“Estamos en emergencia. Necesitamos que esta ley salga porque nos están dejando sin nada”. La voz de Jony de la Silla, periodista y activista, sintetiza el reclamo urgente que atraviesa a miles de personas en todo el país. El dictamen para declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027 obtuvo respaldo en comisiones legislativas, pero aún debe ser aprobado en el recinto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa surge en respuesta a una serie de medidas del gobierno nacional que, según los referentes del sector, constituyen un retroceso grave en materia de derechos. Entre ellas se destacan el recorte del 39% en las pensiones no contributivas previstas en el presupuesto 2025, la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas y el cierre de centros de referencia.
El proyecto busca garantizar el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la protección social, elevar el valor de las pensiones al nivel de la canasta básica, actualizar el nomenclador de prestaciones y reincorporar a los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, propone unificar las prestaciones en un sistema integral de salud.
“Una persona que trabaja en un taller protegido cobra 28.000 pesos por mes. Una miseria. Y el transporte para personas con discapacidad se paga 541 pesos el litro de nafta, cuando vale más del doble. Así no se puede garantizar el traslado diario”, sostuvo el diputado nacional Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad e impulsor del proyecto principal. “El acompañante terapéutico escolar cobra 3.000 pesos por hora y se les paga a los 180 días. Lo que buscamos con esta ley es compensar estos desajustes que son insostenibles”, agregó.
Desde el Congreso, también se expresó el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño: “Logramos dictamen de mayoría con el proyecto unificado entre varios bloques. Ahora falta que se trate en el recinto. Esta ley es un paliativo, lo sabemos, pero es urgente y necesaria. Este gobierno decidió pasarle la motosierra a todo el colectivo con discapacidad”.
Afuera del edificio legislativo, las protestas se replicaron. Guadalupe Bargiela, trabajadora despedida de la ANDIS en 2024 junto a otros 165 compañeros, denunció: “Este gobierno nos quiere muertos. Nos excluye con políticas discriminatorias y comentarios banales. Pero acá estamos, peleando por la visibilidad y por nuestros derechos. ¿Qué harán los diputados y diputadas frente a esto?”.
La Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora depende del Ministerio de Salud, se encuentra en el centro de las críticas. “La Agencia fue desguazada. En algunas provincias directamente cerraron las oficinas. ¿Cómo garantizan el acceso si destruyen la institución que debe velar por eso?”, cuestionó Bargiela. José Luis Núñez, asesor de derechos humanos de la Federación Nacional de Ciegos, agregó: “Queremos que se respeten los derechos consolidados y que se amplíen en áreas como educación y empleo”.
A febrero de 2025, el monto de la prestación por invalidez laboral era de $261.160, por debajo de la canasta básica. «Pero eso no alcanza con la inflación actual. Además, si conseguís un trabajo en blanco, te bajan la pensión. Eso es una vergüenza», denunció Joni. Luego agregó: “No se cumple con el cupo laboral ni en lo privado ni en lo estatal. Y encima te castigan por trabajar”.
El uso de terminología obsoleta por parte de la ANDIS, como “idiota” o “débil mental” en resoluciones oficiales, también generó repudio. “Nos costó mucho salir del ámbito de la salud, porque la discapacidad no es una enfermedad. Ahora nos volvieron a poner ahí, y eso es un retroceso”, opinó Melanie García, referente juvenil. “¿Qué sabe el Ministerio de Salud sobre accesibilidad educativa o laboral?”, se preguntó.
Los efectos de los recortes también se sienten entre los prestadores de servicios. Agustín Encina, dueño de una empresa de transporte, explicó: “No tuvimos ningún aumento en 2025. Las obras sociales pagan a 60 o 180 días, y algunas nos deben desde diciembre de 2024. Tuvimos que sacar un préstamo para arreglar una camioneta”. Victoria, directora de una organización de apoyo escolar, agregó: “Tuvimos que reducir el servicio. Antes había acompañantes todos los días; ahora, tres veces por semana. Los niños se ven directamente perjudicados”.
Mientras tanto, desde la oposición se presentaron otros tres dictámenes alternativos que también reconocen la necesidad de una emergencia, pero proponen enfoques diferentes. Algunos apuntan a modificar la legislación laboral para incentivar la empleabilidad de las personas con discapacidad.
Según el Estudio Nacional sobre Discapacidad del INDEC de 2018, el 10,2% de la población urbana argentina presenta alguna dificultad funcional. A pesar de que el Censo 2022 incluyó preguntas específicas, todavía no se publicaron los datos actualizados. Se estima que el colectivo se compone de unas 5 millones de personas, de las cuales solo el 14% participa del mundo laboral, según datos de la Fundación Por Igual Más.
“Las auditorías están mal hechas. Piden que gente que está ciega mande certificación actualizada, cuando es obvio que siguen en la misma situación. Mandan cartas documento sin revisar bien los casos, y mucha gente se asustó porque les querían dar de baja la pensión, que es su único ingreso. Pedimos que, si van a controlar, lo hagan bien. Porque la motosierra no puede pasar por acá”, advirtió Jony.
“Es un proceso maquiavélico porque lo que busca es ajustar. Hay tres casos de Córdoba a los que les llegaron cartas documento en los últimos días, convocando a presentarse en la auditoría el 16 de mayo, entre 30 y 70 kilómetros de distancia de sus domicilios. Pero ya les habían dejado de pagar la pensión de abril. Obviamente es a propósito”, cuenta Juan Cruz Martinez, abogado especialista en discapacidad.
“En otro caso, citaban a la persona dentro de los 15 días y le pedían certificación de los últimos 90 días, es imposible llegar a sacar un turno en ese tiempo”. Y agrega: “Hubo un caso de una mujer con parálisis a la que, después de no reconocer la validez de los informes que había presentado, la quisieron hacer pararse, para que demuestre su discapacidad”.
“Hay mucha gente que se va a morir, porque van a tener que ir a la justicia en lo contencioso administrativo y es muy caro”, sentencia Martinez.
Hace semanas se difundió, en los círculos de las organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad, el caso de Leandro, padre de un chico con parálisis cerebral -una discapacidad del 99%-, que fue citado para una auditoría en la Clínica Sarmiento, en San Miguel: “Nos mandaron a un galpón con 150 personas abarrotadas, con goteras y lleno de basura hospitalaria. Una mujer estaba amamantando sentada en un balde”. Leandro contó que luego de esperar en fila durante varias horas, al momento de ser atendido, le dijeron que habían pasado más de 3 horas del turno y por lo tanto figuraría como que no se había presentado. “No podía garantizarme que iba a mantener la pensión, dijeron que me iban a dar otro turno en dos meses”.
Y agregó: “Es una auditoría llena de procesos tediosos para que mi hijo tenga un Certificado Único de Discapacidad, para algo que no solo es irreversible, es progresivo, y por una pensión que son 250 mil pesos”.
“Cuando este proceso termine van a decir que el 40% de las pensiones se dieron de baja porque eran un curro pero la realidad es que si no te presentas a la auditoría en tiempo y forma, se asume que no necesitas la pensión, y hay mucha gente que no llega”, finalizó.
