“Estamos absolutamente colapsados”. La frase de Mónica De Russis, directora de la organización Amigos en el Camino, resume la situación de muchas agrupaciones que asisten a personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. La falta de vacantes en los Centros de Integración, los recursos insuficientes y el crecimiento sostenido de esta población agravan un problema que, según denuncian, el gobierno porteño busca minimizar.
Según datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad, en noviembre de 2024 había 4049 personas en situación de calle, de las cuales un 70 % estaba alojada en paradores y el otro 30 % en la vía pública. El informe indica un aumento del 23 % respecto al año anterior. Sin embargo, desde las organizaciones sociales descreen de estas cifras y denuncian una metodología limitada e inexacta.
“El INDEC no existe y nunca existió para nuestra problemática”, sostuvo Horacio Ávila, fundador de Proyecto 7, una organización integrada por personas en situación de calle. Ávila recordó que en 2017 lograron que se incluya a esta población en el censo nacional, pero que los datos no reflejaron la magnitud del problema: “Registraron 2692 personas a nivel nacional. Eso es un chiste”.
En 2019, varias organizaciones realizaron el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que relevó 7251 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires. Para Ávila, esa cifra hoy es aún más alta: “Estamos convencidos de que no hay menos de 12 mil personas en la calle en la Ciudad”.
El próximo Censo Popular será posterior a las elecciones, mientras que el conteo oficial porteño se realizará el 8 de mayo. “Lo hacen antes de votar para mostrar que está todo resuelto”, afirmó Ávila.
“Nos sentimos agobiados, la demanda es infinitamente superior a lo que podemos cubrir”, advierte Beatriz De Russis. Amigos en el Camino brinda asistencia a más de 1200 personas por semana. “Vemos cada vez más familias que, aunque tienen techo y empleo, no llegan a fin de mes y recurren a los comedores”, cuenta.
Carolina Leiva tiene cinco hijos pequeños y hace un tiempo que vive en situación de calle. “No nos dejan alquilar porque somos muchos y una noche en un hotel nos sale 100 mil pesos. No me quedó otra que meterme en una casa. La desesperación era mucha. Mi nene de 11 tiene asma y el de 6 tiene autismo”, relata. Sobre los Centros de Integración Social, su opinión es contundente: “Los paradores son un asco, el de La Costanera es un penal, la gente se roba entre ellos y la comida está podrida. En el de Tacuarí te dan colchones meados y sábanas rotas”.
Violencia institucional
El contexto se agrava con denuncias de violencia por parte del Gobierno de la Ciudad. Jorgelina Di Iorio, investigadora del CONICET e integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle en CABA, comentó al respecto: “Con el registro unificado se viene relevando el aumento significativo de los casos de violencia hacia las personas en situación de calle, en CABA y en el resto del país. Esa política de ‘limpieza’ no es nueva, se vive desde el año 2009 con la Unidad de Control del Espacio Público, pero lo novedoso es la institucionalización como narrativa de política pública: que algunos funcionarios del gobierno, sobre todo los vinculados con seguridad, están planteando un corrimiento de algunas personas”.
Uno de los episodios más significativos en este sentido fue la campaña lanzada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales el año pasado, en la que se mostraba un espacio público “antes y después” de retirar a personas que dormían allí. “Aunque sea por foto, estás haciendo desaparecer a un ser humano, con el significado que eso tiene en Argentina”, remarcó Ávila. “Nos escribían vecinos preocupados porque de un día para el otro desaparecieron familias enteras”.
De Russis también denuncia que desde Espacio Público les quitan a las personas sus mochilas, frazadas e incluso documentos. “A los cartoneros les sacan los carros, y casi nunca les labran el acta para poder recuperarlos”, explica.
Otro exponente de este tipo de discursos es el candidato a legislador porteño, Ramiro Marra, que se declaró abiertamente en guerra contra los “fisuras”, en referencia a las personas en situación de calle, como parte de su campaña de “Libertad y Orden”.
“Hay ‘fisuras’ en todas las clases sociales. La problemática del consumo atraviesa a todo el país”, dijo De Russis.
Horacio Ávila no se contuvo y expresó: “Marra es un pelotudo. Lo que más me preocupa es que un tipo así pueda ser legislador”.
Desde una perspectiva más analítica, Di Iorio agregó: “Se hace visible ese cambio de narrativa, estamos en un momento de corrimiento de lo decible y lo tolerable. La Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle se choca con agrupaciones como Buenos Vecinos”.
Cabe destacar que esta organización «Buenos Vecinos» fue noticia recientemente por denunciar a Blanca, una jubilada de 65 años que vendía medias en calle Corrientes.
La crisis golpea a los jubilados
Proyecto 7 organiza desayunos solidarios en plazas concurridas como Constitución, Once y Flores. “Antes lo hacíamos todos los días, pero por un tema de demanda y de recursos tuvimos que limitarnos a tres días a la semana”. Y agrega: “Llevamos 300 vasos y nos quedaron cinco. No quedó ni un criollito”, cuenta Ávila. La demanda crece semana a semana, en especial entre personas mayores. “Muchos no viven en la calle, pero no tienen qué comer. No podés decirles que no a los abuelos cuando piden repetir”.
También cambió la composición de la gente: “ahora vienen familias enteras, mujeres con chicos, y muchos abuelos”, concluye Ávila.
De Russis agrega: “Cada vez llegan más pedidos de medicación. Les dicen que en los hospitales no la tienen o no se la pueden dar. Siempre hubo pedidos, pero ahora es constante”.
