Es imponente. Por lejos, la casa más linda de la manzana. Y me animaría a decir del barrio si no fuera porque se encuentra muy cerca de las vías, en una zona de chalets grandes, de esas mansiones de antes que acompañan el trayecto del Sarmiento entre Flores y Floresta.
Una puerta de madera semicirucular coronada por una enredadera florecida. Una araucaria (que no debe tener menos de cien años y veinte metros de altura) emerge desde el jardín. «Cuidado con el perro», «Esta casa tiene alarma» y el calco de PROSEGUR sobre el marco de la entrada. Cámara de video tapada por décadas de telaraña y el cartel con la dirección recubierto por las ramas más bajas de la enredadera.
Llegamos a Bacacay 3558. Al menos, eso dice en la puerta. En la instrucción del juez Daniel Rafecas, cuando ordenó una inspección ocular al sitio, se lee la altura 3570. Es posible que las actuales dueñas (dos mujeres mayores, ariscas y con muy pocas ganas de ventilar lo que pasó detrás del paredón blanco de entrada) hayan decidido cambiar la numeración. Tal vez para que la casa siga pasando desapercibida.
La casona de Bacacay comenzó a estar operativa durante los tiempos de la AAA. Para principios de 1976, ya había testimonios que decían que la patota de la SIDE había alquilado el espacio y lo concesionaba para realizarle trabajos represivos a terceros. Lo llamaban el «Jardín» de Bacacay: por lo imponente de su vegetación y porque está al lado de una escuela primaria, la «Don Mauro Fernández».
Pero hasta hace poco casi nada se sabía del inmueble y de su uso en la represión ilegal. Los testimonios hablaban de «un circuito Orletti», una serie de casas operativas que funcionaban bajo las órdenes de Aníbal Gordon y la SIDE. Sin embargo, hubo que esperar al año 2020 para empezar a hallar claridad: la desclasificación de los archivos secretos estadounidenses hablaban por primera vez de la mansión.
Dos de la madrugada del 18 de mayo de 1976. Un grupo de tareas secuestra al expresidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, y al senador Zelmar Michelini. Junto a ellos se lleva también a los militantes Rosario Barredo y Willian Whitelaw y a sus tres hijos de entre dos meses y cuatro años, envueltos en sábanas y amordazados. Todos ellos son trasladados a la casa en la calle Bacacay.
Los cuatro aparecerán unos días más tarde, el 30 de mayo, fecha en la que hasta hoy se realiza la Marcha del Silencio, la conmemoración uruguaya de los desaparecidos, torturados y asesinados que dejó su dictadura. La misma historia que acá pero con otro acento. Los mismos patrones, los ejecutores locales que se reunían en Orletti a diagramar el Plan Cóndor, pero del otro lado del charco.
Al conocer la información relativa a la casa, el juez Rafecas habilitó una inspección ocular al sitio. En 2021, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y sobrevivientes entraron al lugar y no dieron crédito de lo que encontraron: la disposición del jardín y hasta los detalles del sótano nombrados en los testimonios se mantenían intactos.
Según la investigación de Rafecas, unas 31 personas pasaron por el sitio en los primeros meses de 1976. Ese mismo año, la patota abandonó la vivienda (que formaba parte del mismo circuito de Casa Pomar en Pompeya) y se refugió en Orletti, sobre la calle Venancio Flores.
El programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue una herramienta clave para descubrir la historia del inmueble. Es uno de los tantos programas que el actual gobierno de Javier Milei busca desmantelar.
Actualmente la causa se encuentra elevada a juicio en tanto que rige una prohibición de innovación sobre el inmueble, que busca conservar la edificación tal como está por su rol fundamental como prueba de posibles delitos de lesa humanidad.
