Desde el año 2003, cada 17 de diciembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales.
Esta efeméride surge en homenaje a las víctimas de los crímenes perpetrados por el asesino en serie Leon Ridgway, más conocido como ‘El Asesino de Green River’, entre los años ochenta y noventa en Seattle, Estados Unidos. Este asesino serial se cobró 70 víctimas, 49 de ellas trabajadoras sexuales. En el juicio, Leon no solo se declaró culpable, sino que apeló como argumento a la necesidad de “limpiar la calle”, algo a lo cual acuden hasta el día de hoy las fuerzas de seguridad para atentar contra las trabajadoras sexuales.
“El concepto de limpiar la calle es lo que actualmente utilizan las fuerzas de seguridad en nuestro país para llevar a cabo razzias y limpiezas en el espacio público. Estas situaciones se incrementaron en los últimos meses. Nosotras tenemos contabilizado que desde marzo se triplicaron los casos de violencia institucional, robo de dinero, detenciones arbitrarias y violencia física y verbal hacia las trabajadoras sexuales, especialmente integrantes del colectivo migrante”, explicó a este medio Georgina Orellano, presidenta de AMMAR -sindicato nacional de trabajadoras sexuales-. “El barrio donde se acumulan la mayor cantidad de casos es Constitución pero tenemos casos en Flores, Once, Recoleta”, aseguró.
El día internacional para la eliminación de las violencias en contra de las trabajadoras sexuales se originó con el apoyo de Sex Workers Outreach Project (una red estadounidense de organizaciones de trabajadoras sexuales) y Annie Sprinkle, una trabajadora sexual que luchó contra la estigmatización de las mujeres que realizan este trabajo. En un artículo de un medio internacional, Sprinkle afirmó: «Los delitos violentos contra las trabajadoras sexuales no se denuncian, no se abordan ni se castigan. Realmente hay gente a la que no le importa cuando las prostitutas son víctimas de crímenes de odio, agredidas, violadas y asesinadas. No importa lo que usted piense sobre las trabajadoras sexuales y la política que las rodea, las trabajadoras sexuales son parte de nuestros vecindarios, comunidades y familias».
“Las fuerzas de seguridad les piden a las trabajadoras sexuales sus documentos para averiguar antecedentes, les revisan sus pertenencias y hasta les roban el dinero. Muchas veces no hay una consulta previa a la fiscalía. Se llevan a las trabajadoras sexuales por llamadas de los vecinos al 911 o por lo que indicó el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que depende del gobierno de CABA. Muchos policías, cuando se les cuestiona bajo qué normativa están llevando adelante los procedimiento, dicen que hay actitudes sospechosas que casualmente siempre recaen en quienes tienen portación de rostro por ser migrantes, personas trans o pobres”, continuó Orellano.
Las trabajadoras sexuales diariamente se ven expuestas a diferentes violencias en las calles y en sus casas, especialmente si pertenecen al colectivo migrante. Párrafo aparte merece la situación de las personas trans, que se ven expuestas a la discriminación y estigmatización por su identidad de género y llegan a tal precariedad de optar por inyectarse aceite de avión en vez de silicona líquida, con todos los peligros que esto apareja.
Entre las violencias que se suceden, podemos enumerar algunas como vincular “cualquier tipo de trabajo o intercambio económico sexual como violencia de género”; desvalorización y desprotección legal; tener que declararse víctima de trata como requisito fundamental para recibir protección o conservar unidad familiar, sufrir estigma y discriminación o equiparar el trabajo sexual con la violación, lo cual impide la realización de la denuncia en caso de que efectivamente exista una violencia sexual en el trabajo.
“Para nosotras es un año muy preocupante por el aumento de la violencia institucional y la vuelta de hechos como las golpizas y actitudes xenofóbicas y racistas que antes habían cesado o mermado”, describió Orellano. Como relata Miranda Carrete en su crónica “AMMAR nació en un calabozo de la Comisaría 50 en 1994, como respuesta a la violencia policial”, esta épica de resistencia aún se conserva en el sindicato.
En nuestro país, la precarización y la falta de derechos laborales para las trabajadoras sexuales es una lucha histórica del colectivo; sin embargo, no siempre fue abrazada por los feminismos. Al día de hoy, las trabajadoras sexuales siguen luchando por ser reconocidas y obtener la jubilación que se merecen como trabajadoras. La precarización también trae aparejada situaciones extremas. Según un relevamiento realizado por AMMAR, el 86% de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar y madres solteras.
“El 98% de los femicidios hacia trabajadoras sexuales queda impune”, refirió Georgina. “Eso es un dato que refleja las malas víctimas que somos. No hay tal clamor social cuando muere una trabajadora sexual. Inclusive, muchas veces las propias familias no quieren mencionar el trabajo de la víctima por miedo a que los fiscales y los jueces se desinteresen”, agregó. El sindicato funciona en la Casa Roja de Constitución, que fue inaugurada el 2 de junio de 2019 en honor al Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales.
“Ese dato arroja que el estigma hacia las trabajadoras sexuales sigue existiendo y especialmente que pervive la desidia del Estado. Estas son las consecuencias del no reconocimiento del trabajo sexual que está criminalizado y en la informalidad”, concluyó la dirigente sindical feminista subrayando que -donde no hay un Estado presente- las normas las ponen las fuerzas de seguridad.
