Entre los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el cierre del INADI y la profusión de los discursos de odio, el panorama es negativo para las personas con discapacidad. El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 para promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad, algo que no se está cumpliendo actualmente en nuestro país. Las personas con discapacidad en Argentina siguen siendo infantilizadas, discriminadas y relegadas a los peores trabajos. A su vez, deben enfrentarse a entornos poco accesibles y a la dificultad para conseguir que sus obras sociales o prepagas les garanticen los apoyos necesarios para llevar una vida digna.
Con este telón de fondo y para conocer un poco más de la realidad del colectivo, El Grito del Sur se comunicó con Laura Alcaide, feminista, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante de Orgullo Disca y de la asamblea «Discas en lucha» para profundizar en la temática y reflexionar sobre cómo construir entornos más accesibles.
¿Por qué el 3 de diciembre es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad?
El 3 de diciembre es el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declara y promulga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el año 2006. Creo que se hizo un poco mirando la Convención de los Derechos del Niño, promulgada en 1989, donde se declara que los niños, niñas y adolescentes son personas sujetas de derecho y no sujetos de tutela. En esa época se comenzaron a organizar las personas con discapacidad pensando en cómo las vulneraciones de sus derechos generaban una calidad de vida más baja. Comenzó a ser una causa propia y no de los prestadores, los médicos o los familiares. Esto generó un cambio de paradigma que derivó en la firma de la Convención. Es importante recalcar que, desde el año 2008, Argentina adhiere a la Convención como nación y constitucionalmente desde el 2014.
¿Qué aportes hace la Convención?
La Convención representa un cambio de paradigma que pasa del modelo médico rehabilitador de tutelaje al modelo social de discapacidad. El modelo social considera a la persona inserta en su contexto y entiende que es éste el que le plantea situaciones discapacitantes a las personas, que vulneran su participación ciudadana. De alguna manera deja sentado que es la sociedad la que le restringe la participación a ciertas personas con algunas condiciones y no que la persona está restringida por tener cierta condición. Se saca el eje de la persona y se pone el eje en el ámbito social, es decir en el contexto.
¿Cómo se puede pensar en un contexto que no sea discapacitante?
La Convención plantea que ya no se trata de que la discapacidad esté anclada en las instituciones, como sí pasaba en el modelo médico, sino que las instituciones tienen que ser espacios donde convergen personas con y sin discapacidad. Para que la inclusión -ese término tan en boga que a mi no me gusta tanto- suceda, hay que proponer contextos de accesibilidad, es decir contextos donde todas las personas puedan participar de forma autónoma en igualdad de condiciones. La autonomía es uno de los conceptos claves que integra la Convención.
¿Cómo se llega a esta autonomía?
Para lograr la autonomía, la Convención plantea dos conceptos copados: en primer lugar el de ajustes razonables, que tiene que ver con modificar las cosas que ya están hechas incorporando parámetros de accesibilidad. El otro es el de diseño universal, que es un diseño que piensa en las posibilidades de todas las poblaciones, es decir, pensar en lugares que desde su creación sean accesibles. Estos conceptos son significativos porque a partir de ellos se fueron generando en nuestro país políticas públicas.
Otro concepto que aporta la Convención es el de “sistema de apoyos”. ¿Cómo lo definirías?
El sistema de apoyos es lo que antes se consideraba como “asistencia”. Son personas que garantizan la autonomía de las personas con discapacidad a través de su colaboración y su trabajo. Las personas que son sistema de apoyo de personas con discapacidad deben estar garantizadas por las obras sociales o por el sistema de salud como prestaciones.
Yendo al presente en nuestro país, ¿qué está sucediendo con la Agencia Nacional de Discapacidad?
En la Agencia Nacional de Discapacidad hubo 350 despidos, es decir más o menos un 25% del plantel. Esta reestructuración genera un gran conflicto, ya que a nivel territorial el organismo quedó devastado y no está llegando a las provincias. Hoy podemos decir que, en términos de discapacidad, Dios sólo atiende en Buenos Aires. La amenaza más reciente fue la de eliminar el cupo de discapacidad, es decir la inserción laboral de personas con discapacidad al empleo público, con el argumento de que las personas deberían tener idoneidad para trabajar en el Estado, como si eso no se hubiera tenido en cuenta antes. El cupo laboral de personas con discapacidad es el 4% y el único lugar que lo cumplía era el ANDIS, esto quiere decir que muchos de los despedidos eran personas con discapacidad. Esto es muy grave porque no se está atentando contra el flagelo, que es la búsqueda de empleo para las personas con discapacidad.
¿Qué sucede con las políticas de accesibilidad que había en nuestro país con este vaciamiento y reestructuración de la Agencia?
Lo que nos encontramos en esta nueva era de retrocesos en Argentina es que hay un vaciamiento en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el sector que garantizaba la accesibilidad. Éste era, por ejemplo, el que se hacía cargo de que hubiera intérpretes de lenguaje de señas en los actos o en las tandas publicitarias. En ese sentido la agencia quedó muy restringida a una función asistencialista, es decir una vuelta al modelo médico hegemónico. Nuestros derechos están siendo vapuleados y puestos en duda. Esto repercute en situaciones, como que este año cuando se discute el proyecto de Boleta Única se hace sin perspectiva de discapacidad. Así terminamos siendo las personas discapacitadas las más vulneradas respecto a nuestra participación política.
¿Qué sucede con las pensiones no contributivas por discapacidad?
Las pensiones no contributivas son una herramienta bastante asistencialista, pero que tienen razón de ser porque no nos encontramos en las condiciones necesarias para conseguir empleos de calidad. En ese sentido, la pensión es un instrumento paliativo para poder sobrevivir. De hecho se había logrado el año pasado, después de muchos años de lucha, que se compatibilice la pensión por discapacidad con el empleo registrado teniendo determinado parámetro de sueldo, es decir con los sueldos más bajos, porque muchas personas con discapacidad tienen trabajos precarios y con sus sueldos no llegan a cubrir sus necesidades. Con la pensión se les garantizaba tener una vida más digna. Esto se echó para atrás a través de un decreto, mientras desde los medios de comunicación se intentó criminalizar las pensiones no contributivas diciendo que había personas que las falseaban, al igual que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). A partir de estas mentiras se quitan ciertos derechos que costó muchísimo conseguir.
¿Qué repercusión tuvo para ustedes el cierre del INADI?
El cierre del INADI constituyó un retroceso en términos de discurso porque ya vimos cómo los discursos de odio y la reproducción de las lógicas capacitistas se fueron retroalimentando. El cierre del INADI es un retroceso de nuestros derechos porque el colectivo de personas con discapacidad era el que más denunciaba actos de violencia y discriminación.
¿Qué sucede con las mujeres y personas LGTBQ+ con discapacidad? ¿Hay más derechos vulnerados en esta interseccionalidad?
Sin duda, en la intersección entre estas dos identidades hay cada vez más derechos vulnerados. Uno de los principales es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. El retroceso que implica no querer hablar de la ESI y haber eliminado el plan de prevención de embarazo adolescente ENIA generó que muchas adolescencias y personas con discapacidad -a quienes sus familias consideran niños eternos y su sexualidad es un tabú- queden privadas de la información. Esto hace proliferar la vulnerabilidad en el ámbito de la discapacidad, donde la información no llega jamás.
