnos el agua. Somos una comunidad bien unida y organizada para enfrentar a todos”, dijo Julia Cañari a El Grito del Sur mientras sostenía con una mano la bandera Wiphala en plena Plaza España, en San Salvador de Jujuy. Ella, que pertenece a un pueblo originario de Pozo Colorado —territorio que está cerca de Salinas Grandes y de la Laguna de Guayatayoc—, estaba en la plaza de la capital jujeña para dar un discurso en el marco del 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se llevó adelante en esa provincia el 11, 12 y 13 de octubre.
Su bronca estaba directamente vinculada a la reciente aprobación del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), una de las normas contempladas dentro de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que busca profundizar el modelo de desarrollo extractivista y de saqueo de los recursos naturales. Según el texto de la ley, el RIGI pretende “dar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” a empresas nacionales y extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en proyectos vinculados a infraestructura, agroindustria, minería, gas, petróleo, el ámbito forestal, energía y tecnología “a fin de garantizar la prosperidad del país, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior y favorecer la creación de empleo”.
El asunto es que las principales destinatarias del RIGI son las grandes empresas mineras, cuyo principal insumo es el agua. De ahí que Cañari caminó con otros miembros de su pueblo durante tres días, desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, “para apoyar la lucha en defensa de nuestros territorios, el agua y la vida —dijo—. Sin ello no podemos vivir porque tenemos que alimentar a nuestros animales, porque somos una comunidad de campo”.
“Si bien las vertientes del agua están en las montañas, donde nosotras vivimos, su defensa tiene que ser de todas, todos y todes”, dijo a su vez Avelina Rogel, una guía espiritual del territorio Kitu Kara, que vino de Ecuador a acompañar a las mujeres de los pueblos originarios de Jujuy. “Nosotras venimos de luchas similares, de la usurpación de nuestros territorios por parte del Estado, del sistema occidental, de la academia y del extractivismo, que no se da solamente en la tierra sino también en nuestro quehacer, en nuestra cultura”, agregó.
En la Plaza España también estaba Aurelia Corimayo, de un pueblo de Humahuaca. Ella y su comunidad caminaron durante nueve días hasta llegar a la capital jujeña. En el camino habían visitado a otros pueblos originarios y escuchado sus necesidades. “Todos reclamamos lo mismo: la contaminación del agua, la minería y la explotación del litio. Incluso sentimos, en el caminar, el humo por los incendios que están en todos lados. Nuestros animales absorben eso de noche y se están muriendo”, aseguró Corimayo.
En cuanto al Encuentro Plurinacional de Mujeres, la humahuaqueña sostuvo que “es importante porque sirve para defendernos entre nosotras. Acá en la provincia de Jujuy lo que más sentimos es la discriminación. Gerardo Morales empezó a discriminar cuando reformó la Constitución provincial castigando a las mujeres indígenas, porque nos fue sacando derechos”. Mientras ella conversaba con este medio, mujeres de diferentes comunidades originarias agarraban aleatoriamente el micrófono para decir lo suyo en la plaza, aunque los discursos eran todos coincidentes. Además, la mayoría de las oradoras agradecía a la Pachamama y al Inti por conceder la vida, actitud totalmente opuesta a la que promueve el RIGI, que en vez de venerar las virtudes de la tierra busca arrancar de ella, sin límites, recursos naturales y materias primas como oro, plata, cobre y petróleo para venderlos en el mercado mundial.
“Ahora Milei y Sadir, que es nuestro gobernador actual, nos quieren sacar la personería jurídica que tenemos como comunidad y en cualquier momento nos aparecen allá unos gringos diciendo que las tierras donde vivimos son de ellos, cuando nosotros somos preexistentes. Por eso estamos acá, para defender el agua y el territorio donde vivimos”, agregó Corimayo. Y, efectivamente, unas horas después el gobierno nacional eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que había sido creado en 1995 para otorgar personería jurídica a los pueblos originarios.
A la misma hora en que Corimayo conversaba con este medio en Jujuy, el Ejecutivo publicó en las redes sociales de Casa Rosada un mensaje que decía así: “Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”. Unos minutos después, por su lado, la vicepresidenta de la Nación dio a conocer un posteo personal que rezaba: “¡Feliz día de la Hispanidad! Un día como hoy sucedía una de las epopeyas más importantes de la historia de la humanidad, se avistaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Orgullo por ser hija de esa fusión”.
Que quede claro: mientras las mujeres de diferentes comunidades indígenas pedían en una plaza de San Salvador de Jujuy, en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres, que los hombres dejaran de avasallar los cuerpos femeninos y los territorios, el gobierno nacional conmemoraba, en tono de festejo, el genocidio de los pueblos originarios y desechaba para siempre el concepto de “diversidad cultural”.
Un día antes Vilma Llam, que había caminado a la capital jujeña desde La Quiaca, dijo a este medio que en la provincia de Jujuy “como mujeres originarias recibimos mucho atropello, perseguimiento, rechazo y discriminación, sobre todo violaciones a los derechos del trabajador, de la niñez, de nuestra educación, de nuestro lenguaje”.
Llam también contó que era maestra en el Jardín Maternal Intercultural Bilingüe Wawa Huasi, que pertenece a la comunidad originaria Natividad Quispe. En abril de este año, el gobierno provincial ordenó cerrar la institución con el argumento de que no cumplía con algunos requisitos edilicios. No obstante, el pueblo interpretó ese gesto como una represalia por la participación de la comunidad Natividad Quispe en la lucha del año pasado por el rechazo a la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales.
“Llegó el decreto de un día para el otro, nos dejaron sin sueldo, tuvimos que mover a los pequeños de sala de 5 y 4 años a escuelas estatales aunque ellos no querían irse del jardín. Lograron asustar a los padres porque les decían que no iban a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Los chicos de sala de 2 y 3 años se quedaron en el jardín porque nosotros seguimos con las puertas abiertas, pero sin cobrar el sueldo”, sostuvo Llam. De ahí que su participación en el Encuentro Plurinacional de Mujeres estaba vinculado a un triple reclamo: cobrar el sueldo de maestra —dado que estaba trabajando ad honorem desde hacía meses—, detener el extractivismo provincial y luchar contra la discriminación que ella y las mujeres de su comunidad sufren constantemente por pertenecer a un pueblo originario.
