Este miércoles 30 de abril, el vocero gubernamental Manuel Adorni sostuvo en su habitual conferencia de prensa que el medio popular El Grito del Sur está realizando «una ocupación ilegal sostenida por los acuerdos políticos de la gestión anterior» del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, donde funciona nuestra redacción periodística.
Adorni señaló que «esto implicaba la utilización de instalaciones, mobiliario, electricidad y wifi -entre otros recursos del Estado- que nada tenían que ver con los fines para que fuera creado el Espacio de Memoria, el cual tanto veneraban». «Es decir, bajo el paragüas de los derechos humanos financiaban su editorial partidaria kirchnerista con el presupuesto nacional. Solo en sueldos, se gastaban 16.213.027 millones de pesos, algo así como 210.769.351 millones de pesos por año», agregó.
Y concluyó: «Desde la Secretaría de Derechos Humanos ya se hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, que está investigando los hechos».
Esta nueva embestida del gobierno nacional no es solo contra uno de los más importantes medios populares y cooperativos del país que no se calla y denuncia las políticas de ajuste de Milei, sino que se inscribe también en un ataque generalizado a los Espacios para la Memoria y las políticas de Derechos Humanos, que son una cuestión de Estado.
A continuación, rebatimos las falsedades esbozadas por el vocero Adorni:
«Ocupación ilegal sostenida por la gestión anterior»: el propio Adorni dijo que El Grito del Sur llegó al Espacio para la Memoria Virrey Cevallos en el año 2018. En ese entonces, la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaba a cargo de Claudio Avruj, con Mauricio Macri como presidente. Es decir, nada tuvo que ver un supuesto gobierno «kirchnerista». Asimismo, no existe tal ilegalidad mencionada por Adorni: en ese momento suscribimos un convenio con el entonces coordinador del Espacio, Osvaldo López (detenido y torturado en Virrey Cevallos durante la última dictadura), y era de público conocimiento la presencia de la redacción en dicho lugar.
«Utilización de instalaciones, mobiliario, electricidad y wifi». Con excepción del suministro de electricidad, todas estas cuestiones fueron provistas con recursos económicos propios del medio de comunicación. El cuarto donde se instaló la redacción periodística estaba completamente abandonado y en pésimo estado, con lo cual nos ocupamos de refaccionar el espacio y ponerlo en valor. También compramos todo el mobiliario y pagamos mes a mes el servicio de Internet para poder trabajar allí.
«Solo en sueldos, se gastaban 16.213.027 millones de pesos»: Nada más alejado de la realidad. Nuestra cooperativa está conformada por ocho trabajadores de prensa -ninguno de éstos era empleado del Ministerio de Justicia- y sólo algunos perciben salarios que apenas superan el mínimo, vital y móvil, incluso otros ni siquiera cobran o lo hacen dependiendo de la contraprestación realizada, con lo cual la gran mayoría somos pluriempleados.
«No tenemos miedo y no vamos a callarnos. No vamos a dejar de hacer periodismo ni aunque nos intimiden los más altos funcionarios del Gobierno. Vamos a seguir construyendo un medio que combata la crueldad, la mentira y el fascismo. Porque si nos quieren callados y obedientes, nosotros seguiremos gritando», señalaron los trabajadores del medio.
