Este lunes 9 de diciembre se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el “Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024”. Este documento fue elaborado en el marco de un proyecto conjunto entre la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Dividido en dos partes con diferentes capítulos, el informe analiza la agresión a comunicadoras y comunicadores como práctica sistemática, el ciberacoso y tecnocensura a periodistas mujeres, la eliminación de los límites a la propiedad y restricción del derecho de huelga, y el intento de cierre y silenciamiento de la agencia nacional de noticias y publicidad Télam, entre otros tópicos.
“El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante desde las primeras semanas de gestión”, aseguraron en la introducción. Además, explicaron que el Gobierno avanzó también con la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dispuso el cierre de todas sus delegaciones en las provincias y desactivó la única política de fomento existente en el sector: el Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (FOMECA). También fue intervenida la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo del Poder Legislativo que entró en funcionamiento en 2012, a partir de lo establecido en la Ley 26.522, para defender los derechos de las audiencias de los medios audiovisuales bajo la concepción de la comunicación como derecho humano.
El informe de 51 páginas comienza relatando cómo las protestas contra la Ley Bases fueron reprimidas mediante las fuerzas de seguridad y cómo esto también impactó en la capacidad de los periodistas de realizar su labor. De acuerdo con el relevamiento realizado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), más de 30 trabajadoras y trabajadores de prensa resultaron heridos. Entre las personas heridas durante la represión se encuentra el fotoperiodista Mariano Dalaison, quien recibió un disparo de bala de goma en la frente.
A continuación se describe cómo desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, los casos de agresión a periodistas se multiplicaron, identificando casos puntuales como el de Jujuy, donde dos personas fueron acusadas por el fiscal Walter Rondón por delitos gravísimos en función de publicaciones realizadas en redes sociales.
Siguiendo el desarrollo del informe, se hace un análisis del accionar de los trolls y las patotas digitales pormenorizando los casos en los cuales se vieron involucrados periodistas. En la misma línea, el ciberacoso a periodistas mujeres es otra estrategia de coerción y amedrentamiento. Esta vez el escrito recaba el concepto del doxeo, es decir la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona. Esto puede llevar, además de la consiguiente persecución mediática y amenaza del derecho a la intimidad y el temor sobre lo que pueda suceder con familiares, a una autocensura de las y los periodistas para evitar estas agresiones, que nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Además, abre la pregunta acerca de dónde y con qué recursos los trolls consiguen esos datos. Según un relevamiento de Periodistas Argentinas, el 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo.
El informe presentado en FSOC-UBA retoma la Encuesta Integral sobre la situación socioeconómica de trabajadores y trabajadoras de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), confeccionada por el SiPREBA, que da algunos datos sobre la situación actual del periodismo. Como resultado, en abril de 2024, 76% de los trabajadores y trabajadoras del sector cobró en su principal empleo en prensa sueldos por debajo de la canasta básica total del INDEC que determina la línea de pobreza, ubicada ese mes en 828.158 pesos. En la encuesta realizada en 2023, el porcentaje había sido de 45%. Ese indicador asciende a 92% en el sector de prensa escrita y trepa hasta 98% en la categoría testigo (redactor/redactora). En las radios, la situación no es mejor: 83% tiene ingresos inferiores a la canasta básica. En prensa televisada, el porcentaje desciende a 49% aunque supone un aumento de 40 puntos respecto a 2023. En resumen, esto implica que apenas el 6,5% de las personas consultadas tiene un sueldo en su principal empleo que le alcanza para vivir (una caída de diez puntos respecto al año anterior).
Por otra parte, 2% de las personas encuestadas afirmó tener dos o más trabajos remunerados, porcentaje similar al de 2023, año en que se había registrado un aumento notable respecto al anterior. 31% tiene dos empleos y 21% tres trabajos o más. Entre quienes tienen más de un empleo, 77% afirmó que se debe a que el sueldo no le alcanza, lo que muestra un crecimiento de 5 puntos porcentuales respecto a 2023. Además, la Encuesta Integral de SiPreBA confirma que, igual que se registró en años anteriores, la presencia de mujeres y disidencias escasea en los sectores con mejores condiciones laborales y aumenta en los de mayor precariedad.
En cuanto la percepción del contexto político, 78% de las personas encuestadas considera que la libertad de expresión empeoró con el gobierno actual, mientras que 17% manifiesta que la situación no varió.
En la segunda parte del escrito, se analiza la eliminación de los límites a la propiedad y la restricción del derecho de huelga. Allí se describe el impacto del DNU 70/23, la Ley Ómnibus y otras normativas como la derogación del decreto 690/2020 y otras decisiones en materia de telecomunicaciones. En el siguiente apartado se habla sobre el desguace de los medios públicos, especialmente la intervención de Télam y Radio Nacional. Por último, el informe trabaja en el acceso a la información pública y distribución de la publicidad oficial. Para eso se describen las restricciones y la discrecionalidad en el acceso a la información pública, y el recorte y las derivas de la pauta pública. Según el escrito, el flujo de dinero destinado a publicidad a través de empresas públicas o con participación mayoritaria del Estado se recortó abruptamente. “Sin dudas, el análisis de esta política resulta inseparable de la mirada que el gobierno de Milei impulsa sobre el Estado en general y, en particular, de la avanzada privatizadora sobre las empresas públicas”, aseguraron. “La canalización de fondos a través de organismos descentralizados y empresas públicas demanda una nueva mirada sobre el vínculo entre el Estado y los medios de comunicación en torno a la publicidad oficial”, especificaron a continuación.
A modo de conclusión, los autores confirmaron que la posición que asumió el gobierno argentino durante 2024 generó situaciones de enorme inequidad y empobrecimiento del debate público. A la vez que se discrimina e impide a diversos sectores de la sociedad dar a conocer sus ideas libremente, se priva al resto de la ciudadanía del acceso a informaciones y opiniones. “Este informe da cuenta del exponencial crecimiento de las denuncias de afectaciones a la libertad de expresión por parte de actores del mundo de la comunicación y la cultura con tal alcance y magnitud que es difícil encontrar puntos de comparación con otro período similar desde la recuperación de la democracia”, enfatizaron. “Censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas; violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública; retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información pública; asignación discrecional de fondos publicitarios; ciberacoso y vigilancia digital, son algunos de los grandes ejes a partir de los cuales es posible agrupar y dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en materia de libertad de expresión”, concluyó el informe que apunta a garantizar un seguimiento de hechos cuyo volumen requiere una labor sistemática y cotidiana de registro y análisis.
