Desde el 1 de diciembre, el gobierno nacional busca implementar un examen de «idoneidad» para 40 mil empleados estatales, cuyos contratos finalizan el último día del año. Se trata del Sistema de Evaluación Pública (SEP), puesto en marcha por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger con el objetivo de evaluar a las y los trabajadores sobre sus conocimientos en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.
«Nuestra idoneidad la demostramos todos los días», expresaron desde ATE Capital en un comunicado de prensa difundido este lunes. El sindicato aseguró que la evaluación para la renovación de contratos en el Estado Nacional es «inconstitucional» y atenta contra el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras «que se ven vulnerados en su derecho a la estabilidad laboral, además de estar hoy en día pendiente de la persecución interna que se está dando en los organismos nacionales».
La denominada Evaluación General de Conocimientos y Competencias, de carácter obligatorio, tiene una modalidad presencial, anónima, con preguntas de opción múltiple y la duración es de una hora. Además prevé tres oportunidades de rendir para aprobarla. Habrá tres tipos de pruebas orientadas a Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.
Sturzenegger presentó la SEP como un «hito histórico» en la Administración Pública Nacional. ATE Capital no comparte esta visión. «En los modelos de evaluación que enviaron a través del portal, se hacen preguntas que nada tienen que ver con las actividades, tareas y funciones que desarrollan las y los estatales; las preguntas de lógica son extraídas de la evaluación secundaria PISA conteniendo ecuaciones, funciones, proporcionalidad numérica, estadística descriptiva, proporcionalidad», señaló el sindicato. Y agregó: «La evaluación es lisa y llanamente ilegal, inconstitucional y será judicializada. La reglamentación de la Ley Bases se refiere a un examen de ingreso, no a personal con años de antigüedad. Además, no hay control ni transparencia en la formulación y corrección de los exámenes».
En la actualidad, las y los estatales cuentan con la Evaluación de Desempeño Anual y otros mecanismos para dar cuenta de su trabajo. «Esta medida busca estigmatizar al empleo público para seguir con el achicamiento del Estado y beneficiar a los amigos del gobierno; buscan legitimidad en un examen poco serio para continuar generando efectos mediáticos y decir que los estatales no estamos capacitados», señaló el sindicato conducido por Daniel «Tano» Catalano.
Desde ATE Capital vienen planteando la necesidad de tener una reunión con el ministro Federico Sturzenegger por el tema de las evaluaciones. Asimismo, se enviaron varias notas con el objetivo de anular esta instancia considerada «inconstitucional». «Aún no fuimos convocados», expresó a este medio Soledad Santellán, secretaria de Convenios Colectivos. Además de la preocupación por el Sistema de Evaluación Pública, existe la incertidumbre por la renovación de los contratos vinculados al artículo 9 (personal transitorio) y 1109 (monotributistas) a finales de diciembre.
