Hace 70 años, en la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a la vivienda no era un lujo, sino un derecho garantizado por el Estado. En algunos casos construyó casas para cada familia; en otros, bloques de departamentos obreros. Lo importante es que se hizo algo. Hoy, en pleno 2025, alquilar está complicadísimo y comprar es lo mismo que soñar. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué acceder a una vivienda es tan difícil? ¿Quién se beneficia con esta crisis habitacional? ¿Y qué se puede hacer para revertirla?
Para entender mejor esta problemática charlamos con Bárbara Rossen, arquitecta especializada en proyecto urbano, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de la Tierra Pública y actual candidata a legisladora por Unión por la Patria. Ella comentó que desde la década del 20 del siglo pasado comenzaron las políticas de construcción de viviendas para los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Barrios como Butteler, el Barrio Cafferata o “La Colonia” durante el yrigoyenismo, y finalmente el peronismo con barrios como Saavedra (previamente conocido como Barrio Juan Perón), Grafa y Los Perales, entre otros, son ejemplos de estas políticas puestas en acción. Sumado a esto, cabe mencionar que durante el peronismo también se otorgaron créditos para acceder a la vivienda propia.
Con el paso del tiempo y, sobre todo, de gobiernos, esta visión que ponía por delante a los trabajadores se fue extinguiendo. ¿En qué momento se fue perdiendo la idea de “ciudad para los trabajadores”? La arquitecta respondió con una fecha exacta: “En la última dictadura militar, Cacciatore expulsó las fábricas y los talleres de la Ciudad y cambió el Código de Planeamiento Urbano (28 de febrero de 1977)”. Esto provocó el comienzo de la transformación del modelo urbano en favor del mercado y en detrimento de las clases populares.
Sin embargo, eso fue solo el comienzo. En los 90, durante el gobierno de Menem, “la ciudad para vivir y trabajar se fue convirtiendo en la ciudad de los negocios y el capitalismo financiero”, dijo Rossen.
“En los últimos 18 años se profundizó ese modelo. Mucho de lo que se construye actualmente se hace como reserva de valor”. Esto último es particularmente importante porque hoy en día, efectivamente, una de las problemáticas que imposibilita a los jóvenes y a los sectores de ingresos bajos a acceder a la vivienda es que el negocio financiero inmobiliario está constantemente encareciendo los precios.
Por un lado está la cuestión del negocio inmobiliario premium en el que, si bien fomenta la construcción, solo unos pocos pueden acceder a esas viviendas, y además se construyen en barrios donde el precio ya es alto de por sí (Palermo, Belgrano y Puerto Madero por ejemplo). Luego está la especulación: como si fueran acciones, hay propietarios que tienen viviendas deshabitadas y esperan a que el precio de alquiler o venta suba para permitir su uso. Hoy en día estas viviendas superan las 220.000 y representarían casi el 15% del total en la Ciudad. Como último factor central está la desregulación: desde la derogación de la Ley de Alquileres, la supuesta “flexibilidad” de los contratos dejó desamparados a los inquilinos, que además se enfrentan al aumento constante de los precios en dólares.
Igual no es solo desprotección: es odio. Bajo la gestión de Jorge Macri, el Gobierno de la Ciudad cambió el enfoque sobre el problema habitacional. En lugar de políticas de acceso, avanzó con medidas que lo abordan desde una perspectiva criminalizadora y estigmatizante. A la vez, el presupuesto para atender a las personas en situación de calle va en baja constantemente, dejando completamente desamparados a quienes no pueden alquilar ni comprar.
¿Pero a quién nos enfrentamos? Rossen señaló que “en los últimos años se construyó mucho en la Ciudad, pero no en función de las necesidades de las personas sino de la especulación, lo que ha profundizado la desigualdad”.
Además, denunció que “han cambiado el Código Urbanístico para favorecer a grandes desarrolladoras que, en lugar de resolver el problema de la vivienda, alteran el precio del mercado y profundizan la crisis habitacional”. Según ella, estas transformaciones normativas no surgieron de la nada, sino que responden a esa mirada que expulsa de la Ciudad a quienes menos tienen. Ella señala al PRO como responsable inmediato de la crisis habitacional actual.
La candidata propone trabajar en “políticas de financiación, de obras, de normativas y de gestión que se retroalimentan en un proceso circular positivo». Además, agrega que “hay que recuperar el crédito con un banco hipotecario propio para que se sumen en competencia los bancos privados. También fortalecer la financiación público-privada con operatorias que han sido exitosas como la de ‘terreno, proyecto y precio’ (es decir, el Estado pone suelo urbano y regula las condiciones para que el acceso a la vivienda no quede completamente librado al mercado), o programas de autogestión, así como también pensar nuevos modelos de coparticipación. Simultáneamente hay que recuperar la política de integración socio urbana de las villas con mecanismos de participación”.
En conclusión, décadas atrás la Ciudad de Buenos Aires se pensaba para quienes la habitaban: trabajadores, familias, personas que buscaban un techo digno. Hoy, esa lógica está invertida. Las decisiones políticas vienen favoreciendo la concentración de la riqueza, mientras millones de argentinos se quedan afuera. Pero así como hubo un tiempo en que la vivienda fue un derecho conquistado, también puede volver a serlo. No es una utopía: se necesita voluntad política y, por sobre todo, decidir. ¿Queremos una ciudad para hacer negocios o una ciudad para la gente?
