-De la nada, un amigo me preguntó con quién había tenido sexting. Le respondí que solo con una persona. Fue entonces cuando me contó que circulaban fotos mías en internet.
Con estas palabras, Eliana, de 35 años, recuerda el instante en que descubrió que su ex pareja había compartido en redes sociales tres imágenes tomadas en un contexto de intimidad, sin su consentimiento. Pero ella no era la única. El mismo amigo que le advirtió sobre las fotos le contó sobre un grupo de Telegram llamado «Tucumanas Perras», donde más de 800 usuarios anónimos -la mayoría hombres- intercambiaban material pornográfico amateur.
-Me uní al grupo con la esperanza de encontrar mis fotos. Nunca lo logré, pero sí advertí que gran parte del contenido se difundía sin el conocimiento de las personas involucradas- comenta.
Decidida a intervenir, Eliana se acercó a la Oficina de Violencia Doméstica de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, los policías que la atendieron no la tomaron en serio: anotaron mal sus datos, y la causa quedó archivada. También lo intentó en la División de Delitos Telemáticos. Allí, un oficial le respondió en tono sarcástico que las que debían denunciar eran las mujeres cuyas fotos circulaban en el grupo.
-En mi cabeza, pensé: “Perfecto, les voy a avisar”- cuenta.
Desde ese día, Eliana se infiltró en los grupos de Telegram donde los varones vulneraban los cuerpos de cientas de mujeres. Para esto, tuvo que cumplir con las normas impuestas en esos espacios como condición de permanencia: quitó su foto de perfil, ocultó el número de teléfono y se puso un nombre masculino. A veces, el material compartido venía acompañado por el perfil de Instagram o Facebook de la víctima. Eliana tomaba capturas de pantalla, y contactaba a las chicas y las alertaba. Su intuición era acertada: ninguna de ellas había dado su consentimiento para que su imagen se difundiera.
En una ocasión, un usuario preguntó en el grupo si alguien tenía material de Camila Frasca, una influencer tucumana de 25 años. Otro, le respondió con una foto de la joven a los quince años, envuelta en una toalla. La imagen no incluía contenido sexual, pero los hombres que estaban allí, la sexualizaron. Eliana no tardó en escribirle a Camila. Como respuesta, la Instagramer expuso lo acontecido en un vivo, y exigió que se cerrara el espacio. La grabación recibió más de 150.000 visualizaciónes. Junto a los mensajes de apoyo, en los comentarios, se repetía la adaptación norteña de una frase que es bien conocida en la historia del movimiento feminista:
–Changa, a mí me pasó lo mismo.
“Tucumanas perras” desapareció a la semana. Eliana festejó con fuerza aquella victoria, pero tenía presente que con eso no bastaba. Sabía que otros grupos similares permanecían activos y que, en tanto no hubiese un marco legal que las protegiera, las mujeres nunca podrían sextear de manera segura.
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En el libro “Violencia de género digital” (2021, Hammurabi), Florencia Zerda, abogada especializada en género, cibercrimen y evidencia digital, define a este tipo de violencia como aquella que se perpetúa en la virtualidad, valiéndose de herramientas tecnológicas, y se ejerce a través de acciones directas o indirectas, de ámbito privado o público, basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino.
En marzo de 2021, momento en el que pasaron los hechos relatados, en Argentina no existían leyes que penalizaran este tipo de situaciones. El código penal, contemplaba delitos como el grooming o la tenencia de pornografía infantil, pero no decían nada sobre la intersección entre la violencia de género y los espacios digitales. Como consecuencia, las mujeres y diversidades no contaban con herramientas jurídicas para accionar frente al ciberacoso, la suplantación de identidad, o la exposición no autorizada de contenido sexual.
No obstante, meses antes de que el grupo de Telegram saliera a la luz, ya había ocurrido que caso de “pornovenganza” llegara a la portada de los diarios. A finales del 2020, Belén San Román, una oficial de 26 años, se suicidó con su arma reglamentaria después de que su expareja divulgase un video íntimo. Como agravante, la Policía Bonaerense, de la que ella formaba parte, le abrió un sumario administrativo como castigo por la difusión de ese material. Tomando este caso como antecedente, varios colectivos feministas, en articulación con diversos espacios de seguridad digital, plantearon la necesidad de contar con un marco regulatorio acorde a las nuevas formas de violencia en línea.
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La distancia que separa San Miguel de Tucumán y Huauchinango es de 6469 kilómetros. Es probable que, en otro escenario, Eliana nunca hubiese escuchado el nombre del pueblo de 60.000 habitantes. Sin embargo, fue una de las palabras que más se repetían al buscar información sobre violencia digital. Y es que, en aquel lugar perdido en medio de las sierras de México, nació la primera ley contra la viralización no consentida de material íntimo.
En 2013, Olimpia Coral, una estudiante de 18 años, se grabó junto a su novio mientras mantenían relaciones sexuales. En el video, no se veía la cara de él, pero sí la de ella. Poco después, la joven supo que la filmación se había hecho viral en internet. Aunque su pareja nunca aceptó la responsabilidad, la joven estaba segura de que era él quien subió el video. Mientras tanto, en las redes sociales, la gente se burlaba de ella por su cuerpo, y la llamaba la “gordibuena de Huauchinango”.
Por ocho meses, Olimpia se negó a salir de su casa. Sentía vergüenza por lo que había hecho, y temía que, en las calles, alguien pudiera reconocerla. En el medio, intentó quitarse la vida en tres ocasiones. Fue su madre, una mujer indígena, quien le señaló que disfrutar de su vida sexual no la hacía mala persona. Esas palabras, ayudaron a que Olimpia tomara fuerza, y entendiera que ella no era culpable de lo que había pasado.
Con valentía, Olimpia acudió al Ministerio Público con el objetivo de radicar la denuncia. Al igual que le pasó a Eliana, el policía que la escuchó, aclaró que no podían hacer nada porque aquello no constituía un delito. Lejos de caer en la resignación, la estudiante emprendió una lucha para que ninguna otra mujer sufriera lo mismo: conversó con otras personas que habían atravesado episodios parecidos, recopiló testimonios y consultó con abogadas.
En marzo de 2014, Olimpia se paró en el estrado del Palacio Municipal de Puebla, y con una elocuencia admirable, presentó un proyecto de reforma que ella misma había redactado. La propuesta incluía modificar el Código Penal, otorgando penas de entre tres y seis años a quienes difundieran fotografías o videos de carácter sexual sin el consentimiento de los involucrados.
Paulina García, socióloga de 36 años y servidora pública del Gobierno de México, es una de las activistas que estuvo junto a Olimpia desde el inicio, y todavía la acompaña hasta el día de hoy.
-Recorrimos casi todo el país en busca de legisladoras que pudieran llevar nuestra causa. Tuvimos muchas decepciones, porque no lográbamos que entendieran que lo nuestro iba más allá de una legislación.-recuerda.
Por cuatro años, hicieron movilizaciones, redactaron pancartas contra la complicidad de las plataformas, e incluso tomaron los Congresos en aquellos Estados donde las autoridades hacían oídos sordos ante sus reclamos. En el medio, conocieron a otras mujeres que también habían sido víctimas de la divulgación no consentida de material íntimo, y por ende, deseaban que la reforma llegara a sus respectivas jurisdicciones.
-Fuimos tejiendo redes que, mucho tiempo después, derivaría en el surgimiento de las Defensoras Digitales. -narra Paulina.
Luego de cuatro años de reclamos, en 2018, el Congreso de Puebla sancionó la “Ley Olimpia” -nombrada así en homenaje a la activista- contra la violencia digital. De esta forma, México se convirtió en el primer país del mundo en poseer un marco jurídico que resguardara la intimidad en línea, garantizara la atención para las víctimas y penalizara aquellas acciones en línea que atentasen contra la integridad de las personas.
Tres años después, la reforma se aprobó a nivel nacional. Hoy, la normativa está vigente en 31 de los 32 Estados de México. Solo falta Sonora.
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Mientras Olimpia recorría México extendiendo la Reforma, en el otro extremo del continente, Eliana comenzaba a organizarse. Junto a una amiga diseñadora gráfica, armó la cuenta «Campaña contra la violencia digital», con la idea de visibilizar la problemática y exigir medidas concretas. Con el tiempo, otras mujeres de distintos puntos del país se sumaron a la iniciativa.
Una de ellas fue Florencia Villegas, quien a sus 37 años estudia abogacía y vive en San Justo, el mismo pueblo santafesino donde nació.
-Elegí derecho porque quiero ayudar a las chicas que no tienen recursos. Yo no los tuve, y si no fuera porque mis abogadas trabajaron ad honorem, nunca habría podido llegar a la justicia- señala.
Florencia sabe de primera mano lo que implica enfrentar la violencia digital. Durante dos años mantuvo una relación con un hombre de un pueblo cercano y, meses después de la ruptura, descubrió que él había subido a un sitio pornográfico varios videos que ella le había enviado en privado. En la misma plataforma, el usuario compartía contenido de otras mujeres con las que había tenido algún tipo de vínculo, incluidas menores de edad. Las barreras en el acceso a la justicia, en su caso, no fueron sólo legales, sino también geográficas y culturales. Como señala la abogada Zerda, la ruralidad suele ser un obstáculo adicional: «En los pueblos más conservadores, muchas mujeres temen denunciar porque saben que serán revictimizadas o que incluso les exigirán mostrar el material como prueba». Consciente de este riesgo, Florencia viajó a la capital de la provincia para radicar la denuncia.
A pesar del apoyo del movimiento «Ni Una Menos” y de la asistencia de dos abogadas, la causa fue desestimada con el argumento de que “no afectaba los bienes personales”. Buscando apoyo en internet, encontró el perfil que Eliana creó. Entraron en contacto y acordaron unir fuerzas contra la impunidad.
La red siguió creciendo. Emilse Saravia, de Jujuy, se unió al grupo luego de que una compañera de su organización, llamada «Muchachas Peronistas», le pidiera ayuda frente a un caso de sextorsión. La joven era amenazada por su expareja: si no accedía a mantener relaciones, él difundiría sus fotos íntimas. Emilse llegó a Eliana de la misma forma que Florencia: investigando en internet. Para entonces, ya se había sumado Camila Segli, una joven tucumana de 20 años que desde los 16 sufría a causa de la viralización de unas fotos que su ex novio tomó y compartió sin que hubiera consentimiento.
Al escuchar la historia de Olimpia, las cuatro tuvieron la misma idea: contactar a la activista mexicana y traerla a Argentina. Ninguna puede precisar cuánto tiempo pasó hasta que Olimpia les contestó un mensaje. Lo que sí saben es que fue una campaña de Change.org la que permitió que Olimpia se fijara en ellas.
Por casi un año y medio, las cinco trabajaron juntas dándole forma a la primera legislación contra la violencia de género digital del país. En esta instancia, fueron fundamentales los aportes de Florencia Zerda. La abogada, y actual directora de GENTIC, una organización que promueve el activismo contra la ciberviolencia de género, ayudó a interpretar la normativa mexicana, y adaptarla de acuerdo a las especificidades propias del marco jurídico argentino.
Como resultado de esto, surgieron dos proyectos: la Ley Olimpia, y la Ley Belén. La primera, incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género; mientras que la segunda, busca incorporar este tipo de violencia al Código Penal Argentino
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El 10 de julio del 2022, las cinco activistas, incluída Olimpia, viajaron hasta la Ciudad de Buenos Aires para presentar ambos proyectos en el Congreso. Las distintas secuencias de los días en Buenos Aires se entremezclan. Durante semanas, las mujeres se imaginaron cómo reaccionarían los funcionarios ante sus discursos.
En las casi dos horas y media que duró el vuelo desde Jujuy hasta Buenos Aires, Emilse se aferró a un pañuelo violeta -ícono de la lucha contra la violencia de género- que ella misma había armado. Quería que ese retazo de tela la acompañara en el momento de hablar. Lo que no se imaginaba es que desde México, Olimpia había preparado un regalo para cada una:
-Nos dio un pañuelo morado fabricado con una tela mexicana que nunca antes habíamos visto. Eran lisos y brillantes, no tenían nada que ver con los nuestros- cuenta Emilse.
En las historias de resistencia, a menudo, los símbolos saltan fronteras y son resignificados por los pueblos que los adoptan. La entrega del pañuelo no fue sólo un acto de solidaridad, sino que además, fue un gesto que sintetizó la forma en que las luchas feministas trazan puentes en la región.
Para Eliana los recuerdos de esos días son difusos. Estaba con problemas de salud debido al estrés, y le daba miedo que los enormes niveles de exposición perjudicase a su familia, y sobre todo, a su hija de diez años. Tenía miedo, pero también, la convicción de que si aprobaban la ley, cambiarían la vida de miles de mujeres. Eso le dio fuerza para ponerse ante los reflectores, y contar su historia en voz alta.
En la presentación del proyecto, ninguna de las activistas habló más de cinco minutos. Solo paraban en aquellos instantes en que era necesario dar un abrazo o brindar una palabra de aliento. Florencia recuerda que, antes de llegar al Congreso, cada una redactó por separado un texto con su historia personal. Sin embargo, cuando comenzaron a leer, era tal el nivel de sincronía que era como si entre todas hubiesen escrito un mismo discurso colectivo. “Fue un ensamble perfecto”, agrega.
El acto duró casi dos horas. Ese tiempo, que para las expositoras duró una eternidad, fue suficiente para que la mayoría de los allí presentes comprendieran que la lucha contra la violencia digital no es sólo una ley, sino una causa colectiva y transfronteriza.
La Ley Olimpia se aprobó poco más de un año después de la presentación del Congreso. Contó con el apoyo de casi todos los sectores, con excepción de La Libertad Avanza, el partido de extrema derecha encabezado por Javier Milei. No ocurrió lo mismo con la Ley Belén, que hasta el día de hoy, sigue en tratamiento en la Comisión de Legislación General.
Mónica Macha, la Diputada Nacional que presentó los dos proyectos sobre violencia digital, espera que para el inicio del período legislativo del 2025, se logre reanudar el debate por la normativa pendiente. Sobre la importancia de la Ley Belén, explicó: “Es muy necesario poder contar con la tipificación como delito. De esta forma, si una mujer sufre violencia digital, va a poder ir a una fiscalía o comisaría, hacer la denuncia correspondiente, y que eso tenga un abordaje eficaz”.
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Como respuesta ante las nuevas problemáticas que se desprenden del avance de la tecnología, los feminismos de la región fueron tejiendo sus propias redes para contener a las mujeres y disidencias que son víctimas de violencia en línea. Como señala el informe de OXFAM “Rompiendo Moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres”, las redes sociales pueden servir para divulgar información, phineas movilización e impulsar procesos de cambio. En este contexto, el ciberfeminismo surge como un movimiento que utiliza las redes como un espacio de visibilización, denuncia e incidencia contra la violencia machista.
Un ejemplo de este tipo de activismo es el caso de la organización Defensoras Digitales, creada en 2019 por las mismas referentas que impulsaron la Ley Olimpia. El espacio se dedica a promover y garantizar el derecho de las personas a una vida cibernética libre de violencia. A medida que pasan los años, Defensoras Digitales crece y amplía sus fronteras. Entre sus integrantes, figuran mujeres de toda América Latina y el Caribe, e incluso Estados Unidos, que, luego de sobrevivir a la violencia digital, decidieron capacitarse para acompañar a otras.
Por otro lado, el año pasado, el grupo lanzó OlimpIA, una tecnología conversacional basada en Inteligencia Artificial que otorga apoyo integral a las víctimas de violencia de género digital. El chatbot, no sólo ofrece contención psicoemocional, sino que además, brinda asistencia legal y digital. Esta herramienta, funciona las veinticuatro horas del día a través de WhatsApp y está disponible en más de 40 idiomas, lo cual amplía su alcance a escala global. La semana pasada, la iniciativa fue seleccionada por el Paris Peace Forum 2025 entre los 50 proyectos de inteligencia artificial (IA) más innovadores del mundo.
Además, entre el 24 y el 27 de febrero, se llevará a cabo en México la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales. La convocatoria, invita a cuestionar el algoritmo patriarcal, y construir una agenda mundial contra la violencia de género en internet. Tanto Olimpia, como las activistas Argentinas, se reunirán allí para participar de charlas, debates y talleres en torno al tema.
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A nivel regional, el panorama no es el más alentador. Por el momento, los únicos dos países que cuentan con normativas contra la violencia de género digital son Argentina y México. En 2024, Panamá aprobó la Ley Olimpia, pero fue vetada por el presidente José Raúl Mulino poco tiempo después. Mientras tanto, en la Unión Europea, el debate ya está instalado hace varios años y hubo algunos avances en el ámbito parlamentario.
Respecto a la situación puntual de Argentina, según una investigación de Amnistía Internacional, una de cada tres mujeres sufrió violencia en las redes sociales, mientras que el 59% recibió mensajes sexuales y misóginos. En este contexto, y de acuerdo al informe “Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas”, publicado por la misma organización en 2024, las mujeres e identidades diversas que trabajan como periodistas son uno de los principales focos del hostigamiento en línea. El 98,3% fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6% fue víctima de trolleo. Por otro lado, un 45,9% experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual.
En lo que refiere a normativa jurídica, si bien la sanción de Ley Olimpia representó un avance, la Ley Belén sigue sin aprobarse. Como consecuencia, los agresores rara vez reciben condenas que van más allá de una multa, mientras que sus víctimas siguen estando expuestas. Por otro lado, Florencia Zerda explicó que otro de los problemas se relaciona con la falta de capacitación en los operadores de justicia en temas de cibercrimen y evidencia digital. Con respecto al factor geográfico, la abogada agregó que en los pueblos o zonas rurales, la problemática es aún más compleja: “Estamos hablando de zonas donde la justicia tiene sesgos muy patriarcales. Frente a esto, muchas mujeres tienen miedo de denunciar la difusión no consentida de material íntimo porque saben que van a ser revicitimizadas, o incluso les van a pedir que muestren el contenido”.
Ana Correa, abogada y Coordinadora del Curso de Posgrado sobre Violencia de género en entornos digitales, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subraya que hay un claro déficit normativo para enfrentar la violencia digital: “Esto impacta de manera desproporcionada sobre mujeres y niñas”. Para ella, parte de la complejidad radica en que no alcanza con una normativa única: “En algunos casos, hay que pensar regulaciones para plataformas y redes, mientras que en otros, funciona muy bien la cooperación público/privada”. Respecto al problema de la punibilidad, agregó que hay algunos ilícitos -como la difusión no consentida de imágenes íntimas- realizados con el uso de las tecnologías que sin duda deben estar penalizados. Hay otras situaciones en las que se tienen que garantizar medidas de protección inmediatas”.
Otro de los factores que no se puede dejar de mencionar es la perpetuación de la violencia digital por parte del Gobierno de Javier Milei. El mismo presidente, suele utilizar las redes para agredir a sus adversarios políticos, que casi siempre son mujeres que se identifican con el feminismo. Además, en julio de 2024, el informe “Las milicias digitales de la ultraderecha”, publicado por Revista Crisis, evidenció que hay un vínculo indisociable entre el Poder Ejecutivo y los grupos de tareas digitales. Esta estructura militante, actúa a través de modalidades como la difamación pública, el doxeo, el envío de amenazas de muerte, el acoso a domicilio, e incluso el amedrentamiento físico en la calle.
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En el tobillo izquierdo, Natalia (32)* lleva escrita la palabra “brave”, que en español quiere decir “valiente”. Al menos una vez por día, desde hace tres años, recibe amenazas a través de Instagram y Facebook. Sabe que la persona detrás, es un ex compañero de trabajo que la hostiga a ella. Desde que empezó el hostigamiento, su vida ya no es la misma: evita salir de noche, no sube contenido a sus redes sociales e incluso consideró mudarse de ciudad.
Apenas inició el acoso, consultó con varios abogados para saber cómo podía accionar. Ninguno de ellos supo darle respuestas. En octubre de 2024, acudió a una comisaría luego de recibir varias fotos de contenido sexual no solicitado en su cuenta de correo. El mensaje está firmado con las iniciales de su ex compañero de oficina. Desde ese momento, se encuentra “a la espera de que la justicia investigue”. Mientras tanto, el acoso sigue y ella no dispone de medidas de protección.
Meses atrás, una amiga le contó la historia de Olimpia y las defensoras digitales. Fue la primera vez que escuchó una historia “con un final feliz”. Es consciente de que su problema está lejos de terminar, y que en tanto la justicia no sancione la Ley Belén, su vida va a estar en riesgo. También tiene la certeza de que en otros lugares del mundo, hay mujeres peleando por el fin de la violencia digital. Aunque nunca las vio en persona, las siente como guardianas que la cuidan desde el otro lado de la pantalla.
En Perú, los Shipibo, acostumbran a cubrir las heridas con dibujos de flores amazónicas, como una forma de resignificar los momentos duros. Natalia escuchó sobre esta práctica en un documental, y decidió tatuarse un entramado de victorias regias en cada brazo. Este nenúfar, de origen amazónico, sólo florece a la noche en aguas poco profundas. Aunque parece frágil, soporta los cambios de temperatura y sus hojas pueden llegar a crecer hasta los tres metros. Para muchas tribus, simboliza la fuerza y la resistencia en contextos difíciles.
-Tal vez nunca pueda quitarme las marcas que deja la violencia en línea. Seguir peleando es como cubrir las heridas con tatuajes de flores y transformar el dolor en algo bello.
*El nombre es ficticio por motivos de seguridad.
* Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Beca Zarelia Poder Elegir 2024, impulsada por Festival Zarelia, Wambra y Oxfam LAC.
