A finales de diciembre pasado, el gobierno nacional decidió ir a fondo para vaciar la Secretaría de Derechos Humanos, sostén institucional de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas a lo largo de varias décadas de democracia ininterrumpida. Desde el 1 de enero, a partir de los despidos masivos, varios Espacios de Memoria -ex centros clandestinos de tortura y detención durante la última dictadura- quedaron en situación crítica a lo largo y ancho del país mientras el Estado desconoce su obligación de preservar el valor de estos inmuebles, que funcionan como pruebas en las causas judiciales que hasta el día de hoy siguen desarrollándose en el marco del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1983.
En la Ciudad de Buenos Aires, cinco espacios de memoria están bajo la tutela del Estado Nacional: ESMA, Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Éste último, ubicado en el barrio de Monserrat, se encuentra en riesgo inminente de cierre porque directamente se quedó sin trabajadores. Lo cierto es que esta cruel tarea de vaciamiento no será sencilla para el Gobierno: el pasado 14 de enero, el juez Ariel Lijo ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos que garantice que los Sitios de Memoria sigan abiertos con el desarrollo de las actividades pedagógicas y de investigación que se realizan habitualmente, lo cual implica la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras.
«Desde marzo de 2024 venimos denunciando el peligro del vaciamiento de los Sitios. Al ponerse en riesgo las tareas realizadas, se está incumpliendo con leyes internacionales que obligan al cuidado y la preservación de estos lugares. No sólo hay un valor edilicio histórico, sino los contenidos que se generan allí que responden a la garantía de no repetición de los crímenes del Terrorismo de Estado», explicó Cecilia -trabajadora del Espacio para la Memoria Ex Olimpo- a El Grito del Sur. Cabe destacar que la embestida gubernamental viene desde el año pasado y que allá por el mes de junio se despidieron a 28 de los 65 trabajadores de los Espacios de Memoria bajo gestión nacional, con un mayor impacto principalmente sobre aquellos ubicados en territorio porteño.
Frente a los despidos masivos y la persecución desatada en la Secretaría de DD.HH. -a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona y el secretario Alberto Baños-, la reacción popular fue fenomenal. Si el Gobierno creyó que enero sería una fecha propicia para encarar su política de ajuste, lo cierto es que aquellos sectores de la sociedad habitualmente movilizados por la defensa de la Memoria, Verdad y Justicia mostraron su indignación. El 4 de enero se realizó un multitudinario festival en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti frente a la decisión de Baños de efectuar una «reestructuración general» del espacio. Luego se empezaron a organizar masivas asambleas en defensa de todos los Sitios con la participación de organizaciones políticas, centros de estudiantes, organismos de Derechos Humanos, asambleas barriales y vecinos. Allí, entre otras cosas, se debatieron diferentes estrategias para lograr la reincorporación de los trabajadores.
Nelson, trabajador de Virrey Cevallos -a quien la Secretaría de DD.HH. no le renovó su contrato por el momento-, observó que «a lo largo de enero la sociedad que rodea estos territorios se vio movilizada por la necesidad de sostener estos espacios y mantenerlos abiertos al público. Hubo también acciones del sindicato con un abrazo simbólico a Virrey Cevallos. Todo eso nos deja una buena base organizativa para lo que va a venir, ya que el tema logró visibilizarse en muchos medios masivos así como en medios alternativos y comunitarios. Hay un trabajo importante en los Sitios que interpela a la sociedad de distintas maneras, el Estado debe hacerse cargo de la preservación de estos lugares». Dado el grave peligro que afronta, Virrey Cevallos viene siendo uno de los epicentros de la defensa de los Sitios y por esto se realizó allí el sábado 25 un importante festival con la presencia de música en vivo, teatro callejero, intervenciones, serigrafía y un espacio para infancias.

Una certeza es que la multiplicidad de acciones de lucha en este contexto difícil empieza a generar un caldo de cultivo potente de cara a otro 24 de marzo con cientos de miles de personas en las calles. Sin embargo, antes de esta fecha conmemorativa del último Golpe de Estado se esperan resultados concretos: hay expectativa de que el fallo del juez Lijo permita reincorporar al menos a una parte de los laburantes despedidos. No se van a relajar, aseguran, hasta que esto ocurra y luego seguirán peleando por el resto de los afectados.
«Lo que estamos haciendo es tratar de organizar en los Sitios de Memoria estrategias de visibilización de esta situación con abrazos, festivales y conferencias de prensa. El objetivo es denunciar los despidos y el desfinanciamiento que se viene dando desde hace un tiempo importante y que se intensificó en el año 2024, el cual genera dificultades múltiples a la hora de desarrollar el trabajo cotidiano», contó a este medio Noelia, trabajadora del Sitio de Memoria Orletti. Allí se produjo la semana pasada un lamentable hecho: el derrumbe de mampostería y cielo raso en una de las habitaciones de la planta alta, lugar que además funcionó como sala de interrogatorios en tiempos de Terrorismo de Estado.

Huella de la historia colectiva reciente, los Espacios de Memoria decidieron organizarse para continuar garantizando las múltiples actividades sociales y culturales que generan, tales como visitas guiadas, ciclos de cine, capacitaciones, talleres, medios de comunicación y escuela primaria de adultxs.