“Ciertos sectores políticos radicalizados han querido instalar y hacernos creer el dogma de ‘yo te creo hermana’ «, argumentó el ministro Cúneo Libarona frente al Senado nacional este martes, cuando le tocó defender el proyecto oficial que busca agravar las penas por falsa denuncia y falso testimonio en casos de violencia de género. Mientras ironizaba con el lema feminista, que tanto odio les genera, Cúneo Libarona habló a favor del proyecto que impondría penas de entre 3 a 6 años de prisión si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por los delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niñas, niños y adolescentes. “Las falsas denuncias son un delito que no puede quedar impune. Acusar a un inocente de crímenes que nunca cometió y arruinar su vida es un acto de maldad que debe ser castigado como corresponde», afirmó Cúneo Libarona.
A pesar de los avances del movimiento feminista en torno a las denuncias de violencia de género y el consenso casi unívoco de que es importante visibilizar todo tipo de violencias, La Libertad Avanza acaba de presentar un proyecto para castigar con mayores penas a quienes ejerzan falso testimonio o realicen falsas denuncias por violencia de género. Este proyecto, que se basa en la premisa de que las mujeres mienten por el simple hecho de serlo, genera más dificultades para que las víctimas se animen a denunciar, dejando expuestas a las violencias más crueles a miles de personas feminizadas y sembrando una sospecha social que cae sobre ellas como un manto oscuro de silencio.
Más de 370 millones de niñas y mujeres –es decir, una de cada ocho– han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años, según estimaciones de UNICEF. Solo en Argentina, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se registraron 14.424 niños, niñas y adolescente víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022. Estos números logran ilustrar algo de la gravedad del asunto, frente al cual la cantidad de falsas denuncias resulta ridículamente minúscula y totalmente improbable.
“Este proyecto de penalizar las supuestas falsas denuncias tiene que ver con la batalla cultural que se está dando contra los feminismos. Este año hubo 227 femicidios de los cuales solo el 19% había realizado denuncia previa porque no tuvieron dónde o cómo. Hay una gran cantidad de violencia estructural en los casos de abusos sexuales, que suelen ser en el ámbito privado, que los hace muy difíciles de probar y toda la carga probatoria tiene que ver con la palabra de las víctimas. En ese contexto resulta muy fácil terminar diciendo que esas denuncias son falsas”, explica Yama Corin, madre protectora, arteterapeuta, militante de Mundanas Agrupación Feminista e integrante de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias. “Plantear que las denuncias que no llegan a condenan son falsas es un apañamiento a los abusadores”, afirma.
Como explica la madre protectora la mayoría de los abusos de niños, niñas y adolescentes se dan en el ámbito privado y muchas veces son perpetrados por sus propios progenitores, lo que dificulta aún más realizar la denuncia. La gran mayoría de las veces esto se ha podido denunciar gracias a la Educación Sexual Integral (ESI) que se dicta en los colegios, algo que desde el gobierno también desestiman y buscan deslegitimar en cada ocasión posible.
El oscurantismo llega al recinto
El proyecto, presentado por la senadora y periodista Carolina Losada, en verdad no hace más que criminalizar a mujeres y otras identidades feminizadas que se atreven a denunciar lo que les está sucediendo. “Es una nueva estrategia que lo que busca es disciplinar e intimidar a las mujeres que denuncian violencias de género y a las niñeces y adolescencias que denuncian abuso sexual”, explica Mónica Macha, diputada de Unión por la Patria y referente feminista. “Me parece que es una forma más de revictimizar e intimidar para que estas denuncias no se realicen. Tiene que ver con el clima de época, tanto de Losada en el Senado como de Lila Lemoine en diputados y de Cúneo Libarona al frente de Justicia”, recalca. “Este momento va en contra de que los colectivos de mujeres, niños y adolescentes tengan vidas dignas”, subraya la diputada que asegura que ser mujer no te hace feminista y estos son algunos claros ejemplos. Para ella las organizaciones que hablan sobre denuncias falsas suelen encubrir a progenitores abusadores.
Ileana Arduino es abogada con orientación en Derecho Penal, seguridad y políticas de género, militante antipunitivista y antipatriarcal. Consultada por el proyecto de Losada explica que es una herramienta más del “kit básico” de las reacciones conservadoras, que son tomadas frente a las avanzadas de derechos que los feminismos han tenido aquí y en otras latitudes. “Una constante en los lugares donde se avanza con este tipo de políticas es la imposibilidad de acreditar la existencia de tales denuncias en un volumen tal que hiciera falta establecer una prohibición subrayada como la que se pretende. Es parte de la misma política de ataque sistemático hacia los feminismos”, declara. Las consecuencias de prosperar en un proyecto de estas características, según Arduino, es volver a la cultura del silencio y la desacreditación de la palabra de las víctimas, especialmente de las infancias, que al mismo tiempo sufren las avanzadas de los movimientos que respaldan el falso Síndrome de Alienación Parental
Al silencio no volvemos nunca más
Para Yama Corin, este tipo de normativas no solo adoctrina a las víctimas sino que sienta un precedente hacia dentro del Poder Judicial, que de por sí ha tenido una lógica patriarcal desde su fundación. “El ‘Yo sí te creo’ es una decisión política, un colectivo y una conquista nuestra que va más allá de las individualidades. No hace falta conocer estadísticas, -que no existen porque el Estado no las genera- para hablar de algo tan doloroso y traumático como es un abuso sexual. Nosotras lo que empezamos a hacer cuando tuvimos la oportunidad de ser creídas y ahora quieren que volvamos para atrás, que retrocedamos, que pensemos que nos van a condenar a nosotras si no logramos probarlo. Es una batalla ideológica contra los feminismos, contra nuestros derechos y contra nuestra propia verdad”, asevera.
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 fueron atendidas, bajo un programa del Ministerio de Justicia, 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. Ahora sin ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y con el Programa Acompañar agonizante, casi totalmente desfinanciado, la posibilidad de hacer denuncias resulta cada vez más difícil. Cuando la independencia económica dificulta el panorama la libertad resulta un idilio.
“Un abuso daña gravemente a la persona a la que se la acusa falsamente y produce consecuencias totalmente injustas como la prisión, el suicidio, la destrucción de una familia, que le impidan a un padre ver a su hijo, el desprestigio familiar y social, pérdida laboral, entre otros efectos igual de dolorosos y perjudiciales. Casos hay de sobra”, explicó el ministro de Justicia en un discurso casi medieval que apela al honor y la hombría del imputado. El proyecto forma parte de la reforma del Código Penal que LLA intenta impulsar desde que entró en vigencia el cargo de Javier Milei. Para Cúneo Libarona la pena debería ser más grave cuando se trate de denuncias por violencia de género por el mayor daño que provoca, en caso de que la decisión destruya a una familia o impida la relación familiar.
“Por supuesto que es grave una denuncia falsa, por eso desde 1920 nuestro Código Penal tiene establecida una figura al respecto. Lo que debe quedar claro es que esta rige cuando a sabiendas una persona le adjudica a otra un delito que sabe que no cometió o que es inexistente”, asegura Arduino. “Esto no tiene nada que ver con la fantasía que tienen las personas que impulsan estas leyes de que, una denuncia que no fue probada o una investigación que no terminó de llevarse a cabo por muchas circunstancias, es falsa”, asegura Ileana.
“Podría haber falsas denuncias sobre cualquier delito y no veo al gobierno preocupado por eso”, admite Yama. Para ella esto forma parte de un posicionamiento político de defensa de una estructura patriarcal que los integrantes de este gobierno quieren sostener.
El proyecto del Ejecutivo se puede ubicar en la misma línea que el congreso organizado algunas semanas atrás en la Facultad de Derecho de las UBA sobre el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), creado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985. El SAP se basa en la idea de que la madre puede alterar la construcción del discurso del niño o la niña, implantando recuerdos sobre cómo es una agresión sexual. De esa manera invalida las denuncias de los niños y niñas y dificulta aún más las posibilidades de llevar a cabo una investigación. El “Congreso de Alienación Parental y Violencia Familiar” se sostuvo bajo la premisa de que los abusos son invenciones de las madres para vengarse de sus ex maridos, que ellas le lavaban la cabeza a sus hijos para que mintieran y de que muchos de los testimonios de abusos sexual dados por los niños son falsos.
Sin embargo, explica Yama, en Argentina tiene rango constitucional el Convenio Internacional de los Derechos del Niño y en ese sentido hay una responsabilidad civil por parte del adulto cercano de denunciar en el caso de sospechar de que estuvieran siendo vulnerados los derechos de un niño, niña o adolescente. Dicha situación podría generar tensión con la nueva normativa. Sin embargo, para ella “no les interesa cuidar a las infancias, sino que pretenden negar y callar los abusos para condenar y perseguir a las mujeres denunciantes”.
”Denunciar un abuso sexual en primera persona o en nuestros hijos e hijas son procesos largos, revictimizantes, costosos y dolorosos. Realmente creer que estas denuncias son falsas es desconocer el proceso o tener intenciones de lograr la impunidad de los abusadores. De hecho por las complicaciones y particularidades mismas del proceso la mayoría de los casos de abusos siguen sin ser denunciados”, concluye Corin.
