9 de cada 10 familias argentinas tomaron deudas con su tarjeta de crédito para comprar comida. El dato se desprende de un informe realizado a nivel nacional por el Centro de Almaceneros de Córdoba. Según el documento, el 93% de los hogares tiene algún tipo de deuda. De éstos, el 37% se encuentra en una situación regular, el 41% está en mora administrativa y el 22% en mora judicial. El dato se complementa con el cambio forzado de hábitos: se consumen menos alimentos y de menor calidad por la crisis.
“Las familias argentinas se encuentran crecientemente endeudadas ya no de manera transitoria o circunstancial para comprar un electrodoméstico o financiar un viaje, sino que es un endeudamiento permanente destinado a completar ingresos que se ven constantemente atrasados por la inflación”, explicó a este medio Luci Cavallero, socióloga feminista y referente de Ni Una Menos. Para ella la situación es caótica porque a esto se suma el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado de manera inconstitucional en diciembre del año pasado, que libera los intereses punitorios de las tarjetas de crédito. Esta situación, si bien viene sucediendo por lo menos desde el año 2018, se ha acrecentado dramáticamente en los últimos meses con la caída del poder adquisitivo y la liberación de precios de la economía. “El endeudamiento con tarjeta de crédito es la forma más común de endeudarse pero no es la única”, agrega. “Existen las billeteras virtuales e incluso en los casos de mayor precariedad hay quienes recurren a los prestamistas informales de los propios barrios o a las redes familiares”.
La sociedad argentina se encuentra en un círculo vicioso de gastos y deudas. En primer lugar, las familias no pueden afrontar los gastos corrientes que le permitan llegar a fin de mes, por lo cual recurren a contraer deudas, fundamentalmente por medio de tarjetas de crédito. Esto deriva en la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos, por lo cual quedan expuestas a tasas de interés desproporcionadas y abusivas. El fenómeno recrudece y afecta principalmente a sectores vulnerables y a mujeres que deben hacerse cargo solas de sus hogares.
”En los hogares monomarentales recae de manera más fuerte la deuda porque hay mayor carga de tareas de cuidados no remuneradas, lo que genera que las mujeres tengan menos tiempo para emplearse en el sistema formal. Cuando lo hacen, igualmente ocupan los trabajos con más informalidad”, cuenta Luci. La socióloga agrega que muchas veces las mujeres no perciben la cuota alimentaria a pesar de tener hijos a su cargo, ya sea porque los padres también están endeudados o porque deciden simplemente no pagar, lo que las hace aún más vulnerables. “El endeudamiento viene en ascenso en los últimos meses, especialmente en los hogares que alquilan”. En nuestro país hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 11,7% del total de hogares. Hay más de 3 millones de niños/as viviendo en ellos.
“En épocas de crisis como las que estamos atravesando actualmente, al no haber una actualización de salarios y de cuotas alimentarias lo que sucede es que uno de los recursos posibles para sostener las necesidades básicas de los niños, que son diarias y cotidianas, son las tarjetas de crédito”, explica Paola Urquizo, activista feminista, psicóloga especialista en políticas de cuidados de CLACSO e integrante de Monomarentales Argentina. “Otra de las cuestiones que afecta a las familias en estado de vulnerabilidad son los créditos usureros que prometen préstamos inmediatos. Las familias terminan en un círculo vicioso donde se pide un préstamo para pagar otro préstamo”, enfatiza y asegura que el uso de las tarjetas de crédito termina retroalimentando el círculo de la pobreza.
En este contexto, la diputada nacional de Unión por la Patria Mónica Macha presentó un proyecto para que se declare la emergencia para personas usuarias y deudoras de tarjetas de crédito. Esto se realizaría por el plazo de un año desde sancionada la ley. El texto supone la suspensión de los aumentos de las tasas de interés, la suspensión del cobro de montos fijos por atraso en el pago de resúmenes, la suspensión del cobro de comisiones u otros cargos a comercios y establecimientos comerciales y la obligación de emitir los resúmenes de cuentas en formato papel o electrónico, a opción de la persona usuaria.
«Estos diez meses del gobierno de Milei han provocado una profundización de la pobreza en Argentina como consecuencia de las políticas sociales y económicas que el Gobierno ha decidido implementar. En ese marco, muchas familias utilizan las tarjetas de crédito de manera cotidiana para acceder a bienes muy básicos como alimentos y medicamentos. Lo que sucede es que muchas de esas familias están endeudadas, con lo que significa esto en términos económicos pero también emocionales», señala Macha. «El proyecto tiene tres puntos básicos. Pensamos esta emergencia por el lapso de un año y es un recurso muy necesario en este tiempo para llevar algo de alivio a las familias», continúa.
“Los hogares monomarentales con niños necesitan el doble ingreso para poder mantenerse. Sin embargo, muchas veces los hombres no se hacen cargo y pasan a ser deudores alimentarios. Estos hogares terminan sosteniéndose con un solo ingreso y, en el mejor de los casos, con el 30% de un salario mínimo, que es lo que estipulan los juzgados. Esta cifra no llega a cubrir las necesidades de un hogar promedio. El 70% queda a cargo del progenitor con quien convive, generalmente una mujer, que termina tomando crédito para el sostenimiento diario”, continúa Paola, quien considera que el no pago de la cuota alimentaria termina siendo un tipo de violencia de género. “En el caso de recurrir a la Justicia para conseguir el pago de la cuota alimentaria, se le suman los honorarios de abogados y gastos de los escritos que hay que presentar constantemente. Cuando se inicia el proceso, no hay garantías de que estos gastos se puedan recuperar y que la cuota alimentaria sea cumplida”, enfatiza. Los datos hablan por sí solos: el 66,5% de los padres no cumplen con la cuota alimentaria.
“De no mediar una urgente recomposición de los ingresos familiares, resulta obvio que transcurrido un poco de tiempo las deudas van a ocupar un porcentaje cada vez mayor, lo que puede implicar acudir a nuevos endeudamientos más gravosos, o, lisa y llanamente, a la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos, completando el círculo descripto estando expuestas a tasas de interés desproporcionadas y abusivas”, explica el proyecto redactado por Macha. “La tutela de los sectores más vulnerables ante el despliegue del brutal ajuste que implementa el Poder Ejecutivo, cuyas consecuencias devastadoras son cada vez más visibles, constituye un imperativo para quienes creemos que la justicia social, lejos de ser una aberración, debe ser un horizonte que las políticas públicas nunca debe abandonar”, continúa el texto que fue firmado en adhesión por las diputadas Carolina Yutrovic, Lorena Pokoik, Jorge Antonio Romero y Nancy Sand. Resulta importante destacar que el proyecto no solo engloba tarjetas como Visa o Mastercard sino también Cencosud y Tarjeta Naranja, pensando en las diferentes fuentes de financiamiento a las que recurren las familias argentinas.
“Aquellos hogares que no llegan a cubrir las deudas recortan en medicamentos, alimentación, educación y todo esto genera un deterioro en la calidad de vida y en la salud física y mental, especialmente cuando hay niños y niñas. Algunas familias monomarentales tienen que volver a vivir en casas de otros familiares. Hablamos de niños y niñas que ven afectado su cotidiano”, recalca Urquizo. “No hay derechos humanos garantizados para ningún sector”, subraya la psicóloga, que entiende que la declaración de emergencia debería ser una prioridad social. “La necesidad de mantener económica y afectivamente a quienes tenemos a cargo muchas veces hacen que no haya resto energético para alzar la voz y poner un alto a esta barbarie”, asegura.
«Este proyecto de ley viene a paliar el efecto dramático que tiene la desregulación de los intereses contenidos en el DNU 70/2023 y al mismo tiempo la desregulación que viene haciendo el gobierno de Milei”, adosa Cavallero. “Es un avance al atacar uno de los principales problemas de las familias argentinas”, finaliza.
