Caída en el precio internacional del litio y el rol de Argentina
Como consecuencia del cambio climático, el mundo entero puso en primer plano la necesidad de encarar un proceso de transición energética, poniendo a las energías renovables en el centro de la escena. Este proceso pone en carrera a los países desarrollados y en vías de desarrollo por la disputa de los recursos estratégicos y el desarrollo productivo. A raíz de esto, se pone sobre la mesa la importancia de ciertos recursos naturales estratégicos, como es el caso del litio, utilizado para la fabricación de baterías de ion litio, esenciales para productos como los teléfonos celulares o las computadoras portátiles, y actores fundamentales de la transición energética, como los autos eléctricos. Por la centralidad que cobró este recurso a nivel internacional, su demanda aumentó exponencialmente durante los últimos años, llevando a un aumento del precio del litio hasta su pico en 2022 en USD 69.500 por tonelada.
¿Qué rol puede jugar Argentina en este mercado estratégico?
Nuestro país se encuentra segundo en el ranking internacional (sólo después de Bolivia) a nivel de recursos de litio, contando con más del 20% del total mundial. Sin embargo, en el total de reservas (aquellos recursos que son factibles de explotación hoy en día), Argentina pierde relevancia frente a países como Chile y Australia, los cuales tienen menos cantidad de recursos pero una mayor cantidad de explotación y producción.
¿Por qué sucede esto? Argentina se enfrenta a una serie de desafíos legales, institucionales, económicos y políticos que ponen en juego su capacidad para aprovechar el potencial del litio.
Por un lado, nuestro país cuenta con una estructura legal vinculada a este sector que es problemática para el aprovechamiento de su potencial. A nivel nacional, la actividad se enmarca dentro de la llamada “Tríada Jurídica de la Minería”, compuesta por la Constitución Nacional de 1994, el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras. Este marco regulatorio deja el recurso en potestad de las provincias (como todos los recursos naturales) y establece demasiados beneficios a los emprendimientos mineros que terminan por reducir la capacidad del Estado para captar renta de la actividad y reinvertirla en sectores estratégicos vinculados. Por ejemplo, con una mayor capacidad para captar recursos, el Estado podría invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación orientado a agregar valor al recurso y generar un mejor posicionamiento de las exportaciones.
Derivado del desafío que plantea la estructura legal, cabe mencionar que la provincialización de los recursos naturales a partir de la Constitución de 1994 ha generado desafíos en términos institucionales y de gobernanza y de planificación en torno al litio. La necesaria articulación entre la nación y las provincias, consecuencia de esta reforma, provoca que sea necesario generar espacios institucionales para desarrollar la gobernanza de un recurso con tanta demanda internacional, que requiere aprovechar una ventana de oportunidad en el tiempo. Asimismo, como el recurso es potestad de las provincias, las estrategias de concesión, explotación y captación de la renta corresponden a este mismo nivel jurisdiccional. Esto puede representar un problema en términos de planificación estratégica nacional, factor fundamental para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos que tiene el país para posicionarse en el mercado internacional. En este sentido, es necesario que la nación y las provincias que cuentan con este recurso generen instancias de articulación y elaboración de una estrategia nacional del litio, a fin de potenciar las capacidades productivas del país.
Además, pese a su potencial estratégico, el litio aún no cuenta con una estructura legal propia, sino que se enmarca dentro de la actividad minera general. La generalidad con la que se aborda la actividad es una pérdida de oportunidad, soslayando las características particulares de este mercado en crecimiento.
El RIGI: un cheque en blanco para las mineras
A este marco legal se suma la reciente sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no solo aumenta los ya por demás beneficiosos criterios bajo los cuales las empresas explotan este tipo de recursos (comprometiendo aún más la capacidad del Estado para captar recursos y reinvertirlos) sino que no contempla ningún mecanismo para la agregación de valor local.
Por otro lado, es importante incluir a las poblaciones locales en los procesos de toma de decisiones para generar estrategias que no vulneren los derechos de aquellos que habitan los territorios donde se extrae este recurso. Para ello, es clave que se respeten y se pongan en marcha los mecanismos existentes de construcción de espacios de diálogo y consulta, articulación y co-construcción de las estrategias de exploración y explotación del litio.
Por último, es fundamental tomar en consideración el desafío que podría representar la caída del precio internacional del litio. Luego de su pico en 2022, el precio internacional del litio ha caído a USD 13.000 la tonelada para fines de 2023, recuperando durante el primer trimestre de este año hasta ubicarse por encima de los USD 20.000. Actualmente, el precio del litio está tocando fondo debido al exceso de oferta internacional. En este contexto, es crucial resolver los desafíos internos y trabajar de forma conjunta entre la nación y las provincias en la agregación de valor en el recurso, con el objetivo de aprovechar la ventana de oportunidad internacional antes de que se cierre.
Chile apuesta fuerte y gana
Como se mencionó anteriormente, hay países en la región que están llevando a cabo políticas públicas para posicionarse como un actor relevante en este mercado. Un buen ejemplo es el de Chile, en donde el Estado ha desarrollado una visión estratégica de largo plazo para este sector productivo. Para ello, durante 2023 publicaron la Estrategia Nacional del Litio, incorporando cuestiones clave como la creación de una empresa estatal específica para la industria y la creación de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares.
Además, en Chile se ha desarrollado un marco normativo específico a la actividad y se han establecido regalías mineras variables (entre el 6,8% y el 40%), las cuales pueden aumentar en función del precio internacional del litio. En cambio, en Argentina las regalías, potestad de las provincias, están establecidas con un tope del 3%, perdiendo oportunidades clave para la captación de renta e inversión pública en la actividad.
A partir de una serie de recomendaciones generadas por la Comisión Nacional del Litio, un ente con participación de expertos y funcionarios, en Chile se ha trabajado en cuestiones clave para la agregación de valor local, tales como los aportes que deben realizar las empresas para el financiamiento de actividad de I+D y la cuota que tienen que vender a precio preferencial para la industrialización local del litio.
Sin estrategia nacional, Argentina sigue perdiendo oportunidades
En este contexto, Argentina necesita potenciar la articulación y elaborar una estrategia de desarrollo para impulsar la ventana de oportunidad del litio en la carrera de los minerales críticos en el proceso de transición energética a nivel mundial. Esta estrategia no solo va a traer dólares, sino que tiene que tener en el centro la agregación de valor local. Cabe pensar y definir qué rol pueden tener empresas estratégicas como YPF Litio e Y-TEC en el desarrollo del sector.
